El juez de la Audiencia Nacional Francisco de Jorge ha admitido a trámite la querella interpuesta por la Fiscalía contra las tres empresas que fabricaron, comercializaron y vendieron el producto Ala Octa, dedicado a tratar las operaciones de retina y que pudieron causar pérdidas de visión en los usuarios de este medicamento.

El magistrado, titular del Juzgado Central de Instrucción número 1, ha abierto una investigación por los presuntos delitos de lesiones graves y contra la salud pública.

Fue la Asociación del Defensor del Paciente la que interpuso la primera denuncia al respecto, contra la empresa alemana Alamedics GmbH & Co KG (fabricante del producto), BSI Group Deutschland (entidad certificadora) y la comercializadora, con sede en Barcelona, W. M. Bloss SA. Esta última, como responsable civil.

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De Jorge indica que los delitos que se van a investigar son competencia de la Audiencia Nacional al tratarse de víctimas de nacionalidad española.

En un auto fechado este lunes, el instructor solicita a la Agencia Española del Medicamento Productos Sanitarios (Aemps) el listado de todas las personas afectadas en los casos notificados y que se han estudiado en el análisis clínico de ese organismo. Requiere también la indicación del centro sanitario donde se les administró el tratamiento a cada uno de esos pacientes.

Además, De Jorge ha pedido colaboración a las autoridades alemanas, a las que solicita que le aporten "la identificación de las personas que componen el órgano de administración de Alamedics y BSO Group".

De Jorge acuerda, a su vez, enviar el informe de la Aemps al médico forense para que elabore un dictamen sobre el tiempo máximo en el que puede considerarse que se ha producido la estabilización de las distintas lesiones. De esta forma, el Juzgado contará con una primera valoración sobre el plazo de prescripción de los supuestos delitos.