Así se desprende del documento de ‘Enmiendas e Índice de Enmiendas al Articulado’ recogido en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, fechado el pasado 19 de abril.

Destaca la enmienda número 43, a propuesta de Íñigo Errejón en nombre del Grupo Parlamentario Plural: “Los fondos de pensiones de empleo de promoción pública (…) serán administrados por una entidad gestora de titularidad pública con el concurso de una entidad depositaria y bajo la supervisión de una única Comisión de Control Especial para todos los fondos de pensiones de promoción pública abiertos”. Esto haría innecesario, por tanto, la famosa plataforma digital común que estructuraría el nuevo sistema.

Otro punto relevante se encuentra en la enmienda 112, del PSOE, que llega por voz de Rafaela Crespín. Dice que “cualquier plan del sistema de empleo podrá prever el acceso con una antigüedad inferior a un mes o desde el ingreso en la plantilla del promotor”.

Cabe recordar que la actual regulación establece un periodo máximo de dos años para que los trabajadores de una empresa que tenga un plan de pensiones de empleo puedan acceder al mismo como partícipes, a no ser que las especificaciones del propio plan establezcan un periodo de antigüedad en la empresa inferior.

Unos jubilados jugando al golf.

Más cualitativa es la aportación que hace Edmundo Bal, de Ciudadanos, en la enmienda 136, suprimiendo toda referencia a organismos o acuerdos específicos que tengan que ver con la inversión socialmente responsable y la sostenibilidad medioambiental. Tacha las llamadas a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), la taxonomía de la UE y el Pacto Verde Europeo.

“Si bien compartimos, en sí, los objetivos de responsabilidad social y sostenibilidad que se pretenden impulsar, no es este el lugar adecuado para hacerlo. En su caso, debe corresponderle a cada fondo de pensiones la determinación de qué fines pretende potenciar, que podrán ser estos u otros”, argumenta.

Y prosigue: “Desde el punto de vista del sector público, se debe reducir al mínimo el potencial uso político o partidista de los planes de empleo de promoción pública, más aún teniendo en cuenta que su objetivo prioritario debe ser la seguridad y el retorno de las inversiones con el fin de asegurar las pensiones”.

En su opinión, “el fomento de inversiones más sostenibles deberá hacerse, en su caso, con la creación de un marco regulatorio y de incentivos que hagan estas inversiones de por sí más atractivas por su seguridad y su retorno”.

Contribución mínima y salarios

PSOE y Unidas Podemos, haciendo gala de su Gobierno de coalición, comparten el propósito de las enmiendas 55 y 113, donde se establece que “deberá garantizarse una contribución mínima para todos los partícipes y el desarrollo de medidas correctoras para evitar la brecha de género como, entre otras, el mantenimiento de las contribuciones en los supuestos de reducción de jornada y de suspensión de la relación laboral con reserva de puesto de trabajo”, esto es, una excedencia. La parte morada está sellada por Isabel Franco y Pablo Echenique.

El aspecto social lo retoma Errejón en la enmienda 46 al incluir que “las empresas que establezcan estos planes de pensiones de empleo harán estas aportaciones sin que estas puedan ir en detrimento de los incrementos salariales o la actualización de los salarios para garantizar que los trabajadores no pierden poder adquisitivo”, algo que cobra especial relevancia en un entorno como el actual, donde la inflación está desbocada y se ha aproximado a los dos dígitos.

Control de más organismos

La parte más técnica o de control se promueve desde el PP. En la enmienda 25, Cuca Gamarra modifica la composición -no así el número total de miembros- de la Comisión de Control Especial. Hasta ahora, su redactado era hacia los 13 miembros, de ellos cuatro de las patronales, cuatro de los sindicatos y cinco del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Con el nuevo formato, los 13 miembros serían: dos de las patronales, dos de los sindicatos, tres del Ministerio de Seguridad Social, uno del Banco de España, uno de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), uno de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP), uno de la Secretaría General del Tesoro, uno del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas y uno del Instituto de Actuarios Españoles.

José Luis Escrivá, ministro de Inclusión, Seguridad Social y MIgraciones. Fuente: Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

El PP también solicita en la enmienda 29 que los planes de pensiones simplificados puedan integrarse en un fondo de pensiones de empleo de promoción pública abierto “o en un fondo de pensiones de empleo de promoción privada de su elección”.

La fiscalidad

Los populares aprovechan para anular mediante la enmienda 30 el párrafo que anteriormente decía que “las prestaciones del plan de pensiones de empleo simplificado se percibirán en forma de renta, salvo que, por circunstancias excepcionales y en los términos y condiciones que reglamentariamente se establezcan, puedan percibirse en forma de capital”.

Finalmente, Macarena Olona, de VOX, da la vuelta en la enmienda 157 a la frase que recogía que “no serán deducibles los gastos relativos a retribuciones a largo plazo al personal mediante sistemas de aportación definida o prestación definido”.

Su propuesta de reemplazo dice lo siguiente: “Serán deducibles las contribuciones de los promotores de planes de pensiones regulados en el texto refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones, así como las realizadas a planes de previsión social empresarial”.

El periodo de enmiendas ya se ha cerrado, y se espera que en breves se produzca la ponencia de la Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, para que después se debata en dicha comisión y, si se aprueba la propuesta, pase al Senado. La intención de Escrivá era que se aprobara en el primer semestre.