Según el texto acordado entre las partes, el Gobierno se compromete a que se asignen "los surcos (horarios) necesarios para la prestación de los servicios que la Generalitat establezca en Rodalies Catalunya". Además, "se priorizarán los surcos (de las cercanías) frente al resto de servicios usuarios de la red". 

Este compromiso viene a paliar una de las exigencias de ERC y a la que el Gobierno no quería ceder: entregar la titularidad de todas las vías de Rodalies a la Generalitat. Conviene recordar aquí que cuando se habla de Rodalies se hace referencia a dos aspectos: el servicio de 'Cercanías' y a un conjunto de 1.200 kilómetros de vías por los que circulan también convoyes de alta velocidad, mercancías o media distancia y de operadores públicos o privados.

[Consulte aquí el acuerdo alcanzado entre el PSOE y ERC (en PDF)]

Una infraestructura que es considerada "de Interés General" y que no puede ser transferida a las comunidades autónomas. De hecho, fue el propio Tribunal Constitucional el que marcó el camino en sendas sentencias a Andalucía y País Vasco cuando reclamaron vías férreas. 

Lo que sí han logrado desde ERC es que el Ejecutivo transfiera la titularidad de las vías en aquellos puntos donde no hay convivencia de servicio. Esto afecta a los siguientes tramos: la línea del Maresme de la R1; la línea Papiol-L'Hospitalet-Vic-Puigcerdá de la R3 y la línea Sant Vicenç de Calders-Barcelona de la R2.

No es el único aspecto positivo conseguido para la Generalitat. Con el acuerdo alcanzado, el Govern será el titular efectivo del servicio. Es decir, que se ocupará de tomar decisiones en materia de horarios, precios, calidad del servicio, nuevas infraestructuras, etc. 

Una labor que recaerá en una nueva sociedad, Rodalies de Catalunya, en la que habrá presencia paritaria de la Generalitat y la Administración del Estado. Eso sí, el presidente será nombrado por el Govern y tendrá, además, voto de calidad en caso de empate. 

Nueva empresa

Esta sociedad recibirá en los próximos meses todos los trenes de Renfe, así como todo el material que la empresa pública emplea para dar servicio en 'Cercanías' de Cataluña. Además, se hará un acuerdo de colaboración entre el operador y Rodalies de Catalunya para facilitar el traspaso de los trabajadores. Algo a lo que, por ahora, se oponen los sindicatos. 

La otra cuestión clave del acuerdo del "traspaso integral" de Rodalies está en la financiación. Aquí, una vez más, el Estado será quien desembolse el dinero. El proceso arrancará en 2024 con el traspaso a la Generalitat de "los recursos necesarios asociados al déficit en el que incurre Renfe del año 2023" en relación con la prestación del servicio de Rodalies Catalunya (sic).

A partir de entonces, "en el primer trimestre de cada año (y vencida la anualidad), se realizará el cálculo del déficit y la trasferencia de recursos al titular del servicio". Una fase que será transitoria y pactada "de mutuo acuerdo" antes de que se incluyan los pagos dentro de la nueva financiación autonómica que se negociará entre la Generalitat y el Gobierno de forma bilateral y dejando al margen al resto de autonomías.

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El Estado asumirá también los 132,7 millones que la Generalitat adeuda a Renfe, en relación con servicios prestados fuera de los acordados previamente. También se hará cargo de los costes derivados del incremento de cánones ferroviarios de Adif de mediados de 2017.

Además, si el Estado tiene que hacer mejoras en las infraestructuras ferroviarias y -por ejemplo- hay que poner autobuses, será la Administración central quien ponga el dinero. Todo ello sumado al Plan Rodalies que ya está en marcha y que contempla una inversión cercana a los 30.000 millones de euros.

Para gestionar todo este acuerdo, que arranca en el primer trimestre del año, se va a crear una comisión bilateral "que determine la adecuación o despliegue del marco normativo para hacerlo posible, y las condiciones económicas asociadas al mismo".