El sector del auxilio en carretera pide ayuda en la crisis del COVID-19.

Las empresas de grúas de auxilio en carretera, que arrastraban una mala situación antes de la crisis del coronavirus, en estos momentos atraviesan por unas gravísimas circunstancias que ya están provocando cierres, ajustes de plantilla y concursos de acreedores.

Excluidos de modo general de la normativa sobre expedientes de regulación temporal de empleo (ERTEs) que ha aprobado el Gobierno del “mando único”, se les ha asestado un duro golpe que dificulta a este tejido empresarial -víctima de una caída drástica de la movilidad y la siniestralidad que lleva aparejada-, adaptarse a la crisis producida por la declaración del estado de alarma.

Aproximadamente 2000 empresas están obligadas a abrir 24 horas y 7 días semanales por decreto, sin trabajo, con las grúas “felizmente” paradas ante la ausencia de averías o siniestros viales, mientras se desangran sin poder reducir los gastos empresariales y de personal, y corriendo con todo el riesgo ante cualquier contagio potencial de los trabajadores o de los usuarios. Todo un disparate.

En esta desesperada situación, la parálisis no es admisible. Las principales empresas de grúas de auxilio, cansadas de estrellarse contra el muro de la incomprensión del Gobierno, con el objetivo de evitar el desfallecimiento económico y para eludir la merma en la prestación del servicio a los automovilistas en nuestra red de carreteras, han decido ofrecer a las plataformas y compañías de asistencia en carretera un Pacto por el Auxilio en Carretera, que permita mitigar el impacto económico durante el tiempo que permanezca el estado de alarma y, sobre todo, después de que levante el mismo. Es momento de que el sector privado busque el modo de sobrevivir a las incompetentes decisiones gubernamentales.

Las empresas de grúas de auxilio precisan que las compañías de asistencia en viaje “no rompan la cadena” y que -de modo bilateral-, aborden juntos los cambios que el mercado necesita para mantener el nivel de servicio y seguridad vial en España, sin retroceder décadas en este aspecto. Sin cavar más hondo.

Para no dañar más al último eslabón de la cadena de la asistencia en carretera, sería necesario una inmediata actualización real de los precios en esta actividad, efectuando las revisiones que vienen siendo postergadas desde hace años, y que se traslade ya a todas las prestaciones de auxilio realizadas desde la declaración del estado de alarma.

Este sector empresarial sufre de una competitividad que ha llegado a eliminar márgenes y realizar servicios, en ocasiones, anti económicos, bajo la máxima de “camina o revienta”, y al aparecer esta crisis lo que se venía manifestando como insoportable se convierte en insostenible.

Al igual que existe una percepción de responsabilidad social que invita a ser especialmente obsequiosos con nuestros sanitarios, transportistas y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, la actuación de las grúas de auxilio ante las emergencias viales que se han producido, merecería una justa recompensa semejante.

Cuando llegue el esperado día del levantamiento del estado de alarma, sugerimos ponernos manos a la obra para la creación de un nuevo modelo productivo generador de una cultura que favorezca la innovación y el perfeccionamiento, mejorando sus resultados a través del ahorro eficiente de costes, creando valor para todas las partes, basado en la incentivación, que establezca un sistema de cooperación que resuelva las incidencias y realizar las operaciones de auxilio evitando los excesos de kilómetros de traslado, gastos para las aseguradoras de taxis, hoteles, etc., y promoviendo mejoras como albaranes digitales, gestión en plataformas virtuales, asignación proporcionada de las responsabilidades por daños en los vehículos, supresión de sanciones contractuales inicuas, etc.

Centrar la atención en las emergencias para flexibilizar las asistencias no urgentes, así como toda la logística de traslados y entregas de vehículos averiados a talleres mecánicos para evitar el incremento innecesario de jornadas laborales y los costes que representan. En definitiva, racionalizar las prestaciones a las compañías de asistencia en viaje para evitar la alteración de los turnos de trabajo ajustados a la legislación laboral y, minimizando el riesgo de incumplimiento de esta, no sobrepasar nunca los horarios o los descansos legales.

También compensar debidamente los costes de depósito de los vehículos siniestrados, en campas u otro tipo de instalaciones, que actualmente están siendo soportados por las empresas de auxilio en carretera, en muchas ocasiones sin ninguna contraprestación.

Compensar igualmente muchas de las tareas de gestión sobre entrega de vehículos, documentación y soportes gráficos de las circunstancias y estado de los siniestros y, en definitiva, numerosas prestaciones que son asumidas en exclusiva por las empresas de auxilio y que es necesario que se mutualicen y repartan solidariamente sus cargas si queremos que todos podamos salir de esta situación. Que las aseguradoras y compañías de asistencia no se queden sin su red de colaboradores y que éstos no vean como pierden sus empresas y los puestos de trabajo que dependen de ellos.

A buen seguro muchos sectores están en circunstancias similares y todos ellos se encuentran dialogando entre la cadena de operadores-proveedores-clientes para salir de este atolladero. Las empresas de auxilio en carretera no son más especiales o de mejor condición que otros miles de empresarios españoles, hoy preocupados por un futuro muy incierto y por los trabajadores y familias que dependen de ellos, pero para ellas ahora es el momento de arrimar el hombro, de ser solidarios, de la responsabilidad social corporativa, de que la peor parte no recaiga sobre los más débiles, autónomos y pymes, generadores de los puestos de trabajo.

Como si de una “carta abierta del sector del auxilio en carretera” se tratase, encendemos una vela por un pacto por la supervivencia de nuestro tejido empresarial para mantener así el nivel de seguridad vial de nuestra sociedad.

Este país no se puede permitir volver a desangrarse por una crisis que nos devuelva a un pasado de carestía del que tanto nos ha costado salir como sociedad, por lo que la apelación al diálogo económico-sectorial es forzosa. Solo hará falta luego que los gobernantes sean sensatos y no empeoren con regulaciones estériles e ineficaces, cuando no desatinadas, lo que el sector productivo ha logrado. ¿Será mucho pedir?

**Emilio Domínguez del Valle es presidente de la Agrupación de Profesionales de Auxilio en Carretera (AGREGA-GRUAS) y asesor legal de la Red de Empresas de Auxilio en Carretera (REAC).