Apenas ha transcurrido un mes desde la declaración del estado de alarma y ya se habla abiertamente del advenimiento de la mayor crisis económica de los últimos 80 años, de la que las más de 100.000 familias que viven del taxi no se van a poder aislar. No se trata ahora de criticar las medidas deficientes y atropelladas adoptadas hasta la fecha, que acentúan la situación desfavorable de los taxistas, esto ya se ha hecho. Tampoco de hacer grandes predicciones o engrosar la nómina de gurús de un futuro distópico.

Sencillamente, procuraré examinar la situación actual del taxi, contextualizada con las previsiones del Gobierno español y los de otros países de la Unión Europea, a fin de exponer cómo podría evolucionar esta actividad en lo que queda de 2020 y principios de 2021 y cuáles son las medidas que favorecerían o perjudicarían su “reconstrucción”. No es fácil tarea, así que ruego se me excuse si desvarío en este ejercicio. 

Los indicadores económicos del FMI y de entidades no controladas por el Gobierno, anticipan una hecatombe económica. Cualquiera que se informe libremente en medios independientes y aplique algo de sentido común y experiencia sobre anteriores crisis, puede vislumbrar un escenario socio-económico sombrío en general, y, muy preocupante respecto a la recuperación de la demanda del servicio de taxi, en particular.

Los datos oficiales de movilidad urbana en el período de alarma, reflejan un descenso medio del 80% en los desplazamientos en días laborables, alcanzando el 90% los fines de semana.

La actual caída media de la facturación de los taxis supera el 80% de pérdidas respecto a 2019. Considerando que los meses de enero y febrero de 2020 han sido de baja recaudación y que la reapertura de las actividades económicas, recuperación de derechos y libertades y salida real del encierro total de la población (me niego a decir “desescalada”) se pudiera producir, durante el mes de junio o julio, las previsiones de pérdidas hasta esa fecha se situarían aproximadamente en el 72% en el primer caso y en el 76%, en el segundo, respecto al mismo periodo de 2019.

Las proyecciones de servicio en los meses que restan hasta la finalización del año, tampoco son halagüeñas, de modo que se mantendrían los números rojos en el sector. Para que el análisis sea fino hay que distinguir, al menos, dos variables. La primera el volumen de posibles viajeros y la segunda la frecuencia de uso.

Ante las previsiones de reducción de tráfico en focos de demanda como aeropuertos, puertos y estaciones de tren o autobuses, hoteles, etc., junto a un desplome del turismo nacional e internacional, las consecuencias son catastróficas para el taxi español, muy dependiente de dicha demanda, mensurable en torno al 30% de la recaudación en las grandes ciudades como Madrid, Barcelona o Málaga, y otras menores de gran atracción turística, según datos de las principales emisoras de taxistas.

La caída media de la facturación supera el 80% respecto al mismo período de 2019. 

La más que probable cancelación de toda clase de eventos como festivales y conciertos, fiestas populares, congresos y pruebas deportivas durante esos meses (pese al anunciado retraso de muchos al otoño, está por ver la efectiva celebración de muchos de ellos), supondrá también severas pérdidas económicas para el servicio de taxi.

La caída de “la noche”, remataría otro importante nicho de mercado. La promoción del teletrabajo, principalmente en grandes compañías que son clientes abonados habituales de las emisoras y plataformas digitales de taxistas, supondrá también unas pérdidas que pueden ser dramáticas por acarrear también la crisis en todo el sector auxiliar de teleoperadoras de taxi, etc.

En ciudades más pequeñas o menos turísticas y en zonas rurales, donde los ingresos por taxi son muy inferiores a las grandes capitales, los costes directos e indirectos de la actividad, superarán los ingresos o reducirán el rendimiento neto de la actividad a niveles insuficientes para la subsistencia.

Aunque también se efectuará una mayor frecuencia de uso del servicio, por un transvase de viajeros del transporte colectivo al taxi, creciendo el número de potenciales usuarios del taxi -por miedo al contagio de COVID-19-, no estimamos que suponga un incremento de facturación mayor del 8-12% (extrapolando las cifras observadas durante las distintas fases del estado de alarma). Ello porque el factor precio -y en parte disponibilidad-, retrae al viajero habitual de autobús y metro, y la tasa de sustitución de dichos trayectos por otro en taxi se pondera en un máximo del 10% de los mismos; y porque el incremento del uso de los vehículos particulares, pese a las numerosas restricciones a su uso, va a ser, con toda seguridad, prelativo al de otros modos de transporte.

Respecto a las medidas para mejorar el sombrío panorama de los taxistas, como contrapeso a la actual ausencia de ingresos, sería necesario añadir a la prestación extraordinaria por cese de la actividad (que está por ver si llega realmente), la suspensión de las cotizaciones de autónomos y la reducción al 50% de todos los impuestos relacionados con la actividad del taxi, incluidos hidrocarburos, de modo inmediato y hasta el levantamiento completo del estado de alarma.

Para ofrecer liquidez sería necesario que se aplacen por un plazo de tres meses (prorrogables) cualesquiera cuotas de leasing, renting o préstamos ordinarios derivados de la adquisición de taxis o sus licencias, correspondientes al período de alarma, posponiendo su pago al final del contrato correspondiente.

Seguidamente, a medio plazo, en otoño, junto con una rebaja de impuestos permanente, reformar rápida y decididamente la regulación sectorial, estimulando la financiación para incorporar nuevas tecnologías -incluso alineadas con políticas de trazabilidad sanitaria que se apliquen a otros modos de transporte- y apostar por la excelencia en la comercialización de servicios, especialmente mediante empresas de la economía social. Flexibilizar tarifas y modelos de vehículos aptos para taxi, invertir en formación y acelerar la transición al eléctrico.

En todo caso hay que huir de recetas que se anuncian por algunos enemigos del comercio (como los retrataría el gran filósofo Antonio Escohotado), consistentes en aplicar una mayor intervención para restringir aún más la oferta de servicios, así como subvencionar a los profesionales o implantar medidas de “nacionalización de las licencias” o de incremento artificial de la demanda mediante el uso temporal del taxi por personal de las administraciones. Todas ellas consideramos que solo multiplicarían y cronificarían la ruina, salvo que, quienes las propugnan, persigan la creación de un sector dependiente del presupuesto público para crear voto cautivo en favor de algún color político, lo cual explicaría semejante disparate.

En definitiva, los taxistas merecen una gran reforma que aborde un gran “Pacto por la Movilidad” en el que, con visión holística, se alcance definitivamente a compensar a los taxistas por el daño producido por la entrada irregular de miles de VTC y se redimensione la oferta de los diferentes modos de transporte urbano, para responder mucho mejor a la adaptación de los taxistas a las futuras necesidades de los usuarios y las ciudades.

**Emilio Domínguez del Valle es secretario técnico de la Federación Española del Taxi (FEDETAXI).