El último en sumarse a la petición de suspender temporalmente los derechos de propiedad intelectual sobre las inyecciones ha sido el presidente de la Generalitat valenciana, el socialista Ximo Puig. La medida cuenta también con el apoyo de más de 250 eurodiputados y parlamentarios nacionales o de ONG como Oxfam y Médicos sin Fronteras, pero de momento choca con la oposición de la Unión Europea, Estados Unidos o Reino Unido.

Los promotores de esta iniciativa alegan que los laboratorios han recibido ingentes cantidades de dinero público para desarrollar las vacunas, por lo que ahora se les debe impedir que cometan abusos monopolísticos. Liberar las patentes permitiría aumentar rápidamente la capacidad de producción de dosis, no sólo en la UE, sino también en los países más pobres, y acelerar así el fin de la pandemia, sostienen.

India y Sudáfrica ya presentaron en octubre del año pasado una propuesta en la Organización Mundial del Comercio (OMC), con sede en Ginebra, para liberar las patentes de las vacunas Covid. En concreto, los dos países reclaman activar una exención prevista en el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), que forzaría a los laboratorios a compartir la propiedad intelectual y el saber hacer necesarios para combatir el coronavirus.

Esta petición cuenta con el apoyo de decenas de países en vías de desarrollo, entre ellos Kenia, Mozambique, Pakistán, Bolivia, Venezuela, Mongolia, Zimbabue o Egipto. Sus defensores argumentan que la capacidad de fabricación de vacunas existente en los países en vías de desarrollo está infrautilizada debido a las barreras en materia de propiedad intelectual. El resultado es que se están produciendo cantidades insuficientes de vacunas para poner fin a la pandemia. 

Pero la mayor parte de países ricos -entre ellos Estados Unidos, Suiza, Reino Unido o la UE- la rechazan con el argumento de que acabaría con los incentivos de los laboratorios para investigar y descubrir nuevas vacunas. La propuesta de India y Sudáfrica se discutió por última vez el pasado 10 de marzo, sin ningún resultado. Volverá a abordarse en nuevas reuniones en abril y en junio. Para salir adelante, necesitaría la unanimidad de los 164 miembros de la OMC. 

Faltan plantas

Al margen del debate en Ginebra, la propia Unión Europea se ha planteado en dos ocasiones durante los últimos meses liberar las pantentes de las vacunas contra la Covid-19, pero finalmente lo ha acabado descartando. En este caso, el mecanismo utilizado sería el artículo 122 del Tratado de Funcionamiento de la UE, previsto para situaciones de emergencia. El primero en invocarlo fue el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, el pasado 28 de enero tras conocerse el fuerte recorte de dosis de AstraZeneca.

El recurso al artículo 122, alegaba Michel, "proporcionaría a la UE y a los Estados miembros los medios legales, mediante la adopción de las medidas urgentes apropiadas, para garantizar la producción y el suministro efectivos de vacunas para nuestra población". La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, aludió también a esta posibilidad durante una rueda de prensa el pasado 17 de marzo consagrada igualmente a los problemas de AstraZeneca.

Sin embargo, la actual línea oficial de la UE es que obligar a las farmacéuticas a compartir sus patentes no resolvería la escasez de dosis y además ni siquiera es ya necesario porque la producción de vacunas alcanzará velocidad de crucero en las próximas semanas.

El principal argumento de Bruselas es que el problema no está en los derechos de propiedad intelectual sino en la capacidad de producción: fabricar una vacuna es un procedimiento muy complejo y difícil de copiar, especialmente en una nueva tecnología como el ARN mensajero en la que se basan los pinchazos de Pfizer-BioNTech o Moderna.

"No es una cuestión de propiedad intelectual; es necesario tener fábricas. El hecho de que yo le dé una patente a una empresa implantada en India, por ejemplo, no cambia nada", sostiene el comisario de Industria, el francés Thierry Breton, que está al mando del grupo de trabajo de la Comisión encargado de expandir la capacidad de producción de vacunas en la UE. 

"Los problemas de acceso a las vacunas no se resolverán liberando las patentes. Están más bien relacionados con la falta de capacidad de producción suficiente para fabricar las cantidades requeridas lo más rápido posible", ha dicho este martes Balazs Ujvari, portavoz del Ejecutivo comunitario.

Un diagnóstico con el que coincide plenamente la industria farmacéutica europea. "El simple hecho de emitir una licencia obligatoria, cuando el problema es una falta de capacidad, no significa que haya fábricas en toda Europa que puedan empezar a producir de repente vacunas contra la Covid-19", sostiene Nathalie Moll, directora de la Federación Europea de Industrias y Asociaciones Farmacéuticas.

"Establecer una nueva planta de fabricación requiere una inversión financiera importante (entre 500 y 700 millones de dólares) y cuesta entre 5 y 10 años construirla, validarla y certificarla. Actualmente sólo hay 5 o 6 grupos farmacéuticos capaces de fabricar vacunas contra la Covid-19 al ritmo, escala y calidad necesarios. En todo el mundo, hay alrededor de 60 plantas de facturación equipadas para producir estas vacunas", asegura Moll.

La tercera vía

Para el Ejecutivo comunitario, la solución a los problemas actuales pasa por una "tercera vía": impulsar los acuerdos voluntarios entre laboratorios con el fin de acelerar la producción a corto plazo.

Una colaboración entre empresas diferentes que ya se está produciendo tanto en la UE (Sanofi fabricará la vacuna de Pfizer-BioNTech y GSK la de Curevac), como en los países en vías de desarrollo (por ejemplo, los acuerdos de concesión de licencias de AstraZeneca o Janssen en India, Sudáfrica, Rusia o China).

"La colaboración y la concesión de licencias a escala mundial ya está teniendo lugar, pero debe aumentarse. Y la propiedad intelectual es por supuesto un factor clave para proporcionar un marco legal claro que permita esta colaboración", defiende el equipo de Von der Leyen.

"Basándonos en el trabajo y en los contactos con los fabricantes, puedo decir que no hay ningún problema en absoluto con la concesión de licencias. Hay mucha cooperación voluntaria entre los fabricantes y entre los titulares de las licencias y los fabricantes. A ese respecto, no vemos ninguna necesidad de ninguna medida obligatoria por parte de los Estados miembros o de la UE", ha dicho este martes Sonya Gospodinova, la portavoz del comisario Breton. 

Obligar a las farmacéuticas a liberar sus patentes eliminaría todos los incentivos para desarrollar nuevas vacunas en el futuro. "Esta no es la última pandemia con la que tendremos que lidiar. Necesitamos encontrar medidas que preserven los incentivos para innovar e invertir en la investigación relacionada con la salud", insiste el Ejecutivo comunitario.