El próximo comienzo (desde 2023) de la jubilación de la generación del baby boom va a suponer un importante reto para las ya ajustadas cuentas de la Seguridad Social. La propuesta del ministerio que dirige José Luis Escrivá de subir un 0,5% las cotizaciones sociales entre 2023 y 2032 para garantizar la pensión pública de este colectivo ya tiene algunas proyecciones en contra.
Desde la consultora Willis Towers Watson estiman que esta cotización adicional apenas serviría para pagar menos de dos nóminas mensuales de pensiones de la Seguridad Social.
Según Gregorio Gil de Rozas y Rafael Villanueva, máximos responsables del área de Retirement de la consultora en España, la medida propuesta genera “algunas dudas”.
La más inmediata, sobre el alcance de la misma. Según estimaciones de Enrique Devesa, profesor titular de Economía Financiera y Actuarial de la Universidad de Valencia y miembro del Observatorio de las Pensiones de Willis Towers Watson, la recaudación anual de esta medida, teniendo en cuenta la base media de cotización a la Seguridad Social, rondaría los 1.700 millones de euros.
En el periodo total de diez años, serían unos 17.000 millones, lo que “supone menos de dos nóminas mensuales de pensiones de la Seguridad Social”, habida cuenta de que este último octubre se han pagado 10.251 millones, de los cuales 7.389 han correspondido a pensiones de jubilación.
La medida formaría parte del Mecanismo de Equidad Intergeneracional que Seguridad Social ha presentado esta semana a los agentes sociales. Con ella se busca 'rellenar' la hucha de las pensiones, el que formalmente es conocido como el Fondo de Reserva de la Seguridad Social.
Un trabajador en una obra.
Pero esta no sería la única implicación, ya que habría más derivadas. Podría afectar a la contributividad del sistema, dado que esta cotización adicional no generaría nuevos derechos de pensión. “Los trabajadores estarían incurriendo en un ‘gasto’ adicional que no les reportaría una prestación superior”, explican los expertos.
“También puede cuestionar el pacto intergeneracional de las pensiones”, advierten, puesto que se exige un esfuerzo adicional, no reflejado en futuros derechos, a todos los trabajadores, con el foco de reforzar la hucha de las pensiones ante el reto de una generación concreta: los baby boomers.
Menos creación de empleo
Desde el punto de vista macro, supone además un incremento de los costes laborales, “en un entorno de incertidumbre sobre la recuperación y de creciente competitividad global, pudiendo impactar directamente sobre la creación de empleo”, se temen estos expertos.
Gil de Rozas y Villanueva se muestran críticos con la propuesta de Escrivá, que califican de “más una patada al frente que una medida que realmente pueda ayudar al reto demográfico”. A su juicio, habría que establecer medidas de ajuste “gradual y automático”, y creen que era más eficiente el derogado Factor de Sostenibilidad, que ajustaba gradualmente la cuantía de la pensión de los nuevos jubilados a la evolución de la esperanza de vida.
Hacia la capitalización
La comunidad financiera sigue haciendo lobby por cambiar el sistema de reparto del primer pilar por un sistema de capitalización. A este respecto, Value School, el proyecto divulgativo sobre inversión auspiciado por el gestor de fondos Francisco García Paramés, ha realizado un documental en el que asevera que se trata de “un sistema quebrado, basado en el paternalismo del Estado, que desincentiva el ahorro y, en general, el crecimiento económico”.
Los varios expertos que aparecen en el documental -‘Ni es justicia ni es social: el sistema público de pensiones’- piensan que el sistema de reparto perjudica a los trabajadores. Por ejemplo, “para un trabajador con un salario neto de 1.250 euros, el sistema le está extrayendo 750 euros mensuales de su nómina, que van destinados a pagar las pensiones mensuales de los jubilados y que no asegura que cuando llegue el momento de cobrar su pensión vaya a poder hacerlo con garantías”.
“Habría que restablecer un sistema de financiación de las pensiones basado en la capitalización. Un sistema basado en el ahorro y en la acumulación de fondos”, subraya Jesús Huerta de Soto, catedrático de Economía Política de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. En este método, se acumulan las cotizaciones para obtener rentabilidad en los mercados financieros y, llegado el momento de la jubilación, generar una renta vitalicia nominal para cada trabajador, pone en contexto José Antonio Herce, experto en longevidad y pensiones de la consultora LoRIS.
No obstante, la transición hacia un sistema de capitalización tendría un coste. Según Huerta de Soto, en España el coste de esta transición sería una cuarta parte del coste actual de la Seguridad Social.