La compañía húngara Magyar Vagon ha anunciado este jueves la retirada de su Oferta Pública de Adquisición (opa) sobre la española Talgo, después de que el Gobierno de España vetase el intento de adquisición amparándose en motivos de seguridad nacional.
La empresa recurriese la decisión del Gobierno, pero finalmente ha decidido retirar la oferta de 620 millones que lanzó por el 100% del constructor de ferrocarriles.
La decisión se ha adoptado en la reunión mantenida este jueves en Budapest por el consejo de administración del consorcio.
Esta decisión permitirá a la CNMV desestimar el trámite de la operación, toda vez que el regulador necesitaba una comunicación por parte del oferente (Magyar Vagon) para proceder a poner fin a la operación, que hace unos meses admitió a trámite.
En cualquier caso, Magyar Vagon tiene previsto recurrir la decisión del Gobierno. Mientras tanto, una vez despejado el camino, la checa Skoda podrá ahora seguir negociando con Talgo para fusionar sus negocios, siempre y cuando la dirección de Talgo se abra a ello.
El 'no' del Gobierno
Para el Gobierno, aseveró la nota remitida por Economía, "Talgo es una empresa estratégica dentro de un sector clave para la seguridad económica, la cohesión territorial y el desarrollo industrial de España". No obstante, el Consejo de Ministros declaró como clasificada la información del informe que analizaba la operación de adquisición.
"El pormenorizado análisis llevado a cabo ha determinado que la autorización de esta operación conllevaría riesgos insalvables para la seguridad nacional y el orden público", apuntó el departamento dirigido por Carlos Cuerpo. La decisión se tomó en base a una ley que permite que el Ejecutivo vete que firmas extranjeras tomen el control de empresas españolas consideradas estratégicas.
El Ejecutivo español dice sentirse respaldado por Bruselas en su veto a la opa del consorcio público privado húngaro, al haber manifestado este jueves la Comisión Europea (CE) que es una decisión que corresponde a España y no es necesario que se la comunique al Ejecutivo comunitario.
"La prerrogativa de estas decisiones es de los Estados miembros. No tenemos ningún comentario específico", ha dicho la portavoz comunitaria Francesca Dalboni en la rueda de prensa de la Comisión.
Dalboni ha recordado que la legislación europea permite a los Estados miembros "restringir" la libre circulación en la Unión Europea (UE) sobre la base de motivos de seguridad pública, aunque las medidas adoptadas deben ser "justificadas y proporcionadas".