El Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (Fundación IDIS) ha pedido que la revocación de cualquier contrato de colaboración privada-pública se justifique "en términos económicos, asistenciales y de impacto en la población".

Además, la entidad ha asegurado en un comunicado que no está en contra de que la Administración decida hacer reversiones. Sin embargo, considera que estas deben justificarse.

Así lo señala después de conocerse que el Tribunal Supremo haya dado la razón a Ribera Salud y haya establecido que, de aquí en adelante, serán siempre necesarios detallados informes económicos que justifiquen el fin de las concesiones públicas.

"Todo acto que cuestione la colaboración privada-pública tiene que estar apoyado por criterios económicos y de estabilidad presupuestaria. En el ámbito de la salud hay que apostar siempre por medidas que estén basadas en datos objetivos, contrastados y rigurosos y que tengan en cuenta a pacientes y profesionales", señalan desde el IDIS.

En el caso concreto de la reversión sanitaria del hospital de La Ribera, "se decidió simplemente por cuestiones ideológicas", continúa el organismo en el comunicado.

En concreto, el IDIS destaca el crecimiento del absentismo laboral de la plantilla junto a otras ineficiencias. "Todo ello genera un coste añadido anual de 76 millones de euros". Además, hace hincapié en el incremento de las listas de espera desde el fin de la concesión.