Según ha podido saber Invertia, las primas que cobrarían las empresas que se adhirieran al nuevo concierto, que tendría una duración de dos años, sería del 6,8%. Esta propuesta queda muy lejos de la que, antes de la crisis de Gobierno, dejó sobre la mesa de Hacienda el exministro de Función Pública, Miquel Iceta.

El hoy ministro de Cultura propuso un incremento presupuestario del 11%, que se trasladaría a las primas, y extender la duración del concierto a los tres años. Se trata de una posibilidad que interesaba más a las aseguradoras, aunque ellas habían reclamado que el incremento fuera mayor.

Con los dobles dígitos ofrecidos, los antiguos responsables de Función Pública querían compensar a las empresas participantes en Muface por los costes 'extra' que habían venido asumiendo por la Covid.

Cabe recordar que la última subida de las primas de Muface había sido solo del 4,5%. Con todo, Hacienda está abierta a negociar. Según fuentes cercanas a la negociación, el Ministerio de Montero está abierto a replantear su propuesta.

Negociación

Por un lado, estarían dispuestos a que el concierto fuera de tres años en vez de dos, una de las reclamaciones del sector para dar una mayor estabilidad a los servicios sanitarios de Muface. Además, se siguen discutiendo los detalles del incremento final de las primas.

En España, la población cubierta por el mutualismo administrativo llega los 1,8 millones de personas. De esta cantidad, el 60% son mutualistas de Muface, cuyo concierto (que caduca a finales de año) se mantiene con Asisa, Adeslas, DKV e Igualatorio de Cantabria.

Un informe reciente del Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (IDIS) estima que este tipo de mutuas permiten un importante ahorro para la Administración. Concretamente, cada mutualista 'cuesta' al Estado 451 euros menos que si fuera atendido en la sanidad pública. Esto supone un recorte del coste del 33% por paciente y un ahorro anual total estimado en unos 800 millones de euros.

La semana pasada, Unidas Podemos presentó una proposición no de ley en el Congreso en la que pide la supresión de Muface y que sus mutualistas pasen a ser atendidos en la sanidad pública. Una medida cuyo efecto no sería únicamente la pérdida de los ahorros antes mencionados, sino que los centros públicos aumentarían unas listas de espera ya desbordadas por los retrasos generados por la pandemia de Covid-19.

A esto se suman los efectos que esta medida tendría sobre el sector de la sanidad privada. Según los cálculos del IDIS, cerrarían entre 30 y 32 centros sanitarios privados y se destruirían hasta 39.000 puestos de trabajo. Por estos cierres, el Estado perdería hasta 33 millones de euros en el Impuesto de Sociedades.