Subcontratas, autónomos 'mejorados' y sin asalariados: la 'Ley Rider' fracasa después de tres semanas en marcha

El objetivo de la normativa era terminar con los 'falsos autónomos' que trabajaban con estas plataformas. Un modelo que además obligaba a los repartidores a comprar su propio equipamiento (bicicletas y cajas de reparto) y cobrar por pedidos.

Trabajo sostiene que estos repartidores deben ser asalariados al tener una vinculación directa con las empresas, con un contrato regular y sujetos a un convenio colectivo. Las empresas se defendían diciendo que su modelo les otorgaba libertad a los colaboradores y podían incrementar su salario al poder trabajar en varias plataformas a la vez. 

En este sentido, y pese a la nueva legislación (que Trabajo pactó con patronal y sindicatos), las fuentes consultadas por Invertia indican que el modelo de autónomos sigue siendo utilizado por muchas plataformas -aunque la ley lo prohíbe taxativamente- y que la subcontratación con terceras empresas se impone como la fórmula mayoritaria para establecer las nuevas relaciones laborales con los riders.

En este último caso, se contrata a los riders, pero no a través de la plataforma digital, sino que mediante empresas de mensajería o especializadas en ceder repartidores a grandes empresas y restaurantes. Unas Empresas de Trabajo Temporal (ETT) al uso, pero especializadas en reparto.

El caso de Glovo

De esta manera, de los cerca de 30.000 repartidores que trabajaban en el sector antes de la promulgación de la normativa, apenas unos 2.300 serían contratados como asalariados -el gran objetivo de la nueva Ley- y de ellos, solo 300 ya estarían contratados efectivamente, menos del 1% todos los riders.

Frente a esta situación, desde el Ministerio de Trabajo aseguran no tener constancia de que Glovo y el resto de empresas de reparto estén recurriendo a fórmulas hoy fuera de la legalidad para seguir funcionando, aunque están atentos a lo que pueda suceder en el horizonte. 

De hecho, si bien ahora mismo no hay activada una operación para vigilar a las plataformas digitales, la Inspección Laboral sí que cuenta con un dispositivo específico para supervisar las posibles situaciones de ilegalidad que, por lo pronto, no se habrían detectado.

Con todo, cuando las plataformas digitales comenzaron a deslizar sus intenciones de recurrir a subcontratas para burlar la Ley Rider, desde el Ministerio de Trabajo advirtieron de que esta ‘argucia’ no funcionaría. Se encuentra dentro de las posibilidades que la legislación excluye puesto que el reparto seguiría estando controlado por las propias plataformas y no sería permitida por el departamento.

Pese a ello, éste es el modelo que se está imponiendo. Glovo anunció originalmente que su idea era contratar solo a una parte de la plantilla de riders que venían trabajando para la plataforma. En concreto, contrataría a 2.000 repartidores, pero mantendrá al 80% de la plantilla como autónomos (8.000 riders), en un modelo 'mejorado' con más garantías laborales.

Uber Eats

Sin embargo, ante el aluvión de críticas la compañía está analizando cambios en el modelo, abriendo la puerta a incluir otro tipo de relación con sus repartidores. En este caso, las informaciones que circulan en el sector indican que estarían intentando migrar precisamente hacia el modelo de ETT. De las contrataciones, no hay constancia que se hayan comenzado a producir.

De hecho, hace una semana los repartidores de los seis supermercados de Glovo en Barcelona fueron a la huelga exigiendo la contratación directa por parte de la empresa, salarios iguales o por encima del Salario Mínimo Interprofesional, y disponer de salas para esperar los pedidos y descansar, así como acceso a lavabos y disponer de agua potable para beber. 

En el caso de Uber Eats ha subcontratado flotas de repartidores a terceras empresas. La compañía ha comenzado a trabajar con Deelivers (Quepidohoy SL), Closer Logistics y Delorean Transport 2021. 

En el caso de esta plataforma, se enfrenta a una demanda colectiva por los despidos a trabajadores autónomos. El despacho SBO Abogados ya está recabando toda la información necesaria para poder interponer demandas individuales contra Uber Eats por romper la relación laboral con sus trabajadores autónomos tras la entrada en vigor de la Ley Rider.

Por su parte, Stuar ha indicado que ya ha contratado como asalariados a 300 de los 500 repartidores que trabajan con ellos y que su intención es que esta cifra crecerá a dos dígitos en los próximos meses. Es la única empresa que haya reconocido contrataciones de asalariados, representando una mínima parte del universo total de riders.

Just Eat y Deliveroo

En el caso de Just Eat, antes de la promulgación de la ley trabajaba con asalariados aunque externalizados en empresas como Job & Talent. Ahora, la plataforma ha decidido dar de alta a sus repartidores y negocia con los sindicatos para firmar el primer convenio colectivo del sector.

Queda pendiente saber si Just Eat decidirá laboralizar a toda su flota, o mantendrá un modelo mixto junto con la subcontrata. En cualquier caso, hasta que no concluya la negociación no se puede contratar a ningún trabajador, por lo que hasta que se cierre seguirán las subcontratas.

Finalmente, la peor parte se la ha llevado Deliveroo. El segundo actor del mercado en España después de Glovo decidió cerrar sus operaciones en España por no poder asumir los costes a laboralizar a sus repartidores.

La paradoja es que la compañía ha tenido que contratar a sus repartidores de manera temporal para poder hacer un ERE que se ajuste a la normativa. El proceso de consultas comenzará en septiembre y se espera que esté concluido en octubre, fecha en la que se espera que cierren sus operaciones en el país.

Los cálculos hechos para Invertia por abogados laboralistas cifran el impacto total para todas estas empresas entre los 100 y los 120 millones de euros al año solo en cotizaciones sociales. Estamos hablando de un coste desconocido para todas estas plataformas puesto que los riders, como autónomos, abonaban sus propias cuotas a la Seguridad Social.

Cotizaciones sociales

Estos 120 millones de euros se calculan tomando en cuenta los 30.000 riders que trabajan actualmente, según reconocen todas las asociaciones del sector. Si se tuviesen que contratar a todos -como así al parecer obligará el Ministerio de Trabajo- estamos hablando de no menos de 25.000 nuevas altas a la Seguridad Social.

El coste medio de la Seguridad Social suele rondar el 30% del salario bruto. En el caso de los riders y por las experiencias de laboralidad que se conocen, serían contratados en su gran mayoría con el salario mínimo interprofesional (SMI), por lo que el coste en cotizaciones sería de unos 285 euros al mes, en el caso de una jornada completa.

En este caso, por cada rider contratado, Glovo, Deliveroo o sus competidores tendrían que pagar 3.990 euros al año a la Seguridad Social que si se multiplican por 25.000 nuevos contratados tendríamos 99,7 millones de euros anuales de costes adicionales a sus actuales costes laborales, 119.7 millones si se diesen de alta los 30.000 riders.