Tensión entre las comunidades autónomas y la ministra de Sanidad, Mónica García, a cuenta de las mascarillas. El Ministerio de Sanidad impondrá este miércoles el uso de mascarilla en hospitales y centros sanitarios pese a la oposición de la mayoría de las comunidades, que apuran el plazo para hacer sus alegaciones a esta y otras medidas como las autobajas justificadas para aliviar la Atención Primaria ante el repunte de infecciones respiratorias.
¿Y qué ocurrirá con las autonomías que no acaten? Mónica García no lo ha aclarado. "Al que quiera jugar con la salud de la gente, pues yo qué sé, suerte en la vida, ¿no?", ha dicho García en una entrevista este lunes por la noche en Cadena Ser.
Horas después, ya este martes, la ministra ha argumentado que se implantará esta obligatoriedad apoyándose en la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, que permite la declaración de actuaciones coordinadas en salud pública, para "dar cobertura legal a las comunidades que ya han impuesto las mascarillas en sus centros sanitarios".
Tras no alcanzar este lunes un acuerdo en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, Sanidad dio un plazo de 48 horas a las autonomías para presentar alegaciones a su propuesta, que concluye mañana. García ha confirmado que su departamento va a esperar a que termine dicho plazo.
Sin embargo, antes de concluir esas 48 horas Sanidad ya anunciaba que, si no había pacto, se impondría el uso de mascarilla. ¿Cómo? Utilizando una fórmula legal que ya se empleó con la pandemia de la Covid para limitar horarios o prohibir fumar en la calle, que recoge el artículo 65 de la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud,
"Más allá de las sobreactuaciones particulares -ha argumentado frente a las críticas expresadas por distintos consejeros al término del Consejo Interterritorial del lunes-, hay comunidades de diferente color político que ya han puesto esa medida porque consideran que es una medida eficaz la mascarilla. Le pediría los consejeros que han salido a criticar la medida que primero piensen en los ciudadanos", ha señalado la ministra este martes en Antena 3.
"No es una ocurrencia"
En cualquier caso, ha asegurado que se trata de una medida transitoria. "Nos quedan dos o tres semanas para llegar hasta el pico, con unas incidencias altas, con comunidades que están en 1.700 o 1.500 casos y desde el ministerio queremos básicamente unificar los criterios".
También ha dejado claro que esta decisión "no es una ocurrencia, sino que es una medida avalada por sociedades científicas y la ciencia y la mejor opción para contener un momento de pico de gripe que en la última semana de se ha disparado y ha tensionado el sistema sanitario". "El Ministerio de Sanidad no va a asumir que después de una pandemia volvamos a tener las mismas imágenes de tensión en la sanidad que en la pandemia con una gripe que sabemos cuando y como llega y tenemos información", ha razonado.
Tensa reunión
La reunión con las CCAA fue tensa, puesto que las consejerías de Sanidad autonómicas ya se habían quejado sobre la precipitación de la reunión y la poca información que se había dado al respecto. De hecho, no recibieron las propuestas a debatir hasta 15 minutos después de que se iniciara la reunión.
"Evidentemente, algunas de ellas las conocíamos porque las ha tuiteado o las ha expuesto en medios de comunicación, lo cual creemos que no es un canal adecuado para informar a los consejeros de Sanidad", indica Fátima Matute, consejera de Sanidad de Madrid.
"Todos los consejeros de Sanidad, excepto Cataluña hemos estado de acuerdo en recomendar el uso de mascarillas de forma responsable en los supuestos que ya están indicados desde que finalizara en la pandemia en julio de 2023. Y desde luego, eso es lo que vamos a seguir aplicando con rigor científico y con la evidencia que nos dan los datos que tenemos en cada comunidad para proteger a nuestra población", ha añadido.
Mascarilla obligatoria
Hasta ayer, sólo seis se habían decantado por hacer el cubrebocas obligatorio en los centros de salud y en los hospitales: el viernes lo anunciaron Cataluña, Comunidad Valenciana, Murcia y Aragón, a las que se sumaron tras la reunión del Interterritorial Asturias y Canarias. El resto de autonomías (11) apuran los plazos para presentar alegaciones.
La ministra de Sanidad, Mónica García, emplazó al PP a aclarar su posición sobre una medida "de primer orden" para proteger a la población y a los profesionales sanitarios de las infecciones respiratorias: "Tiene que aclararse y dejar de hacerse contrapropuestas entre ellos mismos y abandonar el negacionacismo", añadió anoche tras conocerse que a partir del miércoles será obligatoria en toda España.
Se trata de la declaración de actuaciones coordinadas, que "obliga a todas las partes" incluidas en ella, y con la que Sanidad quiere unificar la protección de los ciudadanos independientemente de la comunidad en la que vivan, además de dar un soporte jurídico a las comunidades que sí que han optado por hacerla obligatoria en centros de salud y hospitales.
"Hablamos de ponerte una mascarilla cuando entras en un centro de salud y de quitártela cuando sales", resaltó la ministra antes de añadir: "No creo que sea ningún drama, es una medida de primer orden básica y sencilla".