PP y Cs defienden una ‘tasa Google’ europea frente a la de Sánchez ante el 28-A

Los impuestos que pagan las grandes empresas tecnológicas siguen siendo un tema de actualidad y también de campaña. Los partidos políticos tienen claro que es un asunto que preocupa al sector y que condiciona la actividad empresarial de nuestro país, por eso, la ‘tasa Google’, ha entrado en campaña de cara al 28-A.

Sobre la mesa están varias propuestas: esperar a una tasa europea, dejar que sea la OCDE quien tome cartas en el asunto o, en el caso del PSOE, mantener la tasa que el Gobierno no pudo sacar adelante en la pasada legislatura. El impuesto, condicionado a la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, tenía como objetivo gravar a aquellas empresas con ingresos anuales totales de, al menos, 750 millones de euros, y con ingresos en España superiores a los tres millones.

El debate económico de EL ESPAÑOL no ha dejado pasar la oportunidad de poner el tema sobre la mesa para que los representantes de los distintos partidos se expresen sobre las propuestas de cada formación.

Los tres contendientes del debate económico de EL ESPAÑOL entraron de lleno en el asunto de los impuestos a las tecnológicas. Luis Garicano (Cs) centró el asunto recordando que los gigantes han sabido encontrar los subterfugios "evitando pagar impuestos en EEUU porque su sede social estaba en Irlanda y porque su negocio era fuera de esas fronteras". Según el cabeza de lista del partido naranja a las europeas, es la UE la que debe encontrar la solución: "La solución no puede ser de cada país por separado", apuntó.

Según Garicano, el problema es que hay varios Estados miembros que no quieren entrar a regular esta figura impositiva, para poder seguir compitiendo en bases imponibles entre países. Pero "tanto Francia como Alemania ya lo han visto y, como no se puede no hacer nada, habrá un club de países que avance en este campo, y será pronto".

Daniel Fuentes, número tres de la oficina económica de Moncloa, admitió el problema de fondo, que debe "solventarse al menos en la eurozona". Pero defendió la llamada 'tasa Google' de su Gobierno como "totalmente inspirada por los dictados de Bruselas". Para el socialista, este impuesto tiene verdadero potencial recaudatorio "y para incentivar sectores económicos".

Aunque el PSOE no entra en detalles  sobre el impuesto a las tecnológicas en su programa electoral, el Secretario de Estado para el Avance Digital, Francisco Polo, ha confirmado en varias ocasiones que los socialistas siguen adelante con su plan de gravar a los servicios digitales.

“Barreras comerciales”

El 'popular' Daniel Lacalle, por su parte, fue el más crítico. "Me preocupa mucho este debate", dijo, "que una economía tan pequeña como la española haya hecho esto es una locura". Y lo argumentó con tres razones: "La primera, porque este impuesto partía en los PGE -decaídos por suerte- de unas previsiones recaudatorias desproporcionadas; la segunda, que no genera incentivos en la brecha tecnológica que ya tiene Europa respecto a EEUU y China", y para terminar, "la tercera, que en pleno avance del proteccionismo da malas ideas a nuestros competidores, que pensarán en ponernos barreras comerciales en otros productos".

Para Lacalle, la solución a este nuevo problema de la economía global, debe buscarse en la OCDE y en la tradición del derecho fiscal internacional: "El impuesto se paga donde se genera el valor añadido". El 'popular' opina que entender esto sí estimularía la innovación que hoy no tienen los países europeos.

"Sobre todo, si además toda nuestra política fiscal y formativa se orienta a una revolución estructural de la economía española"; apostilló Garicano, "enfocada a la innovación".

Durante todo el proceso la patronal de la industria digital en España, AMETIC, ha mantenido que la medida propuesta por el PSOE se ha decidido “sin que exista un consenso internacional entre países, ni a nivel europeo”. Por su parte, DigitalES -asociación que integra a compañías como Cellnex, Huawei, Siemens, HP, MásMóvil, Orange, Vodafone y Telefónica- ha advertido de la doble tributación en que incurriría un proyecto como el de Sánchez.