El Gobierno dejará de condicionar su subvención del 30% al transporte público a que las comunidades autónomas o los ayuntamientos aporten otro 20%. Así lo ha anunciado María Jesús Montero, vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, quien ha explicado que esta es una de las medidas para salvar la votación del decreto anticrisis en el Congreso de los Diputados.
"Lo que hemos acordado con Junts es que no se condicione la parte que nosotros vamos a financiar de un transporte que no es competencia del Estado, que es el transporte del metro, del autobús, digamos, el transporte municipal", ha señalado Montero en declaraciones recogidas en Europa Press.
A su llegada a un desayuno con la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, organizado por Nueva Economía Fórum, la titular de Hacienda ha precisado a la prensa que, con independencia de que las comunidades autónomas planteen o no esa bonificación al transporte, el Gobierno subvencionará el 30%.
"Pero yo estoy convencida de que las comunidades autónomas contribuirán voluntariamente a aportar un 20% para que el billete del autobús valga la mitad y, por tanto, sigamos combatiendo los efectos de la inflación fundamentalmente en la economía doméstica y en los trabajadores", ha añadido.
La ministra de Hacienda ha destacado que la bonificación del transporte público es una medida "progresiva", pues permite, sobre todo, a aquellos que se desplazan en este medio, tener una mayor capacidad económica, al tiempo que impulsa el uso del transporte público en detrimento del vehículo privado.
Montero ha aprovechado también para pedir que el transporte público avance "en calidad y puntualidad" para que la clase media "pueda tener garantía de que si coge el transporte público, llega a tiempo al trabajo".
En cuanto a la modificación de la Ley de Sociedades de Capital, otro de los puntos del acuerdo con Junts, Montero ha subrayado que el derecho comunitario de las empresas a su libre instalación "es muy claro" y que el Gobierno de España "no puede poner ningún tipo de traba a que las empresas se instalen donde consideren conveniente".
La vicepresidenta Primera del Gobierno y Ministra de Hacienda, María Jesús Montero (i) y la vicepresidenta Tercera del Gobierno y Ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera (d), asisten a un desayuno informativo de Fórum Europa
Lo que hace el acuerdo con Junts, ha explicado Montero, es "reforzar la legalidad vigente" para que "no se produzcan ingenierías fiscales", de modo que las empresas no puedan situar su domicilio social en un sitio distinto al declarado para su actividad principal.
"Se refuerza que se vigile y que se esté atento a que efectivamente cuando el establecimiento principal de una empresa reside en un lugar, pues allí es donde tiene que llevar a cabo todas sus obligaciones, también las tributarias. Pero evidentemente la libre instalación de empresas es una realidad de nuestro derecho comunitario y seguirá siéndolo", ha concluido.