La pasada semana el Parlamento Europeo aprobó la reforma de la Euroviñeta. Esta regulación define las tasas que los Estados miembro pueden aplicar a los vehículos que utilicen las infraestructuras que forman parte de la red transeuropea de transporte. Aunque, en sí misma, la norma ya tiene un efecto sobre España, la decisión gana importancia dado el contexto político español. 

El Gobierno tiene decidido acometer un importante cambio en la estrategia de financiación de las infraestructuras apoyándose en el pago por uso de las infraestructuras. Como adelantó este diario, entre los puntos fuertes de esta nueva estrategia, que actualmente se encuentra terminando su definición, está la intención de aplicarla en dos fases.

En una primera se optaría por la viñeta. Esta tasa, ya utilizada en otros países, supone un pago único anual por el cual los usuarios reciben una pegatina que adhieren a sus vehículos y con la que pueden circular libremente por las autovías y autopistas del país. Según el diseño actual del proyecto, tras un periodo de unos dos años, se implantaría un modelo más avanzado.

Es en este punto donde el marco fijado por la Euroviñeta servirá como apoyo al ejecutivo español. Y es que la filosofía que sigue la regulación europea coincide en lo más básico con el concepto que maneja el Gobierno español: que quien más impacto genere con su actividad, más pague. 

Cálculo por distancia, no por tiempo

La actualización de la Euroviñeta sustituye los actuales peajes basados en el tiempo de uso de la carretera para los vehículos pesados (camiones y autobuses) por tasas que lo que valoran es la distancia recorrida. Según defienden los precursores de este cambio, el paso a un modelo de cobro basado en los kilómetros recorridos reflejará mejor el principio de "quien contamina paga".

Esta es el concepto que está en el centro de la política medioambiental que la Unión Europea quiere establecer. El objetivo es que los comportamientos que dañan el medioambiente compensen los costes que generan.

Los cambios pretenden unificar el sistema de cobro en las carreteras a nivel europeo y, con ello, ayudar a financiar las infraestructuras viarias. Del mismo modo, estas medidas esperan reducir la congestión y alcanzar los objetivos climáticos.

Dos años para incorporarlo a la legislación

Los países de la Unión Europea decidirán si introducen o no la tarificación del transporte por carretera, pero si lo hacen deberán aplicar las nuevas normas para eliminar las distorsiones de la competencia en el transporte por carretera. Tienen dos años para incorporar las nuevas reglas a sus legislaciones nacionales.

Ocho años después de la fecha de entrada en vigor de la directiva, en 2030, los Estados miembros no aplicarán tasas como la viñeta por utilización a los vehículos pesados en la red transeuropea de transporte. Estas serán sustituidas por peajes, con un precio en función de la distancia.

Se permitirán algunas excepciones y los países de la Unión Europea podrán seguir usando las viñetas en otras partes de sus redes. Las tasas por utilización de las carreteras para las camionetas y los vehículos comerciales ligeros variarán en función de las emisiones de CO2 y/o de su comportamiento medioambiental. El objetivo es animar a usar vehículos más respetuosos con el medioambiente.

Todo tipo de vehículos

Las normas de tarificación se ampliarán para no sólo incluir los vehículos pesados de más de 12 toneladas, sino todos los camiones, autobuses, turismos y furgonetas. Si los países de la Unión Europea deciden cobrar a estos vehículos, podrán hacerlo utilizando sistemas de peaje o viñeta.

Además, se introducirán límites de precio para las viñetas de corta duración de los turismos. Del mismo modo, las viñetas de un día tendrán que estar disponibles para los viajeros en tránsito. La nueva regulación también permite la opción de introducir una tasa de congestión para todos los vehículos, cuya recaudación se destinará a resolver este problema.

Los países de la Unión Europea podrán aplicar tasas diferentes para las distintas categorías de vehículos. Por ejemplo, pueden decidir no cobrar nada a los autobuses o sí hacerlo a vehículos de forma específica. Si el transporte por carretera se incluye en un mecanismo futuro de tarificación del carbono, las normas dejarán de aplicarse para evitar la doble imposición.

Así las cosas, la reforma de la regulación europea aporta un marco que el Gobierno pondrá en dos sentidos. Por un lado, podrá basarse en la nueva norma para desarrollar la suya propia. Además, contará con un argumento de peso en el que centrar su defensa de la necesidad de aplicar en España nuevas tasas en el uso de las infraestructuras. Algo fundamental para que esta iniciativa consiga apoyos dentro y fuera de sus socios parlamentarios.