La Comisión Europea ha autorizado este jueves a España a destinar 88,3 millones de euros de fondos Next Generation para apoyar la prestación de servicios mayoristas y minoristas de banda ancha en las zonas rurales del país. Se trata del cuarto proyecto de inversión que aprueba Bruselas del plan de recuperación español en el sector de las telecomunicaciones electrónicas.
El plan en cuestión, que se aplicará hasta el 31 de diciembre de 2027, está concebido como una solución temporal para facilitar y acelerar el acceso a servicios de banda ancha fija eficaces a precios asequibles. La ayuda apoyará la prestación de servicios mayoristas y minoristas con una velocidad de descarga de al menos 100 Mbps y una velocidad de carga de 5 Mbps.
Los fondos se ejecutarán en zonas rurales remotas, dispersas y escasamente pobladas en las que no existe cobertura a tales velocidades a precios asequibles. La ayuda adoptará la forma de subvenciones directas a los proveedores de telecomunicaciones electrónicas.
Los beneficiarios se escogerán mediante un procedimiento de selección abierto, competitivo, transparente y no discriminatorio. La ayuda cubrirá una parte de la reducción de los precios mayoristas hasta que sean comparables a los precios mayoristas en las zonas más rentables.
Los operadores que se beneficien de precios mayoristas más bajos tendrán que prestar a su vez servicios minoristas a un precio no superior a un precio máximo predefinido por suscripción mensual. La ayuda también financiará los costes directamente relacionados con el acceso de los usuarios finales a ese servicio, incluida la compra de equipos de usuario, su instalación y funcionamiento hasta un precio máximo, independientemente de la tecnología utilizada.
El Ejecutivo comunitario ha llegado a la conclusión de que la ayuda es "necesaria y proporcionada" para subsanar una deficiencia del mercado: la falta de servicios de banda ancha de alta velocidad y asequibles en zonas remotas y escasamente pobladas de España.
El plan tendrá además un "efecto incentivador" para que los usuarios finales se pasen al internet de alta velocidad. Finalmente, el régimen cuenta con salvaguardias suficientes para evitar distorsiones de competencia.
Todas las inversiones y reformas de los planes de recuperación Next Generation que impliquen ayuda estatal deben notificarse a la Comisión para su aprobación previa. Bruselas tiene que verificar que se cumplen las normas sobre subsidios públicos para preservar la igualdad de condiciones en el mercado único y reducir al mínimo las distorsiones de competencia.