El Gobierno de España rechaza ampliar la reducción del copago farmacéutico a mutualistas. Así lo ha hecho constar el Ejecutivo en una respuesta parlamentaria dirigida a sus socios del Gobierno, el grupo parlamentario de Unidas Podemos, tras la denuncia de la Asociación de Jubilados de la Policía Nacional de España (AJPNE) y la Asociación de Retirados de la Guardia Civil de España (RAGCE).

En su respuesta parlamentaria, el Gobierno asegura que (en lo que se refiere al copago farmacéutico) se ha priorizado en tres medidas, todas ellas incluidas en los Presupuestos Generales del Estado, que no se ampliarán a corto plazo.

Las tres medidas, afirman, están orientadas a los colectivos más vulnerables. La primera se refiere a una reducción para aquellos menores de edad con un grado de discapacidad igual o superior al 33%; una deducción también para quienes perciban una prestación de la Seguridad Social por hijo o menor a cargo en régimen de acogimiento familiar o permanente o guarda con fines de adopción. Y, por último, a pensionistas con renta inferior a determinados niveles.

En definitiva, estos tres colectivos suman más de 6 millones de personas que se verán beneficiadas mediante la correspondiente modificación de la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios. Ley que, como ha podido adelantar Invertia, se someterá a consulta pública antes de que finalice el primer semestre de este año.

En su repuesta parlamentaria, el Gobierno explica que el aporte del usuario en la prestación farmacéutica del Sistema Nacional de Salud (SNS) está regulado en el artículo 102 del Texto Refundido de la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, aprobado por real decreto Legislativo 1/2015, de 24 de julio.

Congreso

Específicamente, en el apartado 9 se regula el régimen singular de aportación en la prestación farmacéutica ambulatoria de los regímenes especiales de funcionarios públicos, gestionados por la Mutualidad de Funcionarios Civiles del Estado (MUFACE), el Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS) y la Mutualidad General Judicial (MUGEJU). Regulación que el Gobierno no pretende modificar más allá de lo explicado anteriormente.

Aun así, y ya que la denuncia viene a coalición de una iniciativa legislativa popular que se está tramitando en el Congreso, el Ejecutivo asegura que MUFACE, desde el año 2018, convoca anualmente ayudas para el copago farmacéutico y, desde dicho año, se han concedido un total de 1.012.722,53 euros de ayudas al copago, de los cuales 454.052,98 euros se corresponden con la última convocatoria en 2020.

La pregunta a la que responde el Gobierno se encuadra en una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que solicita eliminar el copago a pensionistas beneficiarios de las tres mutuas. Un movimiento que espera tener rango de ley y que está esperando a ser tramitado por la Cámara Baja. 

En la actualidad, los funcionarios de las mutualidades tienen una aportación fija en concepto de copago por los medicamentos del 30 por ciento que permanece inalterado antes o después de su jubilación. De este modo, antes de la jubilación la aportación es inferior a la de otros pacientes activos, mientras que después es superior y no está topada.

Por ello, diversos partidos políticos se han unido a la iniciativa y han solicitado la "equiparación" con el copago de personas que reúnen la condición de asegurado pensionista de la Seguridad Social.