Ya hay letra pequeña sobre la "transferencia integral" de Rodalies a la Generalitat de Cataluña. El Partido Socialista (PSOE) y Esquerra Republicana (ERC) han pactado que haya una "transferencia del servicio" de transporte ferroviario. Es decir, la gestión íntegra de las 'cercanías' de la región.
Un acuerdo que financiará íntegramente el Estado y que, llegado el momento, será incorporado a la financiación autonómica de Cataluña que se negociará de forma bilateral y al margen del resto de las comunidades autónomas.
El primer paso para esa transferencia es la creación de una empresa, Rodalies de Catalunya, que tendrá un consejo paritario entre el Gobierno y la Generalitat. Será esta última la que nombre al presidente que tendrá el voto de calidad en caso de empate en las decisiones.
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Rodalies de Catalunya será, por tanto, la encargada de ofrecer el servicio. Es decir, la operación. Para ello, se "dotará de los recursos materiales y humanos que hoy son utilizados y necesarios" por parte de Renfe. Además, se establecerá "un convenio de cooperación entre ambas empresas que asegura la movilidad laboral entre las dos corporaciones y el mantenimiento de los derechos adquiridos".
En la práctica, esto supone trasladar a todos los trabajadores de Renfe en Cataluña a la nueva sociedad. Algo a lo que los sindicatos, entre ellos el de maquinistas, se oponen. Al menos, de momento.
Titularidad
Pero la cuestión clave es la titularidad de las infraestructuras. Es decir, de quién son las vías, las catenarias y demás. Pues bien, habrá transferencia para todas aquellas vías donde haya "servicios prestados de titularidad exclusiva de la Generalitat y puedan excluirse de la explotación conjunta del resto de la Red Ferroviaria de Interés General".
Esto supone los siguientes tramos: la línea del Maresme de la R1; la línea Papiol-L'Hospitalet-Vic-Puigcerdá de la R3 y la línea Sant Vicenç de Calders-Barcelona de la R2.
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El resto de tramos, que transcurren por las zonas de interés general no se cambiarán de titularidad y quedarán, por tanto, en manos de Adif, ya que por allí pasan trenes de mercancías, alta velocidad y conectan con la frontera con Francia.
Conviene recordar que cuando se habla de Rodalies no se habla sólo del servicio de 'cercanías'. Se habla también de un conjunto de 1.200 kilómetros de vías en el que cohabitan trenes de distintos tipos y operadores.
Esto hace de Rodalies un nodo de transportes esencial para el Estado, pues por él pasan algunas de las principales líneas de ferrocarril nacional. De ahí la importancia 'simbólica' que tiene para los independentistas lograr su control, y la necesidad del Estado de preservar su titularidad. Algo que, por ahora, parece haberse conseguido.
De hecho, en el acuerdo entre el PSOE y Esquerra, se recoge que en la red se "priorizarán los surcos (trenes) de Rodalies de Catalunya frente al resto de servicios de usuarios de la red". Además, se permitirá a la Generalitat el acceso a los "datos de estado de circulación para conocer la ubicación de los trenes y las incidencias en tiempo real".
Financiación
La otra cuestión clave del acuerdo del "traspaso integral" de Rodalies está en la financiación. Aquí, una vez más, el Estado será quien desembolse el dinero. El proceso arrancará en 2024 con el traspaso a la Generalitat de "los recursos necesarios asociados al déficit en el que incurre Renfe del año 2023" en relación con la prestación del servicio de Rodalies Catalunya (sic).
A partir de entonces, "en el primer trimestre de cada año (y vencida la anualidad), se realizará el cálculo del déficit y la trasferencia de recursos al titular del servicio". Una fase que será transitoria y pactada "de mutuo acuerdo antes de la inclusión del traspaso de recursos en el Sistema de Financiación Autonómica".
El Estado asumirá también los 132,7 millones que la Generalitat adeuda a Renfe, en relación con servicios prestados fuera de los acordados previamente. También se hará cargo de los costes derivados del incremento de cánones ferroviarios de Adif de mediados de 2017.
Por si fuera poco, se establecerán "mecanismos reglados para hacer frente a los costes derivados de los planes alternativos de transporte que impliquen sobrecostes en servicios de transporte gestionados por la Generalitat cuando el Estado realice obras en la infraestructura ferroviaria que supongan la afectación a servicios ferroviarios".
Es decir, que cuando se hagan obras de mejora en las vías y haya que establecer un servicio de autobuses alternativo, el Estado también pagará la factura.
Para gestionar todo este acuerdo, que arranca en el primer trimestre del año, se va a crear una comisión bilateral "que determine la adecuación o despliegue del marco normativo para hacerlo posible, y las condiciones económicas asociadas al mismo".
[Consulte el acuerdo alcanzado entre el PSOE y ERC (PDF)]
Se negociarán también los "estándares de calidad en la prestación y mantenimiento de las infraestructuras ferroviarias, y la manera en la que se repercuten en los cánones de Adif" de modo que puedan cuantificarse y controlarse.
Por último, en el primer semestre de 2024 se creará un "organismo de seguimiento y participación" en la ejecución del Plan Rodalies puesto en marcha por el Gobierno y en el que se van a invertir más de 5.000 millones hasta el año 2030.