Transportes se compromete a no implantar el pago por uso en carreteras sin consenso con los transportistas

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana trabaja en mejoras para los transportistas como alternativas al pago por uso de las carreteras que se podrían incluir en la Ley de Movilidad Sostenible cuya presentación a Consejo de Ministros está prevista para antes de finales de 2021. Todo ello con el objetivo de que se desconvoquen los tres días de paros convocados por los transportistas para las Navidades.

Esta semana, el ministerio ha presentado un documento de trabajo al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL-Invertia en el marco de la negociación en el departamento de Mercancías del Comité Nacional de Transporte por Carretera (CNTC).

Así, se pretende añadir a la Ley de Movilidad Sostenible -que actualmente está bajo consulta pública- una disposición adicional en la que se establezca la obligación del Gobierno de presentar un estudio de alternativas que analice las distintas opciones viables para establecer un mecanismo de financiación que permita garantizar los fondos necesarios para un adecuado mantenimiento de la Red de Carreteras el Estado.

Cabe recordar que los transportistas mostraron su disconformidad con el pago por uso de las carreteras.

El documento recoge “La necesidad de que las medidas que puedan implantarse como consecuencia del estudio presentado deban estar amparadas en un amplio consenso social y político y se ajustarán a las circunstancias económicas concurrentes”.

Por ello, “está previsto que en el primer semestre de 2022 se presente una primera propuesta que será tratada con el CNTC, y se mantiene el compromiso de no implantar ninguna medida de pago por uso a los transportistas profesionales sin el consenso del sector”, según detalla el documento. 

Otros cambios

Asimismo, se pretende incluir una disposición final por la que se modificará el artículo 20 de la Ley 15/2009, de 11 de noviembre, del contrato de transporte terrestre de mercancías, reforzando la presunción de la responsabilidad del cargador en la asunción de las operaciones de carga y descarga y estiba y desestiba, que sólo podrá deshacerse mediando pacto en contrario por escrito, con una antelación suficiente de 24 horas. 

También se trabaja en incluir una disposición final por la que se modificará el artículo 38 del contrato de transporte terrestre de mercancías, relativo a la revisión del precio del transporte por carretera en función de la variación del precio del gasóleo, “con objeto de hacer obligatoria la revisión del precio del transporte en los supuestos de variación del precio del gasóleo desde el momento de la contratación hasta la realización efectiva del transporte”.

Otra de las ideas en las que se trabaja es la adopción de un Código de Buenas Prácticas Mercantiles en la Contratación del transporte terrestre de mercancías, así como la creación de un Registro Estatal de Buenas Prácticas Mercantiles en la Contratación de Servicios de Transporte Terrestre. 

Medidas económicas

En cuanto a las medidas de tipo económico, en el documento de trabajo se recuerda que el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia se han incluido diversas líneas de subvención que contribuirán de manera directa a la mejora del sector del transporte de mercancías por carretera.

El Plan de Recuperación prevé una línea de financiación de estas áreas en la red de carreteras del Estado, vinculadas a la iniciativa privada. 

La dotación para estas ayudas alcanza los 20 millones de euros en la próxima convocatoria de ayudas a empresas privadas del programa de 'Ayuda al Transporte'. La intensidad máxima de la subvención alcanzará el 50% de los costes elegibles para estudios y hasta el 30% para obras e instalaciones, según recogerá la próxima normativa reguladora a este respecto, prevista para el primer trimestre de 2022.

Dentro de las acciones vinculadas al plan de recuperación, durante 2022 se avanzará en las líneas vinculadas a la digitalización del sector y la capacitación digital de su personal. Estas líneas de ayudas estarán dotadas con 110 millones de euros y 33 millones de euros respectivamente.

En dicho documento, el Gobierno reconoce “la existencia de claras asimetrías en el poder de negociación que pueden derivar, y en ocasiones derivan, en una falta de transparencia en la fijación de precios y en prácticas comerciales potencialmente desleales y con prácticas contrarias a la competencia que distorsionan el mercado y tienen un efecto negativo sobre la competitividad de todo el sector”.