El Gobierno de España, en el año 2009 perjudicó a los taxistas al liberalizar por ley el otorgamiento de las autorizaciones de arrendamiento de vehículos con conductor (VTC), que pasaron en masa (hasta 15.000 nuevos vehículos) a competir con los taxis en el mismo mercado urbano de transportes de viajeros. Se propició así un largo conflicto bautizado mediáticamente como 'guerra del taxi', avivado por la irrupción tecnológica de plataformas como Uber o Cabify.

No se estableció ninguna compensación ni indemnización por tal actuación estatal. Y, en otoño de 2018, como aparente medio de zanjar el momento álgido del conflicto (manifestaciones de taxistas en Madrid, Barcelona y otras ciudades), el Gobierno de España llevó a cabo una nueva reforma legal urgente de los transportes por Real Decreto-Ley, bautizada como Decreto Ábalos en alusión al presunto apaciguador de la contienda.

En él se desautoriza a los vehículos VTC para realizar servicios urbanos a partir de octubre de 2022. La permanencia de los VTC en el mercado urbano durante los años que faltan para alcanzar esa fecha, y las ganancias que generen mientras, sirven como compensación indemnizatoria a las empresas titulares de dichos vehículos.

No obstante, éstos podrían volver a operar en el ámbito urbano de prestación de servicios si obtienen un nuevo y expreso permiso legal de comunidades autónomas y ayuntamientos regulando una suerte de licencias o autorizaciones urbanas que les permitan nuevamente realizar esos servicios que les quedarán vedados a partir de 2022.

En esta ocasión, el Gobierno de España optó por eliminar la competencia, la libertad de elección a los usuarios y resarcir por ello a los VTC, en vez de indemnizar al sector del taxi, damnificado previamente, como se ha explicado. Sin perjuicio del evidente reproche moral y del conflicto que se produjo, no se enervó el reproche judicial o constitucional frente a ninguna de las dos normas legales (Ley Ómnibus en 2009 y Decreto Ábalos en 2018) del Gobierno.

Las ganancias que generen los VTC durante los años que faltan sirven como compensación indemnizatoria a las empresas titulares de dichos vehículos

“En resumen, el Gobierno de España perjudicó a los taxistas sin indemnizarlos y después perjudicó a las empresas de VTC, pero en este caso estableció compensaciones en la ley.”

Recientemente el Consejero de Transportes de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, ha anunciado que aprobará una norma para autorizar y regular el VTC en tráficos urbanos y que los usuarios no vean restringida su capacidad de libre elección de modalidad de transportes, sea taxi o VTC. Pese a haberse negado a ello hace apenas año y medio (en el invierno de 2019), incurso en un nuevo conflicto con los taxistas.

Si la Comunidad de Madrid (o cualquiera otra en similares circunstancias), efectúa esa nueva incorporación en su normativa, estará haciendo un tanto parecido a lo que llevó a cabo el Gobierno español cuando liberalizó este servicio en 2009. De tal modo, estará abriendo el mercado local, recién cerrado e indemnizado, a los VTC en claro perjuicio de los operadores que han quedado en el mismo, los taxistas.

Situados en este contexto, es necesario para los agraviados taxistas recordar que la doctrina del Tribunal Supremo viene reconociendo el derecho a pedir al Estado el resarcimiento de daños derivados de actuaciones legislativas. Cuando no está establecido en una ley, el criterio para determinar si existe tal derecho es la ruptura de la confianza legitima del operador económico en el Estado.

España llevó a cabo una nueva reforma legal urgente de los transportes bautizada como Decreto Ábalos en alusión al presunto apaciguador

Cuando dichos daños puedan derivarse de un cambio de regulación en sentido liberalizador, habría que valorar si el Estado ha alterado la situación singular del operador defraudando dicha confianza legítima.

Una licencia de taxi, por sí misma, no es una garantía de un cierto retorno futuro, y la viabilidad de las eventuales reclamaciones individuales de resarcimiento por un cambio legislativo en sentido liberalizador son inciertas. No obstante, sería admisible prever indemnizaciones económicas u otro tipo de compensaciones no monetarias en concepto de costes de transición a una mayor competencia o flexibilidad en el sector del transporte urbano de viajeros si la pérdida es imputable a aquel cambio normativo.

Las compensaciones a los taxistas pueden, por tanto, acompañar a una norma o ser consecuencia de futuras reclamaciones. En este caso, lo razonable es que, de producirse la reapertura del mercado urbano a los VTC, no tuvieran que ser demandadas por los taxistas, sino que se concedieran por la nueva normativa o se pactasen con los nuevos operadores compensaciones de acceso al mercado.

La vía compensatoria se vislumbra, en todo caso, como una solución moral y razonable, adecuada para avanzar por la senda normativa dirigida a un mercado de la movilidad urbana en taxi menos regulado, más eficiente y donde las iniciativas empresariales puedan encajar mejor. Pero ¿por qué tendría que pagar finalmente la Comunidad de Madrid por una actuación dañina que tiene su origen en el Gobierno de España?

En 2009, los taxistas no reclamaron en los tribunales, pero esta vez sin duda se judicializará cualquier intento de reintroducir los VTC

Si ahora comunidades autónomas y ayuntamientos dictan leyes para permitir que los VTC operen en el ámbito urbano, el taxi debe ser compensado en la misma lógica que debió de serlo en 2009, donde la ley no adhería ningún tipo de indemnización al no reconocer que estaba liberalizando el sector. En 2009, los taxistas -quizá más bisoños o confiados en los embustes del Gobierno- no reclamaron en los tribunales, pero esta vez sin duda se judicializará cualquier intento por reintroducir los VTC en los servicios urbanos.

Extrañamente algunos grupos de taxistas piden que los VTC sean autorizados a realizar servicios urbanos, en perjuicio de sus compañeros. Prevalece su ideología a sus intereses corporativos, de modo que prefieren extender a estas las abigarradas normas que regulan a los taxis, en vez de mantenerlas al margen del mercado urbano donde estos son preponderantes.

Buscan, empero, una mayor flexibilidad de sus propias normas para ser más competitivos. Pero aún en ese caso, tanto si son capaces de detectar el error como si no, otros grupos de taxistas reclamarán compensaciones por el daño que dicha actuación, perpetrada por alguna comunidad autónoma, les pueda producir.

Las Administraciones afectadas deberían hacer una reflexión sobre el mecanismo de compensación elegido, si es ajustado a las normas en materia de Ayudas de Estado o si pudiera actuar como una barrera de entrada a nuevos operadores.

Estas indemnizaciones, si -como previsiblemente parece- no se incluyen en las normas autonómicas, so pena de establecerse otros mecanismos de compensación, reabrirán el conflicto y tendrán que ser exigidas jurisdiccionalmente, previa su cuantificación o valoración individual y, en cierto modo, también colectiva.

Casi con toda seguridad, no será útil para los usuarios ni para la adaptación de los taxistas y operadores a un nuevo mercado de transporte urbano

Para efectuar tal valoración habrá que realizar un análisis econométrico para disponer, como mínimo, de información sobre fechas y precios de las adquisiciones de las licencias, su rendimiento económico y las previsibles pérdidas económicas producto de dicha liberalización por apertura del mercado de transporte urbano a los VTC.

Todo ello con el fin de obtener un mecanismo de compensación para evitar situaciones similares a la creada con los costes de transición a la competencia (CTC) pagados en, su día, al sector de la electricidad.

Este escenario puede ser útil a todo tipo de plataformas de reclamantes individuales o colectivos, y es probable que reconfigure el mapa asociativo del taxi. Pero, casi con toda seguridad, no será útil para los usuarios ni para la adaptación de los taxistas y operadores a un nuevo, más flexible y abierto y competitivo mercado de transporte urbano de viajeros en vehículos de turismo. Esa es otra 'guerra'.

***Emilio Domínguez del Valle es abogado experto en Movilidad y Transportes.