Por sorpresa, el Gobierno coló en el real decreto ley en el Consejo de Ministros cambios en la regulación de licencias de los coches de alquiler con conductor (VTC). Las nuevas medidas llegan como respuesta la sentencia del Tribunal Europeo de Justicia (TJUE) que tumbó la regulación basada en el 1/30 y suponen un escudo para proteger al taxi frente a empresas como Cabify y Uber. Pero el mayor golpe para las empresas VTC está en los tres años de tiempo que el Ejecutivo podría mantener en stand by tanto las nuevas licencias VTC que puedan solicitarse, como las que se acumulan en los juzgados a la espera de aprobación y que se cuentan por miles.

Esto se debe a los nuevos criterios medioambientales. Para empezar, con esta nueva regulación, para otorgar nuevas licencias VTC se tendrán en cuenta los criterios de mejora de la calidad del aire, reducción de emisiones de CO2, de la gestión del transporte, del tráfico y del espacio público previstos con la modificación de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres (LOTT). 

Fuentes del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) explican que estos nuevos criterios se aplican a las autorizaciones nuevas, a las que están pendientes y las que están judicializadas. Solo se libran de estas condiciones los vehículos eléctricos y las licencias que estén en vigor.

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El proceso es el siguiente: si, por aplicación de estos criterios no se otorgara la autorización, se suspenderá el procedimiento. Este podrá reanudarse si se cumplen dichos requisitos, pero el interesado no será avisado de ello por parte de la administración. Es decir, el solicitante deberá realizar otra solicitud en el plazo de tres años desde la notificación inicial del incumplimiento. 

Es decir, el Gobierno gana tres años. Tiempo en el que muchas licencias nuevas quedarán a la espera, suspendidas o congeladas bajo la justificación medioambiental y sin que entren en un proceso judicial nuevo al no estar rechazadas, sino suspendidas. 

En este mismo proceso entrarán todas aquellas licencias solicitadas (y aún no concedidas), que están pendientes de sentencia en el Supremo. Fuentes del Mitma reconocen que son “varios miles” aunque no hay una cifra concreta puesto que están “en varias instancias judiciales”. Se habla de que pueden ser más de 100.000. 

Y ante esa posible sentencia del Tribunal Supremo se va a esperar a que haya un pronunciamiento y en base a ello adaptará (o no) la normativa a lo que diga el organismo. Algo que ya le tocará gestionar al próximo Gobierno que salga de las elecciones del 23 de julio. 

Desde el Mitma defienden que estos plazos están pensados para ”proteger” y para que incluso en un periodo menor a tres años se pueda conseguir una licencia que en un inicio fue denegada. Sin embargo, con este proceso parece que solo se gana tiempo para mantener la guerra entre taxi y VTC fuera de los procesos judiciales.

A 1 de junio de 2023, la radiografía a nivel estatal de este sector es la siguiente: 59.737 licencias de taxi y 18.250 de VTC, lo que supone unos 3,3 taxis por cada VTC, según datos del Mitma. 

CCAA y ayuntamientos

Desde el Ministerio dejan claro que la nueva regulación afecta únicamente a las autorizaciones de VTC estatales que habilitan para la realización de transporte interurbano con recorridos que deben iniciarse en la comunidad autónoma donde estén domiciliadas. 

No obstante, da herramientas a las Comunidades Autónomas y entidades locales para regular bajo otros criterios de mejora de la calidad del aire en el marco de lo previsto en el Derecho comunitario o en las directrices de la Organización Mundial de la Salud.

Así, la autorización podrá ser denegada por aplicación de criterios objetivos relativos a la reducción de emisiones CO2, gestión del transporte, del tráfico y del espacio público, establecidos para su ámbito territorial por las comunidades autónomas competentes. 

Por ejemplo, una CCAA podría establecer que para dar buen servicio de transporte necesita 2.000 coches de taxi y VTC y, a partir de ahí, no otorgar ninguna autorización más.

Más medidas

Por otra parte, para que una licencia pueda ser entregada ahora, el solicitante tiene que tener un vehículo específico para el desarrollo de esta actividad. Antes ocurría que algunas grandes empresas de VTC tenían muchas más licencias que coches, ya que pedían varias licencias solo con un vehículo, algo que ahora no se podrá hacer.

Asimismo, la norma declara el carácter de servicio de interés público del transporte de viajeros en taxi, con el fin de garantizar un servicio de calidad para todos los usuarios, no discriminatorio y con una cobertura de prestación suficiente en todo el territorio.

Reacciones

La respuesta por parte de los implicados no se ha hecho esperar. Los taxistas han desconvocado la manifestación prevista para este jueves 29 ya que la medida del Gobierno ante la sentencia del TJUE les favorece. 

Sin embargo, es todo un jarro de agua fría para empresas como Uber o Cabify que habían celebrado que el TJUE declarara ilegal la limitación del número de autorizaciones para VTC en el Área Metropolitana de Barcelona por violar la libertad de establecimiento. 

Por ello, desde Feneval sección VTC y Unauto-VTC ya han lanzado una amenaza. Estudiarán el contenido del Decreto y lo pondrán en conocimiento de la Comisión Europea, ya que entienden que “esta regulación contraviene la sentencia del TJUE”, por lo que solicitarán que “la Comisión abra un procedimiento contra el Gobierno de España”.

Además, denuncian que Transportes haya negociado con el sector del taxi en lugar de con los representantes del sector al que se pretende regular y que no se les ha consultado en ningún momento sobre el borrador que se ha llevado al Consejo de Ministros. “Todo ello en plena campaña electoral, con el objetivo indisimulado de ganarse el favor del taxi y evitar movilizaciones masivas”, señalan.

Por su parte, fuentes de Transportes defienden que previa a la aprobación de esta regulación, se habían reunido con todas las partes en el seno del Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC), en el que están representadas Feneval y Unauto-VTC por parte de las VTC, y Antaxi y Fedetaxi por parte de los taxistas, antes de la aprobación de estas nuevas medidas.