El Gobierno está preparando varios proyectos destinados a dotar de mayor conectividad a los territorios insulares de España mediante la concesión de ayudas públicas para la construcción de cables submarinos entre las islas que forman parte de los archipiélagos de Canarias y Baleares, así como con la península. 

Así lo ha confirmado este miércoles Roberto Sánchez, secretario de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, durante su participación en DigitalES Summit. Durante su intervención, ha subrayado que la aproximación del Gobierno en este mercado es "más de ser facilitador" que de conceder ayudas públicas.

Roberto Sánchez ha recordado que el de los cables submarinos es un sector "ultracompetitivo y liberalizado". Por ello, en el Ejecutivo no se contempla la concesión de ayudas públicas a su despliegue salvo en circunstancias "muy excepcionales".

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Esta es la razón por la que los fondos europeos Next Generation que están destinados a mejorar la conectividad del país no se emplearán para reforzar los grandes cables transoceánicos, sino para mejorar los servicios de conectividad de las distintas islas españolas. 

En concreto, el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia puesto en marcha por el Gobierno español establece una dotación de hasta 125 millones de euros para financiar hasta el 50% de los costes de este tipo de iniciativas.

En concreto, prevé ocho proyectos de cables submarinos intrainsular o dos o tres en el caso de que se tratara de conexiones entre las islas y la Península. No obstante, matiza que la forma o dimensión final de la inversión depende de que pueda superar las normativas de ayudas de estado de la Unión Europea (UE). 

El secretario de Estado de Telecomunicaciones ha remarcado durante su intervención en DigitalES Summit que España tiene "una gran oportunidad" en el mercado de los cables submarinos. En parte, por una ubicación geográfica que le permite ser nexo de unión entre África, Europa, el Atlántico Norte y el Atlántico Sur. 

A este respecto, ha recordado que la nueva Ley general de Telecomunicaciones que se publicó la semana pasada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) recoge por primera vez la creación de una base de datos de todos los cables submarinos que existen en España, que es lo máximo que permite el contexto europeo.