El Gobierno arroja algo más de luz sobre el esperado proyecto del ‘megafondo’ de pensiones público de empleo. Si bien todavía no se sabe cuándo entrará en vigor, con qué condiciones para los partícipes y las empresas o qué mandatos dará a las gestoras, al menos el Ejecutivo ha puesto la primera piedra al comprometerse a tener listo el armazón legislativo que le dé forma, como máximo, en el segundo trimestre de 2022.

Así se desprende del documento remitido por Bruselas (‘Propuesta de Decisión de Ejecución del Consejo’) sobre la aprobación de la evaluación del Plan de Recuperación y Resiliencia de España.

Dentro del citado documento, al que ha tenido acceso Invertia, en la reforma 5 del componente 30 (medida 414) se dice que para el 30 de junio de 2022, esto es, de aquí a un año “a más tardar”, se implementará la legislación de revisión del actual sistema complementario de pensiones para promover los planes de pensiones mediante la creación por parte de la Administración de fondos de pensiones abiertos a todas las empresas y trabajadores.

Esto quiere decir que el ‘megafondo’ de pensiones público de empleo podría estar en activo, como mínimo, de 2023 en adelante.

El equipo del ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ya deslizó su ambición de que este vehículo financiero llegase a los 300.000 millones de euros en activos bajo gestión. El Gobierno tendrá que escoger gestora y banco depositario por concurso competitivo abierto en el plazo máximo de 12 meses una vez se haya presentado un proyecto de ley al respecto.

13 millones de trabajadores en 2030

Esta medida, junto al trasvase de beneficios fiscales desde los planes de pensiones individuales hasta los de empleo (en estos últimos, el límite de aportación máxima anual ha pasado de 8.000 euros a 10.000, bajando de 8.000 a 2.000 euros en los primeros), busca potenciar el segundo pilar de las pensiones, el de empresas.

Según las proyecciones realizadas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia impulsado por el Ejecutivo, se prevé que la población cubierta por estos vehículos privados aumente desde los dos millones de trabajadores actuales hasta los 13 millones en 2030, lo que supondría multiplicar por 6,5 veces esta cifra.

Este alcance, con el impulso dado por las medidas, equivaldría al 80% de la población activa ocupada cubierta “en el largo plazo”.