El Gobierno ha aprobado en el Consejo de Ministros de este martes el proyecto de ley de Movilidad Sostenible, el cual no incluye ninguna mención al pago por uso de las carreteras. Un texto que "reconoce la movilidad como un derecho ciudadano", ha asegurado el ministro de Transportes, Óscar Puente, y que supone un "paso adelante muy importante para la descarbonización".
El Ejecutivo ya aprobó un anteproyecto de ley la pasada legislatura, pero quedó en el trámite parlamentario por el adelanto electoral. De acuerdo con el titular de Movilidad Sostenible, el texto que sale del Consejo de Ministros parte de los trabajos que ya se avanzaron en el Congreso de los Diputados.
Puente ha señalado que se tramitará por el procedimiento de urgencia para que quede aprobada lo antes posible, ya que de esta ley depende la llegada de parte de los fondos de recuperación. Asimismo, ha agregado, alberga la "esperanza" de que genere "un alto grado de consenso" con el resto de grupos políticos.
Preguntado sobre el polémico pago por uso de las carreteras, el ministro ha asegurado que, igual que ocurrió en la pasada legislatura, no está incluido. "La ley no contempla el pago por uso", ha aseverado. Y ha explicado que es algo que se negoció con la Unión Europea (UE) y que ha sido sustituido por el compromiso de trabajar en que el transporte de mercancías por tren alcance el 10% frente al 4% actual.
Lo que sí introduce la ley es una habilitación para que los ayuntamientos puedan establecer peajes urbanos. Con todo, el titular de Transportes ha señalado que "solo habilita, no obliga", de modo que serán los ayuntamientos los que tomen la decisión.
En este sentido, Puente ha introducido esta posibilidad dentro del objetivo de "avanzar de las ciudades de los coches a las ciudades de las personas".
El texto establece que grandes centros de actividad y empresas con más de 500 empleados por centro o 250 por turno deben implementar planes de movilidad sostenible al trabajo.
El ministro Óscar Puente durante la ceremonia de los Premios Goya 2024
Estos planes promueven opciones como transporte eléctrico, compartido, flexibilidad horaria y teletrabajo, buscando reducir la huella ambiental y mejorar la calidad de vida de los trabajadores.
Según ha explicado el vallisoletano, la aprobación de este proyecto de ley responde a tres motivos. Por un lado, al económico, en tanto en cuanto la movilidad supone "el 13% del gasto de los hogares", general "más de 800.000 empleos" y alcanza "casi el 5% del PIB español".
En segundo lugar, desde el punto de vista social. Puente ha insistido en repetidas ocasiones en que la ley convierte la movilidad en un derecho ciudadano. "No un derecho constitucional", ha explicado, pero sí del cual dependen otros, como el del trabajo, el ocio o la salud. Y, en tercer lugar, por la sostenibilidad, pues "es necesaria para cumplir con el planeta y las generaciones futuras".
Paro de transportistas
Sobre el paro indefinido que los camioneros de la Plataforma Nacional para la Defensa del Transporte convocaron el sábado y desconvocaron el lunes, Puente ha afirmado que "estaba convencido de que el sector no se iba a movilizar". "El tiempo me ha dado la razón", ha celebrado el ministro.
Según el titular de Transportes, no ha durado "porque nadie ha secundado el paro" en tanto en cuanto "el Gobierno está totalmente alineado con el sector del transporte, sus intereses y su problemática". Ha indicado que saben que el sector tiene que mejorar, pero "la forma no es parando, sino con diálogo y trabajo".
Puente ha querido "romper una lanza" por los interlocutores oficiales que los diferentes sectores tiene con el Ejecutivo, y ha defendido que con ellos sí es posible alcanzar acuerdo "porque no hacen demagogia".