El Gobierno se ha comprometido a aprobar en el Consejo de Ministros el anteproyecto de Presupuestos Generales del Estado en dos semanas como máximo. De ahí que las negociaciones de parte de su contenido se hayan acelerado. Este es el caso del concierto de Muface. El Ministerio de Hacienda y Función Pública ha presentado su 'penúltima' propuesta para lograr la participación de las aseguradoras sanitarias.
Según ha podido saber Invertia, el equipo de María Jesús Montero les ha hecho llegar a las empresas una oferta con subidas progresivas de las primas en un concierto que tendría de duración unos tres años.
Para 2022, el aumento de las primas sería del 8%. Para 2023 el incremento sería del 8,75% y para 2024 la subida alcanzaría el 10%.
Fuentes de las aseguradoras indican que están considerando aceptar esta última oferta. Sin embargo, faltan elementos.
Concretamente, reclaman algún tipo de 'cláusulas Covid' que les compense por asumir gastos adicionales ante eventuales nuevas acciones que tuvieran que llevar a cabo por la pandemia.
Lejos de Iceta
Lo cierto es que estas cifras se encuentran todavía lejos del planteamiento que dejó sobre la mesa de Hacienda el hoy ministro de Cultura y titular de Función Pública antes de la crisis de Gobierno de este verano.
Iceta había considerado subir el presupuesto de Muface un 11%, llevando la duración del concierto a los tres años, la misma que acaba de proponer Hacienda.
Con los dobles dígitos ofrecidos, los antiguos responsables de Función Pública querían compensar a las empresas participantes en Muface por los costes 'extra' que habían venido asumiendo por la Covid.
En España, la población cubierta por el mutualismo administrativo llega los 1,8 millones de personas. De esta cantidad, el 60% son mutualistas de Muface, cuyo concierto (que caduca a finales de año) se mantiene con Asisa, Adeslas, DKV e Igualatorio de Cantabria.
Ahorro
Un informe reciente del Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (IDIS) estima que este tipo de mutuas permiten un importante ahorro para la Administración. Concretamente, cada mutualista 'cuesta' al Estado 451 euros menos que si fuera atendido en la sanidad pública. Esto supone un recorte del coste del 33% por paciente y un ahorro anual total estimado en unos 800 millones de euros.
La semana pasada, Unidas Podemos presentó una proposición no de ley en el Congreso en la que pide la supresión de Muface y que sus mutualistas pasen a ser atendidos en la sanidad pública. Una medida cuyo efecto no sería únicamente la pérdida de los ahorros antes mencionados, sino que los centros públicos aumentarían unas listas de espera ya desbordadas por los retrasos generados por la pandemia de Covid-19.
A esto se suman los efectos que esta medida tendría sobre el sector de la sanidad privada. Según los cálculos del IDIS, cerrarían entre 30 y 32 centros sanitarios privados y se destruirían hasta 39.000 puestos de trabajo. Por estos cierres, el Estado perdería hasta 33 millones de euros en el Impuesto de Sociedades.