Llego la hora del pago por uso a las infraestructuras españolas. Tras varias legislaturas en las que la puesta en marcha de un sistema que permita financiar el mantenimiento de las infraestructuras ha entrado y salido de las agendas de los diferentes equipos que han capitaneado el antes conocido como Ministerio de Fomento, ahora Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, 2022 será el año en el que veamos una propuesta en firme.

El Gobierno ha fijado 2024 como fecha límite para implementar un mecanismo de pago por el uso en la red de carreteras del Estado, según refleja el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia remitido a Bruselas. Este plazo se justifica porque de acuerdo con la experiencia internacional, se necesitan entre dos y tres años para desarrollar los instrumentos normativos y crear la estructura precisa para implantar un sistema de pago por uso en España.

Por ello, 2022 será el momento de poner en marcha este nuevo modelo que afectará sustancialmente a la movilidad interurbana española tanto en los que se refiere a los ciudadanos como a las mercancías. Los costes de conservación de la red estatal de carreteras (que supera los 26.466 km de extensión, de los que unos 12.000 son de vías de alta capacidad) no pueden ser asumidos de manera directa por los recursos presupuestarios.

En concreto, la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de infraestructuras (Seopan) calcula que el Estado podría ingresar 9.525 millones de euros anuales si el Gobierno apostara por el pago por uso en la red española. Pero no estamos ante una cuestión meramente económica. Según señalan desde el ejecutivo, el nuevo sistema favorecerá un uso más eficiente del transporte en vehículos privados lo que, a su vez, permitiría una reducción de las emisiones contaminantes.

Dos fases de implementación

Como adelantamos en este diario, la fórmula elegida para arrancar estrategia planteada por el Gobierno se apoyaría en el sistema conocido como 'viñeta'. Este concepto se basa en un pago único anual por el cual los usuarios reciben una pegatina que adhieren a sus vehículos y con la que pueden circular libremente por las autovías y autopistas del país.

El plan en el que trabaja actualmente el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana señala al tercer trimestre de 2023 como el momento en el que se lanzaría la 'viñeta'. Una fórmula que sería temporal ya que, según este mismo plan, el objetivo sería implementar un modelo más avanzado a partir de 2025.

Los defensores del formato de 'viñeta' la valoran como el método de más fácil implementación. Este modelo ha sido el elegido desde hace años por países como Suiza gracias a su simplicidad. Con una inversión mínima, se puede cambiar el actual modelo sin necesidad de poner en marcha ningún sistema técnico. Los agentes de tráfico serían los encargados de controlar la identificación de los vehículos que, en el caso de usar una autovía de pago sin el distintivo, se arriesgarían a tener que pagar cuantiosas multas.

Del mismo modo, el objetivo recaudatorio también se simplificaría. Así como los peajes de todo tipo permiten ir generando ingresos a modo de goteo, la 'viñeta' generaría un importante nivel de pagos en fechas muy determinadas. Ello dotaría a la Administración de recursos y mayor predictibilidad para acometer las tareas necesarias.

Además, en la elección de la viñeta ha pesado el componente territorial. Un modelo igualitario para todo el territorio es visto como el más adecuado económica y socialmente ya que será el conjunto de la red el que se beneficiará de los ingresos que genere.

2025 en el horizonte

En el diseño planteado actualmente por el Gobierno la viñeta será la antesala a un modelo de pago por uso más avanzado. Así como la primera implementación permitirá que todos los usuarios de la red aporten a su conservación y mantenimiento, el objetivo del equipo de la ministra Raquel Sánchez es ir a un modelo en el que pague más quien más use y quien más contamine. 

Esta evolución llegaría en 2025 y su implementación sería paulatina. El paso previo sería la puesta en marcha de una serie de experiencias piloto que permitirán probar diferentes tecnologías más avanzadas para dotar a la red española de un sistema de pago más sofisticado.

Las barreras de los actuales peajes dejarían paso a arcos, cámaras y sensores que serían los encargados de detectar los modelos, los kilometrajes o los pasajeros sobre los que se realizaría el cálculo de cada trayecto. Los usuarios deberían realizar pagos por el uso realizado en los periodos establecidos. Un sistema que se acerca más al que actualmente utilizan países como Portugal, Alemania o Chile.

Así las cosas, 2022 se presenta como el año en el que se pondrán los pilares de uno de los cambios que van a afectar de forma más profunda a cómo los españoles nos desplazamos por territorio nacional. Una trasformación que dejará atrás años de desequilibrios y que dará entrada a un modelo en el que los usos y conductas definirán el origen de los recursos necesarios para mantener nuestras infraestructuras.