Facebook se enfrenta a un reto de grandes proporciones en las próximas semanas. En medio de las polémicas por la implicación de su CEO Mark Zuckerberg en el bloqueo de Tiktok en Estados Unidos, las dudas de los inversores por el crecimiento de la compañía y una serie de acusaciones por fallos de seguridad, la red social debe decidir cómo y dónde expande su servicio de noticias.

La compañía lanzó Facebook News a finales del año pasado en Estados Unidos, una pestaña en su página principal desde donde se puede acceder a un agregador de noticias con contenidos de medios asociados. El objetivo ahora es poder expandirlo al resto del mundo entre el cuarto trimestre de este año y el primero de 2021. Una expansión en la que podrían entrar algunos países europeos.

Facebook News es el enésimo intento de una gran multinacional tecnológica por agrupar contenidos de medios de comunicación y convertirse en la principal ventana para consultar y compartir noticias. Una estrategia que lleva explorando Google desde hace casi dos décadas.

En juego está el control del acceso a los medios de comunicación, un universo de empresas periodísticas que están duramente afectadas por la pandemia. La crisis económica ha reducido bruscamente la venta de publicidad y ha rebajado los ingresos por suscripciones de los medios en todo el mundo, lo que ha obligado a las empresas periodísticas a realizar recortes y reducción de plantilla.

Facebook ofrece a los medios ingresos adicionales a cambio de que pueda enriquecer con contenidos de diarios su agregador. En Estados Unidos hay actualmente más de 200 medios asociados (publishers) como The Wall Street Journal, BuzzFeed, The Atlantic y Fox News. Según la red social el conjunto de estas cabeceras reciben unos ingresos anuales de unos tres millones de dólares.

Problemas en Australia

En este sentido, la idea es repetir el modelo en otros países del mundo, en los próximos seis meses. Entre los países en los que podría entrar Facebook News se encuentran Brasil, Reino Unido, Francia, Alemania e India.

Un plan que llega en momentos en que Facebook y Google se encuentran enfrentados al Gobierno de Australia, que pretende cobrar por el uso de contenidos de los medios de comunicación. La novedad es que la nueva ley tiene la intención establecer un arbitraje independiente en el caso de que los diarios no lleguen a un acuerdo con los grandes gigantes por insertar sus contenidos.

Buena parte de los medios de comunicación culpan a los grandes gigantes de la caída de la publicidad digital. De hecho, en España representa cerca del 70% de todo lo que las marcas invierten en soportes digitales. No obstante, los gigantes advierten que sin sus enlaces la audiencia de los medios en internet sería notablemente más baja.

En el caso australiano, Facebook se defiende indicando que entre enero y mayo de 2020 envió 2.300 millones de visitas a webs de medios australianos. Esos usuarios supusieron 123 millones de euros de ingresos, según los datos de la red social.

El caso español

La base de toda la disputa se encuentra en la libertad de los medios para lograr sus propios acuerdos con los grandes gigantes digitales. En el caso de la Unión Europea, la reciente Directiva sobre los derechos de autor en el mercado único digital establece esta libertad, pero la legislación española sigue estableciendo el canon Aede, que obliga a los agregadores a pagar por la indexación de los artículos de los medios, un derecho "irrenunciable", que cobra (Cedro), entidad de gestión de derechos de autor.

Como telón de fondo, Google, Facebook y los grandes gigantes tecnológicos cierran acuerdos con periódicos en todo el mundo para comprar licencias que den libre acceso a los contenidos de las cabeceras, una posibilidad que se frena en España por culpa de esta tasa a los agregadores. 

En diciembre del año pasado el Gobierno -a través del Ministerio de Cultura- hizo una consulta pública respecto de la adaptación de la Directiva sobre los derechos de autor en el mercado único digital, promulgada en abril de 2019 por la Unión Europea y que cuenta con dos años para incorporarse a la normativa de cada país miembro.