El Gobierno estudia una nueva fórmula de relación laboral que podría poner fin a las disputas legales entre plataformas digitales como Glovo o Deliveroo y sus riders, algunos de los cuales les han denunciado ante los tribunales argumentando que trabajan bajo la figura de 'falsos autónomos'.

El pasado 16 de julio, la Asociación Española de la Economía Digital (Adigital), junto a sus miembros asociados Glovo, Stuart, Uber Eats y Deliveroo, presentó su propuesta para regular a estos trabajadores "a la francesa", lo que consiste en adaptar la figura del TRADE (Trabajador Autónomo Dependiente) a la realidad digital y dotarla de mayores coberturas y protección.

Las fuentes consultadas por este periódico indican que ya se han establecido los primeros contactos entre estas plataformas y el Gobierno para presentarles esta propuesta y que en Moncloa se trabaja en diferentes líneas que puedan zanjar un debate que amenaza con enquistarse en la Justicia.

En el caso de Glovo existen nueve sentencias que le dan la razón y otras nueve que invalidan su modelo de relación laboral basado en un contrato mercantil con sus repartidores. Esta relación laboral tiene algunas características de un contrato formal como seguro médico o un mes de sueldo por invalidez, pero no incluye ni indemnizaciones, ni sueldo fijo, ni prestaciones sociales. 

Combate contra el fraude laboral

Desde el Gobierno se confirma oficialmente a este periódico que está estudiando esta cuestión y "se está escuchando a los distintos actores implicados, como fase previa a una futura regulación de estas nuevas formas de empleo, que ineludiblemente tendrá lugar en el nuevo Estatuto de los Trabajadores". No obstante, advierten que "todo lo anterior no presupone, en este momento, una forma contractual concreta para atender a esta forma atípica de empleo".

Con todo -y de manera extraoficial y a título personal- hay miembros del Gobierno que creen que, con algunas modificaciones, este modelo propuesto por Adigital podría funcionar, aunque no hay consenso absoluto en el tema. Mientras desde el entorno de Economía se cree que puede trabajarse sobre esta propuesta, dentro del Ministerio del Trabajo se oponen a regulaciones que fomenten el uso de los autónomos.

Hasta ahora el tema lo ha llevado Trabajo, que lleva varias semanas realizando inspecciones en búsqueda de la regularización de este tipo de falsos autónomos. En el marco del Plan de Empleo Digno y su lucha contra el fraude laboral, el Gobierno ha regularizado 380.000 contratos, según dijo Pedro Sánchez en el debate electoral del pasado lunes.

No obstante, y como el propio Sánchez indicó en este mismo debate, su intención es nombrar a Nadia Calviño como vicepresidenta económica con lo que asumiría competencias en Trabajo, Industria y Fomento, además de Economía y Empresa. Es así como en el caso de los riders, tendría la última palabra respecto de las figuras legales que se quieran abordar para solucionar este problema.

Una batalla interna que, no obstante, está aparcada a la espera de las Elecciones de este fin de semana y a la formación de Gobierno que no se prevé que llegue hasta antes de comienzos del año 2020. 

"Sistema flexible y garantista"

La propuesta que Adigital presentó en julio hizo un llamamiento al Gobierno a abrir un debate que permita configurar "un sistema flexible y garantista para prestadores del servicio, empresas y usuarios". Para ello, la patronal propuso una reforma del Capítulo III de la Ley 20/2007 que califique a los profesionales que operan a través de estas plataformas como trabajadores autónomos y corrobore su encuadramiento el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA).

Esta propuesta incluye adaptar de la figura del TRADE (Trabajador Autónomo Dependiente) a la realidad digital y dotarla de mayores coberturas y protección, siguiendo el modelo francés, que desde hace una década creó la figura del auto-entrepreneur.

Este TRADE digital tendría una serie de coberturas y beneficios que actualmente no tienen los autónomos dependientes, como el poder recibir una indemnización en caso de rescisión unilateral del contrato, mejorar los seguros de coberturas, derecho a formación o bajas reguladas por Ley. 

Esta figura de autónomo 'con derechos reforzados' se traducirá en total autonomía para el rider y que no tenga exclusividad con ninguna plataforma. Según Adigital, el contrato también se formalizará exclusivamente a través del soporte digital y el usuario podrá escoger la forma, los días y el horario sin tener penalizaciones, hecho que estaría garantizado por ley.

"Vínculo de sometimiento"

Según Glovo y Deliveroo su modelo exige flexibilidad y, por tanto, se hace necesario disponer de una alta oferta de riders en picos de pedidos, y que estos a su vez puedan trabajar en otras plataformas cuando las plataformas tengan menos pedidos. 

No obstante, Colectivo Ronda, que asesora a muchos de los riders que han interpuesto demandas a Glovo y Deliveroo indica que actualmente estamos ante un falso autónomo porque "éste se encuentra bajo el ámbito de la dirección y organización de una empresa y, por tanto, sin que el autónomo opere de forma libre de todo vínculo de sometimiento, como sean las obligaciones en un contrato civil constituido entre partes que operan de forma totalmente dependiente, sin jerarquías entre ellos".

De hecho, en muchas de las denuncias se advierte que rechazar pedidos tiene consecuencias para los riders ya que, indican, esta situación se tiene en cuenta por la empresa a la hora de elaborar sus métricas para no asignarle nuevos pedidos, y por tanto, puede llevar a que dejar de llamarles. 

Lucha judicial

En julio, un juzgado de lo Social de Madrid dió la razón al Gobierno frente a Deliveroo en el macroproceso celebrado en mayo al considerar que los más de 500 repartidores de esta compañía son asalariados, y no autónomos, como defiende la empresa.

En el caso de Glovo existen nueve sentencias a favor y nueve en contra. La última que data de comienzos de octubre asegura que los repartidores tienen libertad para elegir en qué franja horaria trabajan, pueden rechazar un pedido y escoger qué ruta seguir.

Fuera de estos procesos judiciales -casi todos individuales-, hay abiertos procedimientos colectivos como consecuencia de expedientes abiertos por la Inspección de Trabajo. De hecho, Glovo afronta un juicio de este tipo en Zaragoza, que recientemente fue aplazado hasta marzo.

Frente a todo este lío laboral, en las plataformas piden una regulación, mientras que en algunos sectores del Ejecutivo valoran positivamente que se aborde un marco legal que tenga como punto de partida la propuesta de las propias plataformas. Con todo, desde el Gobierno se advierte que la clave estará en la jurisprudencia que al respecto sienten los tribunales y que cualquier decisión final se tomará en el marco del diálogo social.