La llegada de estos nuevos jugadores provocó que, tanto a nivel estatal como autonómico y municipal, se impulsaran iniciativas para dotar ambas actividades de regulaciones que se adaptaran a las capacidades tecnológicas actuales y a las necesidades de los usuarios. Un proceso que no ha dejado contento a ninguno de los participantes y que tuvo en el conocido como Decreto Ábalos, la regulación más importante para el sector.

Mañana, 1 de octubre, termina el plazo de cuatro años que esta norma fijó para que las comunidades autónomas regularan la actividad de los VTC. Una decisión que ya fue polémica en su momento porque abría la puerta a que España contara con 17 regulaciones diferentes para una actividad en la que participaban actores con vocación de operar a nivel nacional.

Andalucía y C. Valenciana apurarán al máximo los plazos del 'decreto Ábalos' para regular la actividad de las VTC

Las comunidades autónomas han ido preparando sus regulaciones hasta conformar un rompecabezas de piezas totalmente independientes. Una vez más, la polarización política ha llegado hasta la regulación de actividades económicas, lo que ha provocado que, dependiendo de su signo político, en España vayan a convivir regulaciones, prácticamente, contrarias en fondo y forma. 

Al margen de los cambios que provocarán las nuevas normas, profesionales, propietarios de licencias VTC y plataformas de movilidad consideran que, durante los últimos cuatro años, se ha incumplido el periodo indemnizatorio plasmado en el Decreto Ábalos. Los argumentos en este sentido giran en torno a dos conceptos: el impacto de la pandemia y los cambios regulatorios durante este tiempo.

El efecto de la pandemia

Para el primero de los casos, desde el sector se apunta a que, de los cuatro años que, se fijaron en la regulación, durante tres las VTC no han podido operar con normalidad. Este argumento defiende que las restricciones impuestas para reducir los efectos de la pandemia cambiaron el contexto de su actividad de forma significativa.

Por ello, los profesionales de VTC vienen reclamando una ampliación o moratoria de este periodo indemnizatorio. En este sentido, un estudio de investigadores de la Universidad de Barcelona llegó a estimar que el Gobierno debía ampliar en dos años este plazo para compensar los cambios provocados en el mercado por la Covid-19. 

Este estudio consideraba que, en el caso de que no se ampliase el periodo transitorio de 4 años, los interesados tendrían argumentos suficientes para poder reclamar una indemnización económica. Un proceso abierto que, los diferentes afectados, llevan tiempo peleando en los tribunales. 

Obligación de precontratar el servicio

A esta cuestión a nivel nacional se suman otras regulaciones que el sector ha tenido en diferentes comunidades autónomas. En este punto el elemento que más ha distorsionado la actividad de estas compañías está en los tiempos de precontratación. Comunidades Autónomas como Cataluña impusieron que los servicios de Cabify, Uber o Bolt necesitaran de una contratación previa.

Los usuarios debían pedir los servicios con una serie de minutos de antelación. Al margen de las consideraciones de cómo esto potencialmente restaba interés a este tipo de servicios, la modificación de las reglas del juego para el sector en un tiempo calificado como indemnizatorio también podría tener recorrido a la hora de presentar reclamaciones.

Diferentes fuentes jurídicas consultadas por este medio no ven problemas en que las nuevas regulaciones que regirán este sector puedan contar con este condicionante. En cambio, su puesta en marcha durante los cuatro años señalados por el 'Decreto Ábalos' sí podría haber afectado a la actividad profesional que estos servicios prestan, lo que abre la puerta a que compañías y profesionales reclamen ser indemnizado. 

Una solución que no contenta a nadie

Así las cosas, las soluciones alcanzadas para hacer frente a este conflicto no han contentado a ninguno de los involucrados. Desde los representantes del taxi se apunta que las regulaciones puestas en marcha permiten operar en su negocio a unos actores que cuentan con ventajas competitivas. En este caso, consideran que la operativa de compañías como Cabify, Uber o Bolt tendrá como consecuencia una mengua significativa de sus ingresos. 

Los profesionales de los VTC, por su parte, denuncian que, tanto a nivel nacional como a nivel regional, se ha abandonado a su actividad. Tanto es así que consideran que en aquellos territorios con las regulaciones más estrictas no existe margen para operar. Una circunstancia que en el sector ya anticipan que provocará pérdidas de empleo importantes.

El fin de los cuatro años fijados en el Decreto Ábalos abre la puerta a años de litigios cuya resolución tardará años en muchos de los casos. Por el camino, el sector de la movilidad español arranca una nueva era en la que la atomización regulatoria provocará que los ciudadanos españoles cuenten con unas capacidades para desplazarse diferentes, dependiendo del lugar en el que residan. Una disfunción cuyos efectos no tardarán en llegar.