Anticipándose a la aprobación formal del plan de inversión y reformas, Bruselas da luz verde al primer proyecto de España que se financiará con las ayudas a la reconstrucción del fondo Next Generation. La Comisión Europea ha autorizado este lunes un programa dotado con 200 millones de euros cuyo objetivo es apoyar el despliegue de servicios de banda ancha de alta velocidad en zonas rurales y aisladas.

Se trata de la prórroga de un régimen de ayudas vigente en el que ya se han invertido 400 millones de euros y que iba a expirar en 2022. El Gobierno de Pedro Sánchez ha notificado a Bruselas que el periodo de ejecución se amplía hasta el 31 de diciembre de 2024 y que el presupuesto aumenta hasta los 600 millones de euros. Pero la principal novedad es que estos 200 millones extra vendrán de Next Generation, siempre que la UE apruebe el plan de reformas español.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, tiene previsto viajar a Madrid este miércoles 16 de junio para entregar en mano a Sánchez el aprobado al plan español de reformas. Después, el Ecofin tendrá que aprobarlo de forma definitiva, probablemente en su reunión del 13 de julio. El Gobierno ha solicitado 70.000 millones en subvenciones a fondo perdido para los próximos tres años y espera recibir el primer tramo de 9.000 millones en julio.

El programa en cuestión pretende apoyar el despliegue de proyectos de banda ancha de alta velocidad para el 8% de la población española que vive en zonas donde todavía se proporciona una velocidad de descarga inferior a 100 megabits por segundo (Mbps). El objetivo es ofrecer velocidades de carga y descarga de 300 Mbps, susceptibles de ampliarse a 1 gigabit por segundo.

Según el análisis de Bruselas, esta medida contribuirá a garantizar una cobertura de velocidad de descarga de más de 100 Mpbs para el 100% de la población española en 2025.

Todas las inversiones y reformas que impliquen ayuda estatal contenidas en los planes nacionales de recuperación deben notificarse a la Comisión para su aprobación previa, a menos que estén cubiertas por alguna de las exenciones previstas en la normativa de la UE. 

El Ejecutivo comunitario evaluará estas medidas con carácter prioritario y ha proporcionado orientación y apoyo a los Estados miembros en las fases preparatorias de los planes nacionales con el fin de facilitar el rápido despliegue de los fondos de Next Generation.

Al mismo tiempo, Bruselas quiere garantizarse que se respetan las normas de la UE sobre ayudas públicas, con el fin de preservar la igualdad de condiciones en el mercado único y garantizar que los fondos europeos se utilicen de forma que se minimicen las distorsiones de la competencia y no excluyan la inversión privada.