La reconversión de Glovo deja a Uber Eats como única empresa de reparto con autónomos tres años después de la Ley Rider
- Glovo busca tener una mayor seguridad jurídica en un futuro con su cambio de modelo laboral, que estará en vigor en unas semanas.
- Más información: Glovo cambia su modelo laboral en España y contratará por primera vez a sus repartidores
Algo más de tres años después de que entrara en vigor la Ley Rider, Glovo ha terminado por ceder a las presiones del Gobierno y ha aceptado cambiar su modelo laboral y empezar a trabajar sólo con repartidores contratados. Una decisión que deja a Uber Eats con la única gran plataforma de reparto a domicilio que seguirá empleando riders autónomos para prestar su servicio en nuestro país.
Pese al cambio legislativo que supuso la Ley Rider para el sector en agosto de 2021, Glovo decidió mantener su modelo de autónomos, aunque haciendo algunos cambios para evitar cualquier posible indicio de presunción de laboralidad entre el repartidor y la plataforma. Por el contrario, sus principales rivales optaron por cesar su actividad (Deliveroo) o cambiar su forma de operar.
Just Eat ya había optado por un modelo de empleados propios antes de que entrara en vigor esta legislación, mientras que Uber Eats decidió recurrir a uno basado exclusivamente en el uso de flotas de repartidores. Sin embargo, apenas un año después anunció su intención de apostar por un modelo híbrido en el que el repartidor podía escoger entre formar parte de una flota o trabajar como autónomo.
Lo hizo después de denunciar ante al Ministerio de Trabajo que Glovo no cumplía con la Ley Rider, lo que le generaba una situación de ventaja respecto al resto de operadores. Por ello, decidió volver a trabajar con autónomos a través de un conjunto de herramientas únicas dentro de la compañía en todo el mundo que fueron "específicamente diseñadas" para cumplir con la legislación española.
Sin embargo, la decisión anunciada este lunes por Glovo deja ahora a Uber Eats como la única gran empresa de delivery con repartidores autónomos. Según estimaciones del sindicato UGT, actualmente un 50% de los riders de esta plataforma son empleados por cuenta propia y la otra mitad pertenece a alguna flota.
Por ello, es de prever que las autoridades pongan en Uber Eats el foco que hasta ahora se había dirigido principalmente a Glovo. Según explican desde UGT a EL ESPAÑOL-Invertia, Trabajo ya ha reanudado las inspecciones por volver a trabajar con falsos autónomos, pero de momento no hay ninguna sanción propuesta.
Sí tiene, en cambio, procesos abiertos por su política laboral anterior a agosto 2021. Sin embargo, el juicio de primera instancia relacionado con una inspección realizada en 2018 sigue aún sin celebrarse. Preguntados por este periódico tras conocerse el cambio de modelo laboral de Glovo, los portavoces de Uber Eats han rehusado hacer declaraciones.
Glovo
Pero ¿cuáles han sido los motivos que han llevado a Glovo cambiar de opinión pese a la defensa férrea que desde la compañía han hecho siempre de su modelo laboral? Como explican fuentes de la empresa a EL ESPAÑOL-Invertia, la finalidad es principalmente tener "seguridad jurídica futura". "No queremos tener que estar todo el rato pendiente de juicios", admiten.
Glovo se ha enfrentado ya a varios procesos judiciales por sus políticas laborales anteriores a 2021, con sentencias a favor tanto de la compañía como de los repartidores. Destaca en especial la decisión del Tribunal Supremo de 2020, que sostenía que Glovo no era una mera intermediaria en la contratación de servicios y que sí existía una relación laboral entre plataforma y rider.
En enero de este 2024 llegó, sin embargo, la primera amenaza de sanción por parte de la Inspección de Trabajo a la compañía al considerar que su nuevo modelo incumplía con lo exigido por la Ley Rider y que estaba empleando de manera fraudulenta a 49 repartidores en Asturias.
Todos estos procesos han hecho que Glovo haya recibido multas por importe de más de 200 millones de euros, sumando las sanciones, las cotizaciones no pagadas y los intereses. Además, Trabajo estima que las cuotas impagadas por Glovo por los alrededor de 60.000 trabajadores que han pasado por la plataforma desde agosto de 2021 ascienden a unos 267 millones de euros.
Impacto del nuevo modelo.
La decisión de Glovo de pasar a un modelo de repartidores laborales se aplicará en unas semanas, una vez se completen los trámites administrativos necesarios. De hecho, todavía se desconoce cómo se va a hacer este proceso, a cuántos de los 15.000 riders actuales contratará y en qué condiciones.
De lo que sí hay detalle es del impacto económico que tendrá esta medida para su matriz, la alemana Delivery Hero, que hoy se ha dejado 1.175 millones de euros en bolsa. En concreto, estima que restará unos 100 millones de euros a su resultado bruto de explotación (ebitda) ajustado para el ejercicio fiscal 2025.
Además, la empresa prevé aumentar la dotación total para contingencias derivadas de la incertidumbre legal hasta un rango de entre 440 y 770 millones de euros en su informe del ejercicio 2024, frente a los entre 350 y 550 millones de euros recogidos en el correspondiente al primer semestre.
A principios de 2023, el Gobierno añadió una nueva vía de presión para las plataformas como Glovo, modificando el código penal. En concreto, se añadió un punto al artículo 311 por el cual se podía castigar con penas de prisión de seis meses a seis años y multa de seis a doce meses a "los directivos que impongan condiciones ilegales a sus trabajadores mediante su contratación bajo fórmulas ajenas al contrato de trabajo".
De hecho, este martes Oscar Pierre, fundador y CEO de Glovo, declara en el juzgado de instrucción número 31 de Barcelona como investigado por un supuesto delito contra los derechos de los trabajadores dentro del proceso de instrucción que se ha abierto por la vía penal.
Pero los juicios no sólo enfrentan a la empresa con sus repartidores y la Inspección de Trabajo. También se verá las caras en los tribunales con sus rivales. Precisamente el pasado viernes Just Eat presentó una demanda contra Glovo por "competencia desleal" al contratar a falsos autónomos y le reclama 295 millones de euros en concepto de daños y perjuicios.
Y a todo esto hay que sumar que hace apenas unas semanas los Gobiernos de los 27 dieron su aprobación final a la primera 'Ley Rider' de la Unión Europea (UE). Un texto que, a pesar de no ser tan ambicioso como pretendía el Ejecutivo español al dejar bastante libertad de decisión a los estados miembros, permitirá mejoras las condiciones laborales de los trabajadores de plataformas.