Los pensionistas integrados en las tres mutualidades del Estado (MUFACE, ISFAS y MUGEJU) seguirán soportando un copago farmacéutico del 30%. A pesar de que la inflación ahoga a los hogares, también a los de los más mayores, el Gobierno mantendrá esta cuantía justificando que el colectivo se ha visto beneficiado durante la etapa en activo. Una carrera profesional en la que, según Moncloa, el porcentaje ha sido menor que el correspondiente al del Régimen General de la Seguridad Social.

“Las personas mutualistas salen beneficiadas durante esta etapa”, asegura en una respuesta parlamentaria dirigida al Grupo VOX, respaldando la continuidad del modelo implantado en 2012.

Y es que, aunque la legislación estipula un copago del 30% para la adquisición de medicamentos y demás productos sanitarios por parte del funcionariado ya jubilado, el Gobierno subraya que, “en la práctica”, este tanto por ciento extra en la prestación farmacéutica es “notablemente inferior”. A este respecto, el Ejecutivo de Pedro Sánchez defiende que el consumo de fármacos en este grupo etario va vinculado generalmente a patologías crónicas, cuyos tratamientos se realizan mediante medicamentos calificados de aportación reducida.

En concreto, este nivel de aportación para el pago de medicamentos en el Sistema Nacional de Salud (SNS), dirigido exclusivamente a pacientes con enfermedades graves y crónicos, supone un importe económico del 10%. Según el Gobierno, con esta regla, el tope máximo se sitúa en los 4,24 euros por envase.

Por otro lado, el Ejecutivo también se ampara en que, desde 2018, MUFACE convoca anualmente un paquete de ayudas para compensar el gasto derivado del plus en la participación económica de la prestación farmacéutica de las personas mutualistas jubiladas, además de las titulares viudas o huérfanas. La entidad, según explica, se muestra sensible ante las necesidades de estos colectivos más vulnerables.

¿Cuándo empezó el copago farmacéutico?

El sistema de copago farmacéutico fue implantado en 2012 por el Gobierno de Mariano Rajoy como medida urgente para garantizar la sostenibilidad del sistema sanitario. Este Real Decreto establecía distintos tramos y grados de participación, destacando que el nivel de aportación de los mutualistas y clases pasivas de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, del Instituto Social de las Fuerzas Armadas y la Mutualidad General Judicial sería del 30%.

Esta legislación dejaba exentos de aportación a afectados de síndrome tóxico y personas con discapacidad; personas perceptoras de rentas de integración social; personas perceptoras de pensiones no contributivas; parados sin derecho a percibir el subsidio de desempleo, y personas con tratamientos derivados de accidente de trabajo y enfermedad profesional.

Nueve años después, en 2021, se ampliaba el colectivo exento de pagar el copago y se añadían como beneficiarios a algunos tipos de jubilados considerados ‘más vulnerables’. En este grupo se incluían pensionistas que no estén obligados a presentar la declaración de la Renta o cuyas rentas sean inferiores a los 5.600 euros al año.

Eso sí, tal y como reveló César Hernández, director general de la Cartera Común de Servicios del SNS y Farmacia del Ministerio de Sanidad, durante la segunda jornada del III Observatorio de la Sanidad que organiza EL ESPAÑOL e Invertia, España sí que trabaja en cambiar los actuales tramos de copago en lugar de incluir nuevos, como se preveía, a corto plazo.

[Sanidad modificará el copago farmacéutico para que las rentas bajas paguen menos]

"Hay rentas bajas que tienen copagos que pueden ser excesivos. Son tramos muy grandes, hay que igualarlo para que exista menos desigualdad", apuntaba el directivo.

Hasta nuevo aviso, los funcionarios ya jubilados siguen reivindicando una equiparación con los pensionistas beneficiarios de la Seguridad Social.