Choque frontal de las patronales de las gestoras de fondos (Inverco) y las aseguradoras (Unespa) contra la reforma propuesta de las pensiones privadas, incluida en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2021. Ambas asociaciones argumentan que las medidas penalizarán, sobre todo, a las pymes y los autónomos, y que contradicen las recomendaciones de la Unión Europea.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, confirmó a la finalización del Consejo de Ministros que se recortarán en un 75% las deducciones que se obtienen a través de los planes de pensiones individuales.

El anteproyecto de ley de PGE para el año 2021 contiene una modificación sustancial del tratamiento fiscal de la previsión social que, de aprobarse, “afectará negativamente al conjunto de la ciudadanía española”, según el comunicado conjunto de las asociaciones presididas por Ángel Martínez-Aldama y Pilar González de Frutos.

La propuesta legislativa elaborada por el Gobierno de Pedro Sánchez rebaja de 8.000 euros a 2.000 euros el límite anual de aportación a sistemas de previsión social individuales, al tiempo que eleva de 8.000 euros a 10.000 euros el límite para los sistemas de empleo.

En la actualidad, hay más de 7,5 millones de partícipes en planes de pensiones individuales y casi un millón de asegurados en planes de previsión asegurados (PPA) que se van a ver afectados “con carácter directo e inmediato” por la medida, de acuerdo con las estimaciones de las patronales.

Pymes y autónomos

Las pymes y los autónomos quedarían en la cuerda floja con esta reforma, cuyo nuevo límite es “discriminatorio para la gran mayoría de la población ocupada española”.

En España, hay 3,3 millones de personas adheridas al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) de la Seguridad Social. De su lado, la mayor parte de los trabajadores por cuenta ajena trabaja en pymes, en las que el ahorro colectivo apenas está presente.

En encuentros previos, Inverco, Unespa y otros organismos de lobby como el Instituto de Estudios Económicos (IEE) habían abogado por una reforma en el sentido opuesto, con más incentivos fiscales para los planes de pensiones y soluciones ad hoc para las start-ups de base tecnológica. “No podemos trasladar beneficios de un tercer pilar que está funcionando a un segundo pilar que está por funcionar”. Cabe recordar que España es el país de los 37 de la OCDE que peores incentivos fiscales tiene para el ahorro-previsión.

Las entidades, por su parte, ya han ido pensando en cómo salvar la reforma, y algunas han anticipado que fortalecerán la comercialización de planes por sectores para pymes. La industria valora positivamente el impulso que el Gobierno quiere dar a los planes de empleo, pero no a costa del sistema individual.

Contra la UE

Inverco y Unespa van un paso más allá en su demanda. “Los límites anuales de aportaciones a sistemas de previsión social deberían suprimirse en lugar de minorarse y sustituirse por un límite global de aportaciones acumuladas a lo largo de la vida laboral”, de tal forma que se pueda generar ahorro para la jubilación en función de la situación de cada trabajador durante su trayectoria sociolaboral. Esta propuesta cobra sentido a raíz de la irregularidad de los ingresos vista con los ERTE y los cierres temporales de negocios por la crisis de la Covid-19.

El componente europeo también es importante en la reivindicación de las patronales del sector, más si cabe cuando la propia Bruselas recomienda que las pensiones descansen sobre tres pilares: público, colectivo e individual.

En prácticamente todos los países de la UE existen estímulos fiscales al ahorro y se conceden incentivos para la promoción y desarrollo de sistemas de previsión social, tanto empresariales (segundo pilar) como individuales (tercer pilar).

Sin ir más lejos, la propia UE ha creado un instrumento europeo de ahorro individual denominado Producto Paneuropeo de Pensiones Individuales (PEPP, en inglés). Este vehículo podrá empezar a comercializarse a partir de 2022-2023, una vez que se apruebe la normativa de desarrollo que lo regula.

Su creación está motivada en la necesidad de canalizar una parte mayor de los ahorros de los ciudadanos europeos hacia los productos de pensiones voluntarios con una naturaleza de jubilación a largo plazo. Los ciudadanos tendrán una mayor rentabilidad por la introducción de la competencia y una mejor adecuación de las pensiones y la economía se beneficiará en su conjunto.

Así, “la reducción drástica de la fiscalidad de los sistemas individuales en España contravendría la clara tendencia internacional y europea de estimularlos”, critican desde las gestoras y las aseguradoras.