Ni problemas técnicos, ni falta de capacidad inversora. La principal causa para que la red de carga de vehículos eléctricos en España no crezca a mayor velocidad son las barreras administrativas. Una limitación que provoca que España cuente con sólo 8.000 puntos de carga públicos y que frena la posibilidad de cumplir los objetivos que desde el sector se marcan para fomentar la venta de coches no contaminantes. 

La Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso del Vehículo Eléctrico (Aedive) ha puesto en marcha un grupo de trabajo -realizado con las comercializadoras eléctricas, empresas energéticas y compañías especializadas en el despliegue de este tipo de infraestructuras- donde se ha analizado la posibilidad de poder cumplir con el objetivo de desarrollo de la red de carga anunciado por el Gobierno. En él se han estudiado las instalaciones existentes y pendientes de los permisos que habilitarían la operación de estas instalaciones, así como los proyectos a futuro inmediato de despliegue de cada una de las empresas en los próximos cuatro años.

Los operadores de carga en España se encuentran, principalmente, con dos barreras a la hora de desarrollar la infraestructura. Por una parte, los permisos que dependen de la Dirección General de Carreteras. Por otra, los permisos y criterios que rigen en cada ayuntamiento para el despliegue de puntos de carga.

En lo que atañe a la primera barrera, inicialmente se asimilaron los puntos de recarga para vehículo eléctrico a estaciones de servicio, con lo que los requisitos para su implantación son muy estrictos. Recientemente se ha hecho una modificación al respecto, suavizando algo los requerimientos, pero, aun así, el trámite es complicado y dificulta muchas operaciones.

El plazo de tiempo que tarda este organismo en responder es también desorbitado, ya que puede alargarse hasta un máximo de seis meses y si en ese tiempo no hay respuesta, se entiende que el silencio es negativo, lo que implica volver a empezar y ello está retrasando significativamente todas las instalaciones en carretera, según explican desde la asociación. En carreteras autonómicas o provinciales hay que ajustarse a la normativa de cada administración y en algunos casos el trámite es más sencillo.

Permisos y licencias

Por su parte, los ayuntamientos y las comunidades autónomas, tienen normativas y criterios diversos a la hora de autorizar la instalación de puntos de recarga, lo que complica los procesos de tramitación, y en ocasiones los retrasan. Los permisos de obras para puntos de recarga pueden obtenerse de forma ágil o todo lo contrario, con grandes variaciones entre municipios y comunidades.

Para solucionarlo, desde el sector se solicita una batería de actuaciones. La primera de ellas defiende la necesidad de que las instalaciones de recarga en suelo público se liciten de forma homogénea. Para ello es clave priorizar la calidad y los aspectos técnicos del proyecto respecto al canon económico a pagar, con una duración del acuerdo a largo plazo y acceso público garantizado para cualquier usuario.

Del mismo modo, solicitan la validación de una declaración responsable frente a la cantidad de licencias municipales, del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, de la Confederación Hidrográfica y otros instrumentos administrativos que dificultan la instalación y puesta en marcha de este tipo de infraestructuras.

Otro de los puntos claves tiene que ver con la transparencia y la disponibilidad pública de la información de la capacidad actual de la red de distribución (Media Tensión). A la hora de consultarla para una ubicación específica, lo que es interesante es conocer la coincidencia entre las vías (autopistas) y la capacidad en media tensión.

Ventanilla única 

En este sentido, el estudio de Aedive solicita crear una ventanilla única para las administraciones, con el fin de resolver las dudas sobre permisos, concesiones demaniales, ayudas y trámites. Los servicios técnicos municipales se ven desbordados por la tramitación, en general por desconocimiento y tardan meses en contestar, por lo que esta nueva ventanilla descongestionaría mucho el proceso.

Además, el documento solicita la declaración de interés estratégico nacional a las infraestructuras de más de 250 kW, que conlleva la reducción de los trámites administrativos que afectan a iniciativas de gran capacidad. A lo que consideran habría que añadir una agilización por parte del Ministerio de Industria de la aprobación de proyectos eléctricos necesarios para acometidas de media tensión para desplegar infraestructuras de recarga, que actualmente implican tiempos de hasta un año.

Otro elemento clave a estudiar sería la ampliación del periodo de las concesiones para Áreas de Servicio, que actualmente son de 5 años, hasta 10 años. El objetivo sería hacer rentable la inversión de los operadores en este plazo.

Por último, las inversiones en infraestructura eléctrica para conectarse a la red que han de realizar los operadores de recargan en algunos emplazamientos pueden llegar a representar un porcentaje muy elevado de la inversión total, llegando a frenar el desarrollo de infraestructura de recarga, dada la baja utilización de la misma a día de hoy. Ante esta situación se plantea establecer medidas para facilitar el régimen de acometidas para puntos de recarga de acceso público en suelo no urbanizado de manera similar a los que realiza en suelo urbanizado.

Impuestos y líneas de crédito

Asimismo, en el proceso de desarrollo e instalación de la infraestructura de recarga, se propone aplicar un IVA reducido para la electricidad destinada a la recarga eléctrica en los puntos de acceso público. En este sentido, destacar la reciente decisión del Consejo Europeo por la que se autoriza a los Países Bajos a aplicar un tipo impositivo reducido a la electricidad suministrada a estaciones de recarga para vehículos eléctricos.

El documento de Aedive también solicita un incremento en el presupuesto del plan Moves dedicado a infraestructuras de recarga y unificar los criterios de acceso entre las diferentes comunidades autónomas. Facilitar líneas de crédito flexibles (tipo ICO) para la electrificación de flotas de empresa.

Del mismo modo, el estudio pide implantar un mercado o tasas de emisiones de la movilidad al igual que existen en otros países europeos. Esta medida permitiría que los propietarios de infraestructura que promueven la energía verde en sus instalaciones puedan vender dichos derechos dentro de un mercado global de emisiones de movilidad.

Así las cosas, 2021 se presenta como un año clave para el despliegue de la movilidad eléctrica en España. Un momento en el que, con los planes de despliegues anunciados por los operadores de redes de carga, la infraestructura española podría dar un paso definitivo para que el uso de vehículos eléctricos crezca al mismo nivel que en otros países europeos.