La Audiencia Nacional investiga el 'hackeo' a la CNMC que robó "dos mil millones de registros de datos sensibles" de telefonía
- La juez Tardón asume esta causa, pese a la oposición de la Fiscalía, que no consideraba a la Comisión como alto organismo del Estado.
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La juez de la Audiencia Nacional María Tardón ha asumido la investigación del ciberataque que sufrió la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en el que se produjo la "posible exfiltración masiva de datos personales".
Concretamente, de dos mil millones de registros de datos sensibles correspondientes a titulares de telefonía móvil que dicho organismo custodia.
Así lo plasma la magistrada en una reciente resolución, en la que acepta la inhibición planteada por el Juzgado de Instrucción 27 de Madrid, en el que recayó la denuncia por estos hechos y encargado, hasta ahora, de investigarlos.
La información que habría sido robada a través de este hackeo alcanza un total de 240 GB (gigabytes) y aluden a los abonados a las líneas telefónicas de España y que, debido a las competencias de la CNMC, son custodiados por este organismo.
Los posibles delitos que se investigan en esta causa son los de ataques informáticos y contra la seguridad nacional.
El Ministerio Fiscal se había opuesto a que la Audiencia Nacional asumiera esta investigación, al considerar que la CNMC, pese a su importante función, no puede calificarse como una institución del Estado.
Sin embargo, la juez María Tardón, una vez analizada la doctrina del Tribunal Supremo, discrepa de este criterio y sí considera que la Comisión debe ser concebida como un alto organismo de la nación.
Ahora bien, en su resolución admite que sería "prematuro inferir cuál pudiera ser la finalidad perseguida por el o los autores" del jaqueo.
"Pero lo que sí resulta claramente objetivado, desde este momento inicial de las investigaciones, es que nos encontramos ante un ciberataque masivo contra una entidad que, por su incardinación en la estructura del Estado y su esencial función en los términos indicados, supone una grave e indudable afectación institucional, en un ámbito tan particularmente sensible y relevante para su normal funcionamiento como el del control del correcto funcionamiento, la transparencia y la existencia de una competencia efectiva en todos los mercados y sectores productivos, en beneficio de los consumidores y usuarios", concluye la magistrada, titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional y candidata a presidir este organismo.