La ministra de Hacienda, por el lado socialista, y el secretario de Estado de Derechos Sociales, por el de Unidas Podemos, ya tienen cerrado el borrador de los Presupuestos "al 90%", según la misma María Jesús Montero. Y en ese 10% no cerrado, el texto a día de hoy plantea la posibilidad de subirle el IVA la educación y a la sanidad privadas.

La también portavoz del Gobierno anunció este miércoles en una rueda de prensa improvisada en el Congreso, que su departamento ha decidido "suspender las reglas fiscales" para 2020 y 2021, lo cual confirma que ya ha acelerado los plazos, camino de aprobar el próximo martes en el Consejo de Ministros el techo de gasto y el equivalente a la senda de déficit, que este año se llamará "tasa de referencia".

La decisión, que se perfilará en el Consejo de Política Fiscal y Financiera el próximo lunes, abre una especie de barra libre de gasto "para el conjunto de las Administraciones públicas" y eso acerca a los grupos más a la izquierda del Congreso. Pero para financiar todo eso por la vía de los ingresos, Montero y Nacho Álvarez están muy cerca del acuerdo en materia fiscal, "y sólo quedan unos flecos". Uno de ellos tiene que ver con qué impuestos y cómo van a ser reformados en el anteproyecto.

Según han apuntado actores del sector a este periódico y ha confirmado en fuentes conocedoras de la negociación, los socios de la coalición están discutiendo la eliminación de los "beneficios fiscales" a la sanidad y a la educación privadas. Esta decisión, que contradice los criterios que sugiere la Unión Europea, tendría su origen en el último informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) sobre la eficiencia de los "beneficios fiscales" que recoge en la actualidad la normativa tributaria.

Hacienda "muy interesada"

Una vez fue publicado el pasado julio, el informe de la AIReF ya fue acogido por Hacienda "con mucho interés, sobre todo en lo tocante a los retoques que propone en algunos apartados del IVA", tal como confirmo una fuente del ministerio a este diario.

La AIReF analizó la eficiencia de las exenciones de IVA de las que disfrutan los servicios de sanidad y educación privadas en el análisis del gasto público que publicó en julio [léalo completo en PDF].

Su dictamen es "no concluyente". Así, aunque cuantifica la eliminación de esos "beneficios fiscales" como posibles nuevos ingresos para el erario, también alerta de los posibles perjuicios de eliminar las exenciones al Impuesto del Valor Añadido (IVA) de las que disfrutan ambos sectores.

Pero de cumplirse esta idea que estaría planteando el lado socialista del Gobierno no se atenderían los criterios de la Directiva 2006/112/CE de la UE.

El texto comunitario detalla en su artículo 132.1) que "los Estados miembros eximirán las operaciones siguientes"... y los apartados b), c), i) y j) los dedica expresamente a la "hospitalización y asistencia sanitaria" y a "la enseñanza escolar o universitaria", respectivamente.

Es decir, que determinados bienes y servicios sanitarios y educativos prestados por una entidad de derecho público estarán siempre exentos del impuesto. Y permite, además, otorgar esta exención a la educación y la sanidad privada bajo algunos supuestos, pero cada país decide caso por caso aplicarlo o no a determinadas actividades.

No sería rentable

En España, el "beneficio fiscal" consiste en que los bienes y servicios de los sectores de sanidad y educación tasados en la citada directiva europea del IVA, prestados por entidades privadas, están exentos del impuesto. Básicamente, son los servicios médicos o sanitarios de todo tipo, servicios prestados por profesionales dentales y los servicios educativos de todos los niveles y clases particulares.

Una eventual reducción de los beneficios fiscales de la sanidad y la educación privadas (que existen desde 1984), sin duda, repercutirán en un incremento de la recaudación tributaria. Sin embargo, también incrementará el coste de determinados servicios públicos. Y el saldo no parece favorable.

Por un lado, en el caso de la sanidad privada, la AIReF calcula que eliminar la exención fiscal y tasar estos servicios con un IVA del 21% permitiría a las Administraciones públicas ingresar un máximo de 1.763 millones de euros anuales, tomando como referencia 2016.

El problema surge al estimar el coste que se derivaría de sustituir una parte del consumo sanitario privado por servicios financiados por el Sistema Nacional de Salud (SNS), es decir, la sanidad pública. La Autoridad Independiente calcula que el coste de esta operación sería de unos 2.145 millones, en un escenario de máximos.

Así, el saldo de tasar con el IVA los servicios sanitarios privados podría ser de unos 382 millones de euros menos para las arcas públicas.

Y algo parecido ocurre en el caso de la educación privada, un análisis en el que se incluyen la educación infantil, la primaria y la secundaria, pero para el que la AIReF no incluye a los centros concertados o sus servicios.

Si se elimina la deducción del IVA de estos servicios, el incremento neto de los ingresos fiscales sería de unos 1.694 millones. En cambio, el coste que supondría atender a los alumnos que ya no recurrirían a la educación privada, o a sus servicios, llevarían a un incremento del gasto de al menos 1.891 millones. Es decir, 197 millones menos para las arcas del Estado.