El comité de Medio Ambiente de la Eurocámara ha aprobado este jueves -por 52 votos a favor, 32 en contra y 1 abstención- suavizar la nueva norma 'Euro 7', que regulará las emisiones contaminantes (óxidos de nitrógeno y partículas) de turismos, furgonetas, autobuses y camiones, así como retrasar su entrada en vigor, con el fin de preservar la competitividad de la industria comunitaria.

El Parlamento Europeo sigue así la filosofía del compromiso alcanzado por los ministros de Industria de los Veintisiete el pasado septiembre. El texto definitivo de la norma 'Euro 7' debe ser objeto de un pacto entre la Eurocámara y los Gobiernos de la UE.

La versión aprobada por el comité de Medio Ambiente -que ha recibido el apoyo del Partido Popular Europeo, los liberales de Renew y el grupo de derecha radical Conservadores y Reformistas Europeos (ECR)- relaja considerablemente la propuesta original de la Comisión de Ursula von der Leyen. Los socialistas y los verdes han votado en contra.

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La principal novedad del reglamento es que por primera vez establece límites para las emisiones contaminantes de los frenos y los neumáticos. 

Los estándares de emisiones por tubo de escape actualmente en vigor (Euro 6) se aplicarán hasta el 1 de julio de 2030 para coches y furgonetas y hasta el 1 de julio de 2031 para autobuses y camiones (en lugar de en 2025 y 2027, respectivamente, como había propuesto la Comisión).

"Renew ha estado liderando la negociación para garantizar que, en una situación económica cada vez más desafiante, sigamos siendo ambiciosos para proteger la salud de los ciudadanos y permitir una mejor calidad del aire. Al mismo tiempo, damos prioridad a las tecnologías que durarán, asegurándonos de que no requerimos inversiones que ralentizarían la transición a vehículos con cero emisiones o se volverían obsoletas rápidamente", ha explicado la eurodiputada de Ciudadanos Susana Solís, que ha ejercido de ponente en la sombra.

"Estamos mejorando la calidad del aire, pero también le damos a la industria margen para respirar. Con esto garantizaremos la competitividad y los puestos de trabajo en la UE", ha dicho el portavoz del PP europeo, Jens Gieseke.

"El compromiso no creará desafíos imposibles para la industria ni supondrá una carga excesiva para los consumidores. Los coches no deben encarecerse. Son y seguirán siendo un importante medio de transporte. Unas normas de emisiones aún más estrictas, como exigen los socialistas y los verdes, habrían obligado a la industria a invertir enormes sumas de dinero en nuevos motores de combustión interna que pronto serán eliminados", señala el ponente parlamentario de la norma 'Euro 7', el checo Alexandr Vondra.

"En la situación económica actual, sería fatal poner en peligro aún más puestos de trabajo en la industria del automóvil, una de las principales industrias de Europa", ha insistido Vondra, que milita en el grupo ECR.

Precisamente, la industria se quejaba de que la norma 'Euro 7' es innecesaria dado que la UE ya ha acordado prohibir los coches de gasolina, diésel e híbridos a partir de 2035. Y argumentaba que cumplir los nuevos límites de emisiones contaminantes que proponía Bruselas suponía un escollo importante en la transición hacia el coche eléctrico.

"El acuerdo en el Parlamento Europeo no es digno de ser etiquetado como 'Euro 7'. Ofrece sólo mejoras menores a las regulaciones actuales, que no mejorarán significativamente la calidad del aire", se ha quejado la negociadora de los socialistas europeos, Christel Schaldemose.

Por su parte, la Asociación de Fabricantes Europeos de Automóviles (ACEA) ha dicho que el texto aprobado por el comité de Medio Ambiente de la Eurocámara "refleja mejor" las preocupaciones de la industria, pero ha pedido más cambios cuando la norma se vote en el pleno. "La votación es una mejora con respecto a la propuesta de la Comisión, pero aún se queda corta en aspectos clave", ha dicho el director general de ACEA, Sigrid de Vries.

¿Cuáles son ahora los próximos pasos? La Eurocámara tiene previsto votar la norma 'Euro 7' en su pleno de noviembre. A partir de ahí se podrán iniciar las negociaciones finales entre el Parlamento y los Gobiernos de la UE, que serán pilotadas por la presidencia española.