No va más. Esta semana el Ministerio de Industria anunciará la resolución definitiva del PERTE del vehículo eléctrico y conectado. Un plan de ayudas de 2.975 millones de euros que nace con la intención de ser un antes y un después para la industria de la automoción en su camino a la nueva era eléctrica. 

Del montante asignado, 1.425 millones se distribuirán en forma de préstamos y 1.550 millones lo harán vía subvenciones directas. Un bazuca de fondos públicos al que el Ministerio de Industria espera que se sume una inversión privada que multiplique por varias veces los recursos públicos. Este instrumento se estructura en tres niveles, dentro de los que existen diferentes iniciativas.

Las ayudas previstas en esta orden tienen un plazo máximo de realización hasta el 30 de septiembre de 2025. Además, las ayudas podrán tener carácter plurianual y formalizarse como préstamos, subvenciones o como una combinación de ambos. Contarán con financiación del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia en la parte de subvención y financiación del presupuesto nacional en la parte de préstamos.

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Los 2.975 millones de euros correspondientes a la parte industrial del PERTE se completan con las ayudas del Plan Moves III, el Programa Moves Proyectos singulares, el Programa Tecnológico de movilidad sostenible del CDTI, inteligencia artificial y vehículo conectado.

En total, llegarán a los 4.300 millones de euros. De esta manera, el desarrollo del proyecto prevé una inversión total de más de 24.000 millones de euros en el periodo 2021-2023 entre inversiones públicas y privadas.

Diseño del PERTE

El diseño del PERTE diferencia diferentes áreas. Por un lado, están los bloques industriales de carácter obligatorio. En este apartado se incluyen ayudas a la fabricación de equipos originales y ensamblaje, la fabricación de baterías o pilas de hidrógeno y la fabricación de otros componentes esenciales adaptados al vehículo eléctrico y conectado.

Aquí se encontrarían las iniciativas de mayor impacto, como la electrificación de las actuales plantas de manufactura de automóviles españolas o la construcción de una serie de gigafactorías de baterías para vehículos eléctricos.

A esto se añaden los bloques de carácter adicional, complementarios a los obligatorios. Aquí destacan la fabricación de componentes del vehículo inteligente, la conectividad del vehículo eléctrico y la fabricación de sistemas de recarga. Este apartado persigue modernizar la industria auxiliar para adaptarla a las nuevas necesidades de la industria de la automoción.

Por último, estarían los bloques transversales de carácter obligatorio. Lo conforma el plan de economía circular, el plan de digitalización y el plan de formación y reciclaje profesional. Actividades que están destinadas a formar parte de la actividad rutinaria de las plantas españolas.

Interés de los primeros espadas de la automoción

El grupo Volkswagen fue el primero en certificar su participación en esta iniciativa. En una propuesta liderada por Seat y compuesta por 62 empresas, el gigante alemán ha puesto sobre la mesa un proyecto que pretende movilizar 11.000 millones de euros. Una propuesta que será la más ambiciosa de las que se presenten en España ya que, a la modernización de sus plantas, se sumará la puesta en marcha de una gigafactoría de baterías en Sagunto.

Stellantis ha presentado otros dos proyectos al PERTE que pretenden movilizar 266 millones de euros. El primero estará encabezado por la planta de Zaragoza (Figueruelas) y contará con 223 millones de euros de inversión. El segundo, está respaldado por las fábricas de Vigo y Madrid y cuenta con inversiones asociadas por valor de 43 millones de euros.

Trabajadores en la planta de Stellantis en Figueruelas.

En este mismo sentido, medio centenar de socios liderados por Renault han presentado su propuesta para el PERTE del vehículo eléctrico y conectado. En este caso el proyecto aglutina un total de 31 iniciativas estructuradas en torno a tres ejes: descarbonización, conectividad y movilidad como servicio.

Por último, el proyecto del grupo Mercedes busca convertir su planta vitoriana en una factoría eléctrica y, además, impulsar una planta de baterías para vehículos cero emisiones conocida como Basquevolt. Un proyecto que cuenta con el apoyo del Gobierno vasco y que busca una inversión de unos 700 millones de euros. La instalación contaría con 10 GWh de capacidad para fabricar baterías de estado sólido y daría empleo a 800 personas.

Inquietante resolución provisional

La comunicación de hoy debe despejar las dudas que dejó la resolución provisional. La dirección general de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa comunicó el pasado lunes 1 de agosto un primer resultado que sólo adjudicaba 702 millones de 2.975 millones.

Según esta decisión, tres de los principales proyectos presentados al PERTE quedaron excluidos de la primera adjudicación provisional. Los planes de Envision y Acciona para instalar una fábrica de baterías en Extremadura, el de Stellantis para Galicia y Madrid y el de Rieju fueron rechazados en primera instancia.

De todos ellos, el caso de la gigafactoría extremeña es el que más revuelo causó. El pasado 18 de julio, el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, participaba junto con representantes de la marca asiática en un evento celebrado en tierras extremeñas en el que se puso en valor un proyecto que aspiraba a captar una parte importante de los recursos del PERTE.

Así las cosas, durante la jornada de hoy la industria de la automoción recibirá un impulso que pretende ser clave para el futuro de una de las actividades que más empleo y riqueza genera en España. Una decisión que, a la vez, será el bautizo para el concepto de los PERTE, iniciativas que marcarán gran parte del éxito del Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia para movilizar los fondos Next Generation.