Bruselas lleva a España ante el TJUE por no garantizar la independencia de Adif

La Comisión Europea ha decidido este miércoles denunciar a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por incumplir la directiva comunitaria de liberalización del transporte ferroviario, al no garantizar la independencia de la empresa gestora de las vías de tren, Adif, respecto al operador público Renfe.

Bruselas sostiene que la falta de independencia de Adif afecta negativamente a la determinación de los cánones por la utilización de infraestructuras, el tratamiento de las empresas ferroviarias rivales de Renfe según principios comerciales y la correcta redacción de los acuerdos contractuales.

El incumplimiento por parte de España pone en riesgo los objetivos de la directiva, que pretende "crear un mercado ferroviario europeo abierto". Gracias a esta norma "las empresas ferroviarias han ampliado la oferta de servicios disponibles y han atraído a nuevos clientes procedentes de modos de transporte menos sostenibles", destaca el Ejecutivo comunitario.

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La Comisión inició un procedimiento de infracción contra España por este motivo en mayo de 2018. España respondió a la carta de emplazamiento en enero de 2019, informando a la Comisión de que algunas de las objeciones planteadas se habían resuelto mediante la adopción de nueva legislación, mientras que otras requerían un trabajo adicional.

Sin embargo, Bruselas consideró que España no había garantizado la correcta transposición de varios artículos de la directiva y, en consecuencia, lanzó un ultimátum en octubre de 2019. En diciembre de 2022, España notificó a la Comisión que había transpuesto nuevas medidas, pero el análisis de Bruselas ha concluido que no se han abordado todos los puntos señalados.

En concreto, el Ejecutivo comunitario denuncia que "la independencia de los consejos de administración del gestor de la infraestructura (Adif) y de la empresa ferroviaria histórica (Renfe) no está claramente garantizada". 

"Teniendo en cuenta la composición del consejo de administración (que es nombrado por el ministerio de Transportes), el derecho del ministerio a poner fin al mandato de sus miembros y las reglas de toma de decisiones, cabe concluir que el Estado puede ejercer una influencia decisiva en los acuerdos de los consejos de administración, incluidos los que afectan a los precios de los billetes", señala Bruselas.

El Ejecutivo comunitario admite que la nueva legislación española sobre la determinación de los cánones por la utilización de las vías de tren "podría cumplir los requisitos establecidos en la directiva". No obstante, denuncia que "parece que el nuevo sistema aún no está operativo".

"Adif goza ahora de un nivel adecuado de independencia a la hora de establecer el sistema de cánones, pero la legislación española incluye una disposición transitoria que suspende la aplicabilidad de las nuevas normas hasta que el administrador de infraestructuras apruebe y publique las nuevas disposiciones", apunta la Comisión.

"Sin embargo, la ley no contiene ninguna disposición que obligue a Adif a aplicar el nuevo sistema en un plazo determinado. A menos que se adopten medidas rápidamente, los cánones de acceso a la vía férrea se considerarán impuestos de facto, que se incluirán en las próximas leyes de presupuestos españolas de 2024 y 2025", prosigue la denuncia del Ejecutivo comunitario.

"En estas circunstancias, existe el riesgo de que el antiguo sistema siga aplicándose hasta 2024/2025. En consecuencia, las empresas ferroviarias no podrán impugnar los cánones de acceso a la vía férrea. Dado que están incluidos en una ley, tales cánones no pueden impugnarse ante los tribunales españoles", sostiene Bruselas.

Por último, la Comisión señala que "faltan elementos clave" en el acuerdo contractual entre el Gobierno español y Adif. "No hay, por ejemplo, indicadores clave de rendimiento relacionados con la eficiencia y con la disminución de los costes de acceso", apunta.