Un total de 165 municipios deberán disponer de una zona de bajas emisiones el próximo año. A ellos se suman 258 los municipios que tendrán que contar con un proyecto de este tipo para activarlo en caso de superar los valores límite de contaminación. Un reto difícil de implementar que llega en un momento muy complicado. 

Cuando la puesta en marcha de estas zonas de bajas emisiones se confirme, un número importante de los vehículos actualmente en circulación en estas ciudades verán como se limita su movilidad. Un importante cambio del que la mayoría de los ciudadanos afectados no es actualmente consciente.

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Y es que, a la dificultad técnica de poner en marcha estas iniciativas, se suma la comunicación a los afectados. Un debate que se ha ido retrasando y que desde el sector se teme que explote en diciembre, a pocas semanas de que se pongan en marcha las restricciones. 

Sólo directrices

La diferencia de competencias entre las comunidades autónomas hace que la regulación puesta en marcha, sólo de guías y directrices, haya generado un importante nivel de incertidumbre entre muchos municipios, sobre todo los que menos recursos tienen. Unas dudas que llegan al nivel de no tener claro si los planes puestos en marcha van a ser los adecuados para cumplir los objetivos perseguidos. 

Un estudio realizado por la CEOE destaca que más de la mitad de la población española estará expuesta a las medidas implantadas por una zona de bajas emisiones en 2023. Los municipios de más de 50.000 habitantes son el hogar del 53% de la población española.

Si a eso se añaden los municipios que han solicitado ayuda a la implementación de un proyecto de este tipo, este dato se incrementaría en un 0,8%, alcanzando casi el 54% de la población. Del resto de población, el 30,3% no estaría expuesto a una zona de bajas emisiones.

Por último, un 16% de la población censada en municipios de más de 20.000 habitantes y menos de 50.000 habitantes. Estos ciudadanos estarían obligados a cumplir puntualmente restricciones en la movilidad debido a la activación de sus planes de movilidad.

Impacto de la normativa

Según el criterio establecido por la normativa de cambio climático, a nivel nacional, 149 municipios de más de 50.000 habitantes tendrán que implantar una zona de bajas emisiones antes de 2023. Del mismo modo, 265 municipios de entre 20.000 y 50.000 habitantes deberán tener preparado un plan de movilidad para activarlo en caso de que se superen los valores límites de emisiones.

Además, a estos se suman otros municipios que por motivos adicionales van a implementar zonas de bajas emisiones. En este caso destacan dos grupos: los municipios que deberán hacerlo por obligación establecida en la normativa autonómica más restrictiva; y los ayuntamientos que han decidido poner en marcha una de estas iniciativas de forma voluntaria.

Entre los primeros destaca el caso de Navarra. La Ley Foral 4/2022, de 22 de marzo, de Cambio Climático y Transición Energética, especifica que se establecerán zonas de bajas emisiones en los municipios de más de 10.000 habitantes. Esto implicará que municipios como Tudela o Valle de Egüés tendrán que poner en marcha restricciones de este tipo. Además, a ellos se le suman otros nueve municipios de entre 20.000 habitantes y 10.000 habitantes.

En el grupo de los voluntarios destacan Soria y La Rinconada en la provincia de Sevilla: para lo que se les ha concedido una ayuda directa en convocatoria 2021 para la "implantación de zonas de bajas emisiones y la transformación digital y sostenible del transporte urbano". Otro ejemplo lo encontramos en Esplugues de Llobregat y Sant Adrià de Besòs que forman parte de una zona de bajas emisiones compartida con Barcelona.

Así las cosas, los responsables municipales de más de la mitad de la población española encaran unas semanas decisivas. Antes de las próximas Navidades todo deberá estar listo para que, una vez suenen las campanas de año nuevo, los municipios españoles realicen la mayor transformación de la historia moderna de la movilidad española.