El próximo 1 de octubre termina el plazo que el conocido como decreto Ábalos fijó para que las comunidades autónomas regularan la actividad de los vehículos de transporte con conductor (VTC). En 2018, el Ministerio de Transportes Movilidad y Agenda Urbana otorgó cuatro años de periodo indemnizatorio hasta que cada territorio contara con su propia norma.

Un plazo que se está apurando al máximo, lo que va a provocar una semana caliente en el sector. Andalucía y la Comunidad Valenciana, dos de los principales mercados para esta industria, están ultimando los detalles de las nuevas normativas que regirán la actividad de empresas como Cabify, Uber y Bolt.

La comunidad presidida por Juanma Moreno tiene previsto aprobar este martes en Consejo de Gobierno su normativa para regular las VTC tras semanas de duras negociaciones y violentas manifestaciones en la calle. Se trata de la segunda comunidad con más licencias, solo superada por Madrid, y en ella se encuentran el 19% de las VTC de España.

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Con 3.256 licencias de VTC y 8.782 taxis, Andalucía no prevé dar luz verde a nuevas VTC hasta que no se cumpla la proporción de un vehículo de transporte por conductor por cada 30 taxis. Por el momento, la media está en 2,7.

Otra de las medidas estrella será crear zonas de “especial protección” cerca de puntos estratégicos para que las VTC no puedan circular para captar clientes, según han explicado desde la Consejería de Fomento a EL ESPAÑOL-Invertia.

Especial protección

La distancia mínima se prevé que sea de 300 metros en el caso de puertos, aeropuertos y estaciones de trenes y autobuses. En el caso de los hoteles de cuatro estrellas, los hospitales, juzgados y zonas con eventos, se estima que la distancia mínima será de 150 metros.

La prohibición de la geolocalización antes de que se contrate el servicio también es otra de las medidas que quiere aprobar el gobierno andaluz así como la exigencia de unas medidas concretas de los vehículos VTC según su clasificación ambiental.

Los híbridos precisarán de 4,70 metros de longitud, los eléctricos necesitarán 4,50 metros y los vehículos generales contarán con una medida mínima de 4,90 metros.

Además, las empresas deberán compartir más información para las administraciones, aumentarán las inspecciones y se endurecerán las sanciones a los infractores. También se prevé que los conductores de VTC andaluces necesiten superar una prueba de capacitación con un plazo de validez determinado.

A contrarreloj

Por su parte, fuentes de la Conselleria de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad de la Generalitat Valenciana confirmaron a El Español-Invertia que trabajan a contrarreloj para regular el servicio urbano de las VTC "en los próximos días". Pero la normativa difícilmente llegará antes del sábado 1 de octubre, de modo que habrá VTC que tendrán que dejar de operar en las ciudades esta misma semana.

"Desde la Generalitat estamos trabajando para encontrar la mejor solución para las VTC y el sector del taxi, primando siempre el servicio al ciudadano y tomando como referencia las distintas soluciones que se están dando en otras comunidades autónomas", manifestaron ante las preguntas de este medio.

Ricardo González, presidente de la Asociación Profesional de la Movilidad de la Comunidad Valenciana, reconoció los contactos con la administración valenciana, si bien rehusó a realizar valoraciones "por tratarse de una negociación activa con el Gobierno autonómico".

En la Comunidad Valenciana hay alrededor de 700 licencias VTC concedidas. El grueso opera a doble turno. Entre los empleos directos e indirectos, se trata de unos 2.000 puestos de trabajo pendientes de la aprobación de una norma autonómica que regule la actividad de los vehículos de turismo con conductor en las ciudades y les permita seguir desempeñando su servicio, en particular en Valencia, donde está más implantado.

Cese de operaciones

"En cuanto consensuemos la mejor alternativa, serán los sectores implicados los primeros en tener toda la información al respecto", agregó la Generalitat Valenciana, que subrayó que el fin de la moratoria no se va a traducir en un súbito cese del servicio de todas las VTC en las ciudades de Valencia y Alicante.

"El plazo de los cuatro años del decreto de las VTC depende de cuándo se otorgaron las licencias. Todas aquellas que se otorgaron después del decreto podrán seguir prestando el servicio urbano hasta que se cumplan los cuatro años", precisaron.

Fuentes del sector, sin embargo, replicaron que "la preocupación es máxima en Valencia". "Centenares de VTC sí tendrán que dejar de operar desde este mes de octubre, y se trata además de las más antiguas, las de toda la vida, las que prestan servicios desde mucho antes de la aparición de Cabify y Uber", lamentaron.

En el gremio crece la preocupación de que la Generalitat Valenciana "esté siendo cordial con las VTC, pero se disponga a aprovechar este escenario para realizar un nuevo movimiento a favor del taxi". "Por el momento no han llegado soluciones", lamentó a este diario un empresario con licencias VTC.

La moratoria

La Generalitat Valenciana se escudó también en que "las VTC han solicitado prolongar la moratoria actual" y que el ministerio de Transportes "todavía no se ha pronunciado al respecto".

Fuentes del sector VTC, en cambio, destacan a Invertia que la normativa estatal permite precisamente a las comunidades autónomas prolongar en dos años la mencionada moratoria. "Es cuestión de que tengan realmente voluntad política para solucionar este problema", concluyeron.

Así las cosas, los próximos días serán claves para definir el futuro de una parte importante de la industria de las VTC. Tanto es así que el próximo 1 de octubre lejos de ser un punto final simbolizará simplemente un punto y seguido para todos los involucrados de una polémica disputa con más de cuatro años de vigencia. 

Se espera que tanto desde las asociaciones del taxi como desde las VTC y de compañías como Cabify, Uber y Bolt comience una serie de reclamaciones, tanto ante las regulaciones que finalmente salgan adelante como contra el propio decreto Ábalos. Una guerra que promete tener un largo recorrido en los tribunales.