Al albor de la campaña electoral, España vuelve a hablar de peajes. ¿Llegarán en 2024? La pregunta resuena desde que salió en el cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, y después con las palabras y apresurada rectificación posterior del director de la DGT, Pere Navarro, que inicialmente apuntaba a que era una imposición de Bruselas.
El asunto no es nuevo, aunque ahora sí de máxima actualidad. De algún lugar tienen que salir los recursos para pagar el mantenimiento de las carreteras, deslizaba Navarro, y también para ir reduciendo su déficit, que se cifra en más de 8.000 millones de euros.
¿Pero cómo hacerlo? España tiene muchos espejos europeos en los mirarse si quiere avanzar en el pago de autovías mediante peajes, siendo Portugal la experiencia más cercana. Los lusos dieron un giro a su sistema hace trece años, incorporando sistemas electrónicos a gran parte de sus 3.000 kilómetros de autopista.
Era una necesidad en aquel momento: el país se sumía en el rescate de la troika y necesitaba ingresos. El sistema, que sobrevive a día de hoy, cuenta con pros y contras a tener en cuenta.
Cómo funciona
Portugal contaba antes de 2010 con un sistema de peaje físico -barreras y pago en metálico o tarjeta- y carreteras "sin coste para el usuario", mantenidas con impuestos. Era un sistema basado en concesiones a empresas.
A partir de ese año, y ante la necesidad de que el Estado aumentara los ingresos, se imponen paulatinamente peajes electrónicos en siete autovías. Se introduce el sistema de pago electrónico y cambia también el modo con el que se explotan: las empresas concesionarias de estas carreteras pasan a recibir un valor fijo del Estado portugués, que se queda con los ingresos generados por su uso.
El sistema generó enorme polémica. El Estado queda ligado por contrato a pagar un valor determinado a las concesionarias, esperando que los ingresos por su uso lo compensen, pero a veces pierde: es lo que sucedió durante la pandemia, cuando el tráfico prácticamente desapareció, pero hubo que seguir pagando a las empresas.
La cifra es acordada por Infraestructuras de Portugal, que gestiona las carreteras. La A22, que conecta la región del Algarve con Andalucía, la A23 y la A25, que unen el centro del país con Salamanca, y la A24, entre la zona norte y Galicia, son algunas de las vías con pórticos electrónicos.
En este sistema, los vehículos son registrados por la matrícula a través de cámaras sin necesidad de pagar. A la salida de la carretera, al pasar por otro arco de cámaras, es cuando se cobra automáticamente de la cuenta bancaria asociada a la matrícula. Los importes varían en función del vehículo usado, si es turismo, furgoneta o vehículo pesado.
Polémica y protestas
El sistema generó polémica en sus inicios porque no se entendió que hubiera que pagar por algo que se percibía como gratuito. Muchos portugueses pasaron entonces a buscar carreteras nacionales alternativas, una opción que siete de cada diez españoles dice dispuesto a utilizar en caso de tener que pagar por usar la autovías, según un estudio de Alphabet.
Trece años después, los ciudadanos han cesado sus protestas y abrazado el argumento del modelo utilizador-pagador. O dicho de otra manera: que lo pague quien lo use. Con todo, los partidos de izquierda siguen registrando periódicamente propuestas en el Parlamento luso para tratar de quitar los peajes.
Pero el argumento de los ingresos resulta incontestable. En 2022, estas siete vias que pasaron al modelo electrónico generaron el 54% del total de los ingresos de las colaboraciones público privadas del sector viario en ese año en Portugal, que ascendieron en total a 327 millones de euros.
Problemas con españoles morosos
El sistema, no obstante, tiene el gran elemento negativo de generar confusión cuando se trata de garantizar el pago de matrículas extranjeras. El algo con lo que Portugal tuvo que lidiar, especialmente con los conductores españoles.
En 2014, las concesionarias de autopistas lusas Brisa y Ascendi contrataron a la empresa especializada Gesphone para reclamar las deudas contraídas por conductores españoles que no habían pagado peajes en Portugal desde 2008.
La gran mayoría de estas infracciones se registraban en la autopista A-3 (Oporto-Valença), que conecta el norte de Portugal con Galicia, y la A-6 (Marateca-Caia), que atraviesa el centro del país hasta Extremadura.
De momento se desconoce qué ocurrirá en España. Parece claro que en 2024 no habrá peajes, pero no se conoce qué sucederá en el futuro. El mantenimiento de las carreteras hay que pagarlo, y alguien debe hacerse cargo.
El Partido Socialista se compromete ahora a buscar alternativas, mientras que el PP ya desliza que su idea es negociar con Bruselas nuevas fórmulas para hacer frente a los costes.