El control de precios es un instrumento mediante el que la autoridad impone montos fijos para precios de bienes y servicios o precios máximos o mínimos, siempre con presuntas finalidades en favor de los más necesitados.

Existen famosos precedentes en la historia, desde Diocleciano hasta Nixon, pasando por Robespierre y Lenin, de cómo ha evolucionado la economía ante la aplicación de este mecanismo, enseñándonos empíricamente que acarrea siempre mercado negro, escasez o desabastecimiento. Además, una vez se levantan las medidas, emergen invariablemente la inflación y la ruina.

Por ejemplo, el apologista Lactancio observó apenas dos décadas después del edicto de precios máximos de Diocleciano (301 d.C.), que “la alarma fue tal que nadie salió a vender, y la carestía empeoró aún más. Tras muchas ejecuciones, la simple necesidad llevó a revocar la norma”.

Sin embargo, hoy nos encontramos con políticos de todo signo, faltos de ilustración y afanados ciegamente en adoptar estos instrumentos allí donde consideran que anida el victimismo de un colectivo del que pueden sacar provecho. La premisa es anunciar algún escenario apocalíptico, real o falso -da igual-, que requiere “proteger” a determinados productores o consumidores de un mercado, siempre que pueda traducirse en una expectativa favorable de voto.

Cada vez el Estado ocupa más actividades, disponiendo de más precios públicos para la provisión de los servicios que monopoliza en su titularidad, otrora arrebatados a la iniciativa privada. Como este neointervencionismo resulta una afrenta antiestética a la libertad de empresa, para el iluminado dirigente tutelante es preciso revestir su motivación en un halo de excepcionalidad.

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Esta tumefacción se expande a todo tipo de sectores económicos. En esta ocasión, amenaza con alcanzar al transporte discrecional, tanto de mercancías -donde se legisla una suerte de tarifas mínimas-, como de viajeros. En este último, allí donde no basta con la distorsión producida con innumerables subvenciones, se promueven ahora por algunas Comunidades Autónomas las tarifas máximas y hasta las fijas para los servicios de las VTC (que siempre han gozado de libertad de precios).

Todo en aras al buenismo que restringe la libertad (“por su bien”) a los ciudadanos usuarios de los servicios de esa modalidad de transporte, amparando el instrumento del control de precios cuando, a juicio de la Administración, estos sean considerados “abusivos”, bien alegando, por ejemplo, “situaciones de alta demanda” o bien para “proteger” otras modalidades de transporte como los taxis (a los que se les presume un rédito político mayor), en vez de liberalizar o flexibilizar sus tarifas allí donde no se producen fallos de mercado, como es precisamente en los servicios previamente contratados donde concurren con las VTC.

Las Autoridades de Competencia indican que los precios fijos impiden que las compañías compitan ofreciendo distintas combinaciones de precio y calidad.

Circunscribir el control de precios a circunstancias difícilmente determinables como “abusos” en situaciones complejamente delimitables de modo objetivo como cuándo y dónde se alcanza -de modo real y no solo potencial- un escenario de “alta demanda”, enreda más -si cabe- una práctica económica que resultará diabólica, precisamente para quienes presuntamente se quiere otorgar protección frente a supuestos “abusos”.

En relación con esta cuestión, lo primero que destaca es que se está fomentando la escasez de servicios en las ciudades, que es justamente donde se requiere de mayor oferta, anulando el mecanismo de la señal de precios y el incentivo que apareja, tal y como recientemente también ha señalado el Abogado General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en un informe sobre estas modalidades de transporte.

Siguiendo con el análisis, observamos que la principal garantía para los usuarios está cumplida en los servicios de las VTC, porque los pasajeros disponen de toda la información, incluido el precio final del servicio, con carácter previo a la contratación. Se trata por tanto de una decisión de compra informada y transparente, sin sorpresas a la finalización del trayecto.

En este sentido, las Autoridades de Competencia indican que los precios fijos impiden que las compañías compitan ofreciendo distintas combinaciones de precio y calidad, así como que se generan desequilibrios en el mercado, al impedir una coordinación óptima entre oferta y demanda que maneje de forma eficiente el transporte de viajeros en diferentes momentos o zonas de una ciudad.

Para los pasajeros, la introducción de restricciones al mecanismo de precio libres supondría un aumento significativo de los tiempos de espera.

Así, podremos enunciar que toda limitación que impida al precio libre o dinámico equilibrar la oferta y la demanda, tendrá como consecuencia directa una degradación de la experiencia de pasajeros y conductores.

Para los pasajeros, la introducción de restricciones al mecanismo de precio libres supondría un aumento significativo de los tiempos de espera. En periodos de alta demanda la totalidad de los conductores estará rápidamente ocupada realizando los primeros viajes que se soliciten. Eso implica que los pasajeros esperarán durante más tiempo hasta que haya una VTC disponible, dado que, además, el número de éstas está limitado por la Ley.

También supondrá un incremento de las solicitudes de viajes para los que no se encuentra vehículo disponible. Por los motivos mencionados anteriormente, el número de pasajeros que no desean o pueden esperar largos tiempos y deciden utilizar otro medio de transporte, principalmente su vehículo privado, aumentaría de forma significativa.

Paradójicamente se apunta también a un aumento del número de solicitudes de viajes con precio libre en las zonas limítrofes a la calificada de “alta demanda”. En la medida en que los precios no logran recuperar una situación de equilibrio de forma rápida tras sufrir un shock puntual de demanda, las áreas geográficas colindantes a aquellas inicialmente afectadas sufren un contagio, expandiéndose el shock de demanda en lugar de afectar a una zona determinada por un periodo limitado de tiempo. Este efecto se ha podido observar en aquellos lugares donde se han introducido medidas de este tipo.

Para los operadores o plataformas, la imposición del control de precios supondría la eliminación de la competencia entre los diferentes operadores.

Para los conductores de las VTC, la introducción de control de precios supondría la disminución de sus ingresos aparejados a la productividad, al disminuir el número de viajes completados en los momentos de alta demanda, en gran medida debido a una mayor carencia de conductores disponibles, ya que muchos no tendrían incentivos para acudir a dichos lugares de mayor demanda, al no compensarles el desplazamiento con la expectativa de un ingreso menos elevado, lo que contribuiría a un mayor desabastecimiento de los servicios.

Asimismo, se reducirán sus potenciales ingresos en el medio y largo plazo, al abandonar el servicio los pasajeros más sensibles a los tiempos elevados de espera y los viajes no completados por falta de conductor que, además, se verán obligados a sufrir un aumento de las distancias recorridas en vacío, como consecuencia de una menor eficiencia en el sistema.

Por otro lado, para los operadores o plataformas la imposición del control de precios supondría la eliminación de la competencia entre los diferentes operadores, que no podrían diferenciar su oferta en base al precio, así como la reducción de la calidad general del servicio, al eliminarse el incentivo económico a la competitividad entre distintas modalidades de oferta limitada, como son los taxis y las VTC.

En definitiva, a las consecuencias ya conocidas de manosear los precios desde los gobiernos se pueden añadir otras igualmente gravosas, que conllevan la ruina. Aún están a tiempo de rectificar los políticos con esta inclinación. Más libertad, sí, pero de verdad.

*** Emilio Domínguez del Valle es abogado experto en movilidad y transportes.