La puesta en marcha de uno de los instrumentos estrella del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno encara la recta final. Bruselas fijará antes de que termine 2021 la cuantía de las ayudas públicas que podrá movilizar el PERTE del coche eléctrico y conectado. El primero de los proyectos singulares que recibirá el apoyo de los fondos europeos Next Generation.
La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha sido la encargada de presentar ante la comisaria europea de Competencia, Margrethe Vestager, las bases de este proyecto, que será el modelo que el resto de los PERTE previstos en el Plan de Recuperación seguirá.
Según ha declarado Maroto tras la reunión, el ministerio depositó el pasado viernes 5 de noviembre toda la documentación de la orden de bases del proyecto. Ahora se abre un plazo de seis semanas en el que los representantes de la Comisión evaluarán los detalles del proyecto y fijarán la cantidad y la fórmula de las ayudas que el Gobierno podrá repartir.
Según estos plazos, Bruselas debería poder pronunciarse antes del próximo 17 de diciembre. Esta fecha permitiría al Gobierno cumplir con el calendario que se había marcado y aprobar en Consejo de Ministros las diferentes convocatorias que se incluirán en el PERTE antes de que termine 2021.
Encaje con la regulación europea
Pese a que los PERTE estaban ya presentes en el Plan de Recuperación que la Comisión aprobó el pasado 16 de junio, representantes del Gobierno y del ente comunitario llevan semanas negociando los detalles. Desde Bruselas el concepto y el diseño de estas ayudas siempre han sido bien recibidos. Ahora la clave está en la cuantía y las fórmulas que se eligen para movilizar el dinero.
La regulación europea limita las fórmulas con las que los Estados miembros pueden inyectar dinero, tanto público como de fondos europeos, en empresas y proyectos. En el caso del PERTE del coche eléctrico y conectado está previsto movilizar 24.000 millones, de los que 4.000 tendrían su origen en ayudas directas de los fondos europeos. Las negociaciones están fijando el volumen de las ayudas públicas en fórmula de subvenciones y si pueden superar los límites que marcan las ayudas de Estado permitidas en la Unión Europea.
No es lo mismo que el Estado entre como accionista, que se movilicen unas determinadas cuantías o que se faciliten de alguna manera préstamos blandos o participativos. Al tratarse de una industria singular como lo es el automóvil, desde Bruselas se quiere evitar que la fórmula finalmente elegida pueda ser motivo de futuras reclamaciones.
Sin ir más lejos, Estados Unidos y Europa llevan décadas litigando por las ayudas públicas que en la industria de la aeronáutica han recibido tanto Boeing como Airbus. Un conflicto que ya quedó resuelto pero que llegó a escalar hasta el punto de requerir la entrada en la partida del propio Fondo Monetario Internacional y la puesta en marcha de aranceles cruzados. Una situación que no se quiere repetir, puesto que en Estados Unidos también se están movilizando ayudas públicas similares para desarrollo de la automoción eléctrica.
Calendario apretado
A la salida de la reunión, la ministra de Industria se ha mostrado optimista ante el futuro desenlace de esta negociación. "Muy pronto tendremos buenas noticias. El PERTE avanza en Europa. Esto es un proyecto ganador en el que están trabajando de forma conjunta el Gobierno y el sector industrial. De hecho, España es el único país que ha presentado un proyecto integral de cadena de valor de esta envergadura".
Ahora, los representantes de la Comisión fijarán los detalles y la fórmula de estas ayudas. El último paso que permitirá al Gobierno poner en marcha el PERTE del coche eléctrico y conectado. Según el calendario previsto, antes de final de año se publicará la orden ministerial en la que se fijarán las bases y la convocatoria. Este punto será el pistoletazo de salida definitivo para que las compañías que pretenden participar en esta iniciativa presenten sus solicitudes.
En concreto, estas empresas tendrán tres meses para hacer llegar sus propuestas. Entre diciembre de 2021 y febrero de 2022 deberán formalizarse los grupos que optarán a un paquete de ayudas enmarcado dentro de la denominada estrategia de impulso del proyecto transformador de la cadena de valor del vehículo eléctrico conectado.
Así las cosas, el balón está en el tejado de Bruselas. Las próximas seis semanas serán claves para conocer si el PERTE del coche eléctrico y conectado va a poder contar con todo el potencial fijado en su diseño. Unas ayudas que pretenden permitir a España entrar en el campo de la fabricación de baterías o de los semiconductores, entre otras materias. Elementos fundamentales para que el país mantenga la posición privilegiada como segundo fabricante de automóviles del mundo en la nueva era eléctrica.