Por el contrario, muchas han sido las ausentes, entre ellas entidades de calado como Banco Sabadell, Santalucía, Mutua Madrileña, AXA, Renta 4 Banco o Bestinver.

Todas estas gestoras tenían patrimonio suficiente en planes de pensiones -tanto individuales como colectivos- como para competir por los nuevos vehículos de acuerdo a las bases de la licitación, pero han decidido desmarcarse del proyecto de José Luis Escrivá.

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Según fuentes del mercado, más de una veintena de gestoras han analizado en profundidad la posibilidad de concurrir, aunque finalmente sólo han sido ocho las que han concretado su apuesta. Sorprende que Santalucía haya dejado escapar la oportunidad, máxime cuando está creando una gestora precisamente para potenciar su negocio de pensiones de empleo. De su lado, fuentes del Banco Sabadell aseguran que estos vehículos “no encajaban por modelo de negocio”.

Algunas de las firmas que han optado por no pujar argumentan que la comisión máxima de gestión permitida, un 0,29%, no compensa la gestión “activa y de calidad” que suelen aplicar a sus propios planes de pensiones. Tampoco a nivel burocrático, donde la carga de trabajo se multiplicaría, por mucho que el Gobierno esté montando una plataforma digital común.

Comisión baja y cambio de Gobierno

Fuentes financieras aseveran que la comisión media de gestión ofrecida en las licitaciones ronda el 0,10%. “Desde el principio sabíamos que esto era cosa de los grandes bancos y alguna gran aseguradora. Por ese precio, lo único que se puede dar son productos indexados a la bolsa o la renta fija, nada de estrategias diferenciadoras que busquen un extra de rentabilidad”, critica el ejecutivo de una de las gestoras que no han pujado.

Otras gestoras consultadas por este periódico se han frenado en el último momento en vista de un probable cambio de Gobierno a partir del 23-J, dando por hecho que será el PP de Alberto Núñez Feijóo quien gobierne. Podría dar marcha atrás a la reforma de las pensiones privadas promovida por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, liderado por Escrivá, o como mínimo no darle la suficiente visibilidad ni añadirle más incentivos.

Oficinas de Fonditel.

En el caso particular de Fonditel (Grupo Telefónica), desde la entidad no aclaran si recurrirán su exclusión. Solamente arguyen que “hemos sido excluidos por estar fuera de plazo por muy poco margen de tiempo”, indica un portavoz.

Las grandes ausentes, desde Sabadell hasta Bestinver, manejan patrimonios elevados en el conjunto de las pensiones privadas: entre 2.935 y 835 millones de euros, respectivamente, con datos de Inverco. Otros grupos con peso en el sistema de empleo que se han quedado fuera son Deutsche-Zurich, Abanca, Unicaja, Kutxabank, las cajas rurales, Catalana Occidente o Generali.

La vía indirecta

No obstante, los fondos públicos de pensiones no son la única vía por donde ‘atacar’ los planes de empleo. Algunas de estas gestoras, así como otras que no podían participar por no tener el volumen requerido, están explorando alianzas con asociaciones empresariales para promover estos productos.

El verano pasado, la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) y VidaCaixa firmaron el primer gran acuerdo para poner en marcha un plan de pensiones de empleo simplificado para autónomos. Hace menos de un mes, y bajo el mismo esquema, la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) se ha aliado con el Banco Sabadell.

Otro avance lo ha logrado la Confederación Española de Asociaciones de Jóvenes Empresarios (Ceaje), que ha firmado un acuerdo con Santander Pensiones y Fonditel para impulsar los planes de empleo entre sus asociados. Le ha seguido Cobas Pensiones, la gestora de Francisco García Paramés, que ha anunciado el lanzamiento de un plan de pensiones de empleo simplificado para los autónomos tras sellar un acuerdo con la Asociación de Educadores y Planificadores Financieros (AEPF).