El sector privado de los laboratorios de diagnóstico apoya la disposición del Ministerio de Sanidad para que todos los centros de diagnóstico clínico se pongan a disposición de las autoridades de salud pública de las comunidades autónomas.
La patronal mayoritaria de este ámbito, la Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE) considera que es “perfectamente razonable actuar de forma coordinada en materia de pruebas diagnósticas y es favorable a la regulación de precios. De hecho, los laboratorios privados llevan actuando a las órdenes de cada comunidad autónoma desde el decreto de alarma de 14 de marzo”.
En un comunicado, esta patronal asegura que “los centros sanitarios y de diagnóstico de la sanidad privada han actuado en cuestión de pruebas diagnósticas bajo criterios de prescripción médica previa pero también atendiendo circunstancias excepcionales que han justificado la intervención sin prescripción, como actuaciones urgentes en residencias de mayores ante la petición de ayuntamientos y en empresas con personal afectado con sintomalogía”.
Cuestión de precio
En cuanto a las cuestiones relacionadas con el precio de los diagnósticos, en ASPE consideran que el sector privado “ha actuado en todo con proporcionalidad respecto a las condiciones inestables y complejas de aprovisionamiento y adquisición de los distintos tipos de test de Covid-19 en el mercado internacional”.
Respecto a la regulación de precios que previene la orden publicada este martes en el Boletín Oficial del Estado, los laboratorios señalan que los “exigentes requisitos (pago por adelantado, precios variables…) en la adquisición de las distintas pruebas diagnósticas” a día de hoy deberán ser tenidas muy presentes para que “no haya un desfase entre el precio regulado y el precio de aprovisionamiento real”.
Recuerdan que en caso de producirse este desfase, “podría acarrear que los centros clínicos privados no puedan operar en el mercado y, por tanto, no tengan margen para mantener su servicio, algo similar a lo que sucede con lo problemas de liquidez del conjunto de la sanidad privada.
En el otro lado están los productores de test diagnosticos. La patronal que les representa, Fenin, está valorando “con expertos jurídicos y técnicos la orden y el impacto que puede tener”, según fuentes de la empresarial, la orden dictada por Sanidad.