PERTE del vehículo eléctrico: la industria de la automoción se juega una década en un mes

El próximo 3 de mayo la suerte estará echada. Ese día es la fecha límite fijada para que los interesados en participar en una de las mayores movilizaciones de ayudas públicas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia presenten sus propuestas para hacerse con los 2.975 millones de euros con los que está dotado el conocido como PERTE VEC. 

Seis meses después, a comienzos de octubre, se conocerán las puntuaciones de las solicitudes y los importes totales que corresponderán a los ganadores de estas ayudas. Un corte que supondrá un antes y un después para las compañías ya que la llegada de estos fondos permitirá desbloquear importantes planes de inversiones por parte de los centros de decisión de las marcas con presencia en España.

A la parte industrial del PERTE hay que añadir las ayudas del Plan Moves III, el Programa Moves Proyectos singulares, el Programa Tecnológico de movilidad sostenible del CDTI, inteligencia artificial y vehículo conectado que aumentan el presupuesto de ayudas hasta los 4.300 millones de euros.

Las estimaciones del ministerio de Industria señalan que el desarrollo del proyecto prevé una inversión total de más de 24.000 millones de euros en el periodo 2021-2023 entre inversiones públicas y privadas.

78% del pago se realizará en 2022

La velocidad también va a marcar los plazos con los que el dinero llegará a los beneficiarios. El primer pago se ordenará una vez dictada la resolución de concesión. El importe de la anualidad de 2022 será de unos 2.321 millones. El 78% de los fondos del programa de ayudas contempladas.

El segundo pago, de 654 millones de euros, se realizará a lo largo del año 2023. En este caso estará condicionado a la presentación antes del 15 de septiembre de 2023 de la situación actualizada de las inversiones y gastos realizados hasta la fecha por los beneficiarios. Se exigirá un nivel de avance importante para poder acceder al segundo de los pagos del PERTE.

En lo que a las condiciones se refiere, un total de 1.425 millones de los 2.975 asignados al PERTE serán préstamos. Los solicitantes decidirán la tipología en la que optan a la ayuda, En el caso de los préstamos, el plazo de amortización de la parte de ayuda concedida será de 10 años. Además, contará con tres años de carencia por lo que no deberán comenzar a devolverse hasta 2025. El tipo de interés aplicable será del 0%. Un dato crucial.

Y es que, si ya de por sí el PERTE resultaba un vehículo atractivo para las compañías, la subida de los tipos de interés que se prevé para los próximos meses va a aumentar el interés por estas ayudas. Pese a que los grandes grupos automovilísticos cuentan con líneas de financiación de primer nivel, contar con créditos de esta cuantía, duración y carencia en el actual contexto económico va a aumentar el valor de esta parte del plan de ayudas.

Final: 30 de junio de 2025

Si ajustados van a ser los plazos para solicitar la participación en este PERTE, tanto o más lo van a ser los de su ejecución. Las empresas tendrán que desplegar los proyectos entre su adjudicación en octubre de 2022 hasta el 30 de junio de 2025.

Estos plazos coinciden totalmente con el timing de la industria. 2025 está marcado en rojo en la gran mayoría de los calendarios de los fabricantes de automóviles como el año en el que se produzca el giro total del mercado a los vehículos eléctricos.

El PERTE va a respaldar los próximos tres años en los que la industria española deberá terminar de electrificar sus plantas, dotarlas de una mayor capa de inteligencia digital y abrir la puerta a nuevos actores en la cadena de valor de este negocio. En este punto destaca la puesta en marcha de las primeras fábricas de baterías en territorio español.

Un hito fundamental para asegurar la rentabilidad de producir vehículos eléctricos en las factorías españolas. 

Dos CCAA y tres bloques

La convocatoria exige que los proyectos cuenten con impacto relevante en un mínimo de dos comunidades autónomas. Del mismo modo, la convocatoria flexibiliza la condición de que el 30% de las ayudas de cada iniciativa tiene que recaer en las pymes. Según la nueva redacción, se podrá computar también la ayuda equivalente al presupuesto contratado y subcontratado por las grandes empresas con dichas pymes.

Los proyectos aprobados deberán contar con un participante de cada uno de los tres bloques obligatorios: fabricante de baterías, fabricante de automóvil y fabricante de componentes. Deberán estar formados por al menos por 5 entidades relacionadas con la fabricación del vehículo eléctrico. Al menos un 40% de ellas serán pymes y debe ser proveedora de conocimiento.

Así las cosas, la puesta en marcha del PERTE del vehículo eléctrico y conectado abre la puerta definitiva para la transformación de uno de los sectores industriales con más peso en la economía española. Una mutación camino a la electrificación y a la digitalización de cuyo éxito depende que España siga siendo el segundo fabricante de automóviles de Europa.