La falta de infraestructuras de recarga ha sido una de las grandes barreras a la extensión del uso del vehículo eléctrico. España se encuentra a la cola de Europa en puntos de carga y el incremento de las matriculaciones de los vehículos sostenibles no se acompasa con una red que garantice a los usuarios la recarga de sus automóviles.
Anfac y Faconauto han unido fuerzas para desbloquear la situación y proponen un "indicador teórico cuantitativo y cualitativo" de la infraestructura de recarga que identifique la necesidad de inversión y las herramientas y despliegue necesarios para conseguir los objetivos fijados por Europa para la descarbonización de la movilidad.
Para ello, la tecnología permitiría la identificación de puntos de recarga necesarios por comunidad autónoma y detectar las vías con alta capacidad de instalación. La herramienta incluiría también un detector de los puntos de recarga con más de 250khw, especialmente útil para los vehículos electrificados más pesados. El plan de inversión del despliegue ascendería a 5.500 millones hasta 2030 y 13.500 millones en 2040.
Desafíos
La alianza entre Anfac y Faconauto, patronal de concesionarios en España, tiene como objetivo acelerar el ritmo de la red de recarga de acceso público para acompasar su crecimiento al de la matriculación de los vehículos electrificados.
"El vehículo eléctrico está creciendo, pero no vemos lo mismo en las zonas de recarga", argumenta José López-Tafall en la ponencia para presentar el plan de infraestructuras. Las cifras - según los datos de Anfac - ascienden desde las 17 unidades eléctricas en 2010, hasta las 17.295 este año.
No obstante, y a pesar del plan MOVES para incentivar la compra del vehículo electrificado, ambas organizaciones coinciden en que hay varios desafíos que acometer. Entre ellos, que el 83% de los puntos de recarga, lo constituyen zonas de carga lenta. Asimismo, hay una disparidad entre las regiones españolas en infraestructura de recarga y que a pesar de aumentar los vehículos sostenibles, el parque español continúa por debajo del 10% situándose también a la cola europea.
Tanto Anfac como la patronal han asegurado que para acelerar la movilidad sostenible es necesaria una eliminación en las barreras de entrada para la utilización de los vehículos eléctricos.
Por un lado, reclaman una "eliminación de barreras regulatorias, económicas y de mercado existentes para el despliegue de las infraestructuras" y por otro "ayudas de compra suficientes en cuantía y eficientes en su diseño".
Regulación
Para poder llevar a cabo el despliegue de las infraestructuras de recarga en las vías españolas, Anfac ha propuesto que el plan MOVES para incentivar la compra de vehículos sostenibles sea llevado a más regiones españolas.
Según, Marta Blázquez, vicepresidenta de la patronal, solo siete comunidades cuentan este plan e incita al resto de las regiones a publicarlo en el BOE, para que "no haya diferencias entre consumidores".
Por otro lado, proponen una cogobernanza entre las administraciones "de todos los niveles", junto con los agentes que promueven la transición de la movilidad para que no haya "disparidad de criterios". Por último, López-Tafall ve necesario respecto a políticas regulatorias, "conseguir bajadas en el precio de la electricidad".
Objetivos
Cabe recordar que el objetivo de Europa pasa por reducir un 15% las emisiones de CO2 para 2025 y un 37,5% en 2030. Por otro lado, la Ley de Cambio Climático aprobada por el Ejecutivo fija las cero emisiones de CO2 en 2040.
La metodología propuesta por ambas organizaciones sugiere que los 11.517 de puntos de acceso público de recarga que hay en España deben pasar a ser 70.000 (multiplicarlos por seis) en 2023 y 110.000 en 2025. Unos objetivos que -según afirman - van alineados con el plan de despliegue propuesto por el Gobierno. Así, los turismos electrificados se deben multiplicar por 35 para 2030 si se quiere seguir la senda europea.
España se encuentra a la cola de los países del viejo continente en la electrificación del parque móvil y zonas de recarga. Prueba de ello, son las 245 zonas de recarga por cada millón de habitantes, muy lejos de las 4.760 de Países Bajos. Por ello, fabricantes, patronales, proveedores de energías renovables y Administraciones públicas deben unir fuerzas para renovar el parque de vehículos y crear un nuevo ecosistema de zonas de recarga.