El último día de la antigua vida de las sicavs: se acaba el ultimátum de Hacienda

Aunque, como es habitual en estos casos, se espera que muchas notificaciones se envíen a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) sobre la bocina, lo cierto es que en las últimas semanas los mostradores de la institución no han dejado de recibir notificaciones en este sentido. Y a un ritmo creciente conforme se ha ido acercando la fecha tope de este lunes 31 de enero.

Las prisas por cumplir con la obligación de informar sobre sus planes de futuro ya se notaron este último jueves. Hasta 56 sicavs notificaron al supervisor la fórmula que elegían para su transformación, liquidación o adaptación a las nuevas exigencias.

Casi 500 avisos

Sin embargo, aquello no fue nada comparado con lo que ocurrió un día después. Este viernes enviaron sus notificaciones a la CNMV nada menos que 486 de estos vehículos. Y se espera que la avalancha de notificaciones de hoy lunes deje pequeñas estas cifras, pues antes de la medianoche las más de 2.300 sicavs que todavía siguen activas en el mercado español deben haber desvelado sus intenciones.

Desde el sector, las previsiones son de práctica desaparición de esta figura societaria en el ecosistema empresarial español. Y lo cierto es que dentro de este último aluvión de notificaciones, la mayoría son de liquidación y disolución. En el mejor de los casos, algunas se decantan por su transformación en sociedades limitadas o anónimas, con el objetivo de mantener su actividad sin un escrutinio de su estructura social tan marcado por parte de los supervisores.

El proceso de liquidación

Entre los requisitos más significativos que se han establecido para que las sicavs puedan seguir beneficiándose de las exenciones fiscales de las que hasta ahora venían disfrutando, destaca el de la adecuación de su mapa accionarial.

En este sentido, las sicavs que quieran seguir funcionando como tales y tributando al 1% en el Impuesto de Sociedades deben demostrar una distribución de su capital entre un mínimo de 100 accionistas que, individualmente, deben acreditar posiciones por un mínimo de 2.500 euros.

Las que se decantan por echar el cierre, bien confirman planes ya anunciados en esta línea o convocan una junta de accionistas para ratificar esta propuesta del consejo de administración. Este proceso incluye puntos como el cese de los consejeros, el nombramiento de un liquidador, la revocación del auditor de cuentas y la solicitud de baja en el registro de sicavs de la propia CNMV.

También se presenta al voto de los accionistas la aprobación del proyecto de división entre los accionistas del haber social resultante de la liquidación y, por supuesto, la exclusión de negociación de sus acciones de BME MTF Equity, la plataforma de referencia en el mercado español para estas sociedades, o del mercado en el que estén admitidas a cotización.

Excepción a la regla

Las que menos han notificado al supervisor su intención de mantenerse como hasta ahora. Uno de los escasos ejemplos de esta decisión lo aporta Soixa Sicav, la firma gestionada por Magallanes y capitaneada por la familia Hernández, accionista principal de la cotizada Ebro Foods.

A contracorriente, su consejo de administración -presidido por Claudia Hernández Rodríguez- ha acordado "por unanimidad no ser intención el proponer a la junta general de accionistas su disolución y liquidación". En su lugar, confirmaba su intención de "mantener durante 2022 y sucesivos ejercicios la contabilización del tipo impositivo del 1% toda vez que la sicav ya cumple y seguirá cumpliendo con el nuevo requisito objetivo del número mínimo de accionistas cualificados".

Una larga sangría

Los cálculos de la industria son que cerca de un 80% de las sicavs echará el cierre en los próximos meses. Una merma que supondrá la práctica desaparición de estas sociedades en el mercado español. Más si se tienen en cuenta las previsiones pesimistas de algunas firmas como A&G Banca Privada, que descuentan el desmantelamiento de hasta un 90% de estas sociedades de inversión en los próximos meses. 

Incluso aunque muchas ya habían optado hace tiempo por su transformación, disolución o traslado hacia mercados más amables conforme el ruido político las señalaba con una fuerza cada vez mayor en los últimos años, las sicavs todavía atesoran un patrimonio conjunto de 29.006 millones de euros. Así lo señalan los datos más actualizados facilitados por la consultora especializada VDOS.

Dado que la ley establece un periodo de gracia de seis meses desde la celebración de las juntas de accionistas de este año, la previsión es que de aquí al primer semestre de 2023 desaparezcan del mapa unos 20.000 millones de esta suma.