La pandemia de Covid-19 ha puesto sobre la mesa la fragilidad del sistema de cuidados en España, sobre todo en el caso de los ancianos. El número de víctimas mortales en las 5.457 residencias de la tercera edad que hay en nuestro país ya ha superado las 21.000 personas, según los datos de las comunidades autónomas.

Por ello, el Gobierno está activando fórmulas para abordar su situación. Como ya ha contado, la Vicepresidencia de Derechos Social y Agenda 2030, que dirige Pablo Iglesias, tiene el planteamiento de mejorar el sistema de residencias español y acercarlo a los modelos nórdicos, de manera que la atención personalizada y domiciliaria, cuando sea posible, gane peso.

Para dar pasos en esta dirección, según fuentes de dicha Vicepresidencia, se crearán unos criterios mínimos de calidad que tendrán que cumplir todas las residencias de ancianos de España. Ello se hará a través de un mecanismo de acreditación que garantizará “un suelo de calidad”.

Pablo Iglesias, vicepresidente del Gobierno, en el Senado.

Se trata de una medida que ya adelantó este periódico y que se incluirá dentro de una ley marco de Servicios Sociales que a su vez permitirá la creación de una cartera común de Servicios Sociales. La Vicepresidencia de Iglesias, que impulsará esta legislación, espera tenerla finiquitada para finales de 2021.

¿Qué criterios de calidad tendrán que cumplir estos centros residenciales? Esto todavía está por ver. Desde el departamento que dirige el líder de Unidas Podemos explican que quieren pactarlos tanto con las comunidades autónomas como con el Diálogo Social, es decir, con patronal y sindicatos del sector de los cuidados y de la dependencia.

Modelo nórdico y vasco

En cualquier caso, ya indican que la aspiración es ir hacia centros más pequeños y menos masificados, en los que sea más viable la convivencia. En cambio, dentro de los planes del Gobierno no está medicalizar las residencias. Indican que asegurar una buena atención sanitaria no implica convertirlas en hospitales ‘low cost’.

En este sentido, la apuesta pasa por reforzar la conexión de las residencias con los centros médicos de Atención Primaria y con los Servicios Sociales. Así como dar importantes pasos a la atención domiciliaria, en los casos en los que sea posible. El objetivo, por lo pronto, es tratar de acercarse a los estándares del modelo residencial de Vizcaya y Guipúzcoa.

Financiación

Obviamente, estas pautas de calidad y su correspondiente acreditación y adaptación supondrán un desembolso económico para las residencias españolas. Pero no tendrán que afrontarlo por su cuenta y riesgo.

Según la Vicepresidencia, habrá una financiación pública para la susodicha adaptación de las residencias aunque todavía no se ha determinado cuánta ni en qué grado.

Se supone que los fondos para ello provendrán del presupuesto con el que cuente el sistema de Dependencia. Para 2021, según el proyecto de Presupuestos, habrá 2.354 millones de euros para este programa, un 34,4 por ciento más que en 2020.

Con todo, el proyecto presupuestario que ha presentado el Gobierno esta semana también indica que parte de las ayudas europeas irá al sistema de cuidados.

En él, se prevén 300 millones para nuevos equipamientos públicos para cuidados de larga duración, 179 millones para “la remodelación y adaptación de las estructuras residenciales existentes hacia modelos convivenciales centrados en la persona” y 80 millones para la incorporación de nuevas tecnologías al servicio de los cuidados.